Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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La violencia sexual contra niñas indígenas en México refleja una crisis grave que la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) ha señalado de manera urgente. Según datos recientes de la Secretaría de Salud, durante 2024 se registraron al menos 30 nacimientos con madres de 10 y 12 años, todas menores indígenas.
La ANPMI informó que estos casos corresponden a embarazos forzados; niñas de apenas 10 años enfrentan partos impuestos, mientras los agresores continúan libres. “En México, niñas indígenas enfrentan partos obligados y crían bajo una maternidad impuesta y silenciada. Esta negligencia permite que una niña cuide a otra niña”, denunció la organización.
Además, la Asamblea señaló abandono por parte de las autoridades responsables. No se brinda acceso efectivo a justicia, educación integral en sexualidad ni atención física, emocional y legal.
Durante 2023, hospitales del país registraron nueve mil 802 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El 92.3 por ciento de las víctimas fueron mujeres y el 75.1 por ciento de los casos ocurrieron dentro de viviendas.
La organización subrayó que México no puede tolerar que niñas de 10 años enfrenten partos mientras violadores adultos, incluso de hasta 65 años, siguen impunes. “Es necesario nombrarlos con claridad. Detrás de cada número hay una historia de violencia sexual infantil, impunidad institucional y abandono por parte del Estado”, aseguraron.
Además, exigió reforzar el Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También solicitó crear un Programa Nacional con enfoque cultural e interseccional, que incluya a juventudes y mujeres indígenas, y cuente con presupuesto específico para asegurar atención física, emocional y legal a las niñas víctimas.
Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera