El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Colectivos de madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos en México denunciaron casos de negligencia y maltrato a cadáveres en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, por lo que buscarán llevar el caso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por violaciones a la dignidad humana post mortem y omisiones institucionales.
Las agrupaciones "Una Luz en el Camino", "Mariposas Buscando Corazones y Justicia", y "Hasta Encontrarles", con sede en la Ciudad de México, acompañaron sus declaraciones con videos y fotografías donde muestran al subdirector de Tanatología, Andrés Oriol Morales, manipulando restos humanos con fines lúdicos, incluyendo simular beber agua de un cráneo humano durante una necropsia.
Los colectivos también denunciaron que cuerpos ingresados en 2024 al Incifo fueron enviados a la fosa común sin análisis de necropsia ni perfil genético, violentando así los protocolos legales y éticos fundamentales.
Un ejemplo de ello fue el caso de Julio César Cabañas, quien contaba con una denuncia por desaparición, pero su cuerpo fue donado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) sin que se le tomara perfil genético.
Se estima que alrededor de mil 300 cuerpos salen del Incifo sin identificar cada año, así los denunciaron los colectivos y las madres buscadoras, por lo que presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
De igual modo, informaron que planean llevar el caso ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, argumentando que estas prácticas obstaculizan la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Por todo lo anterior, los colectivos exigieron la salida del subdirector de Tanatología, Oriol Morales, y una exhaustiva investigación independiente. La Fiscalía respondió al establecer mesas de trabajo y mecanismos de denuncia accesibles, y se comprometió a mejorar los insumos, los procesos y la profesionalización forense. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, declaró que las imágenes son de un evento antiguo y que se está investigando.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera