Las autoridades correspondientes no se han pronunciado por los hechos.
Cargando, por favor espere...
Durante el 2023, México registró el asesinato de catorce periodistas, de acuerdo con datos de organizaciones internacionales de derechos humanos, según el portal de Artículo 19. Esta situación se replica en el estado de Guerrero, pues entre enero y julio de ese año se documentaron catorce agresiones contra comunicadores que, con los homicidios de Pablo Salgado y Nelson Matus, evidencian una escalada de violencia sistemática contra quienes ejercen el derecho fundamental a informar.
Guerrero se ha convertido en un laboratorio perverso donde convergen todas las formas de censura que aquejan al periodismo mexicano contemporáneo. La autocensura (producto del miedo fundado), la censura gubernamental con el manejo discrecional de la publicidad oficial, la censura económica que condiciona las líneas editoriales y la violencia directa contra periodistas, configuran un ecosistema hostil que ha impuesto “zonas de silencio” en varias regiones de nuestro estado.
El caso más reciente del periodista Jesús Castañeda y su portal Acapulco Trends, nos demuestra cómo el poder político ha sofisticado sus mecanismos de control informativo. Ante los señalamientos por el mal manejo de 898 millones de pesos del presupuesto federal 2023, la alcaldesa Abelina López Rodríguez evadió la rendición de cuentas, refugiándose en la figura jurídica de “violencia política en razón de género”.
Esta estrategia representa una peligrosa evolución de la censura tradicional, ya no se trata únicamente de represión directa o de la compra de conciencias, sino que ahora presenciamos la apropiación de conceptos progresistas para construir murallas legales que impidan el escrutinio público. La sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero, que impuso a Castañeda disculpas públicas, sanciones económicas y cursos de “sensibilización”, establece un precedente ruin: la crítica periodística puede ser criminalizada bajo el pretexto de proteger derechos específicos.
El comentario de la alcaldesa de Acapulco de que “En Guerrero todo se puede”, sintetiza con brutal cinismo la realidad política del estado. A partir de ahí se puede concluir que puede desaparecer el dinero público sin consecuencias, que puede amenazarse a periodistas desde perfiles anónimos en redes sociales, que puede desplazarse forzosamente a periodistas, todo, excepto un sola cosa: ejercer libremente el periodismo.
Por otro lado, en esta entidad devenida en laboratorio, las amenazas digitales, cada vez más frecuentes, representan una nueva modalidad de intimidación que refleja la capacidad de adaptación de los grupos de poder a las tecnologías actuales. Perfiles falsos que publican fotografías, ubicaciones y capturas de pantalla de periodistas, operan con total impunidad, mientras las autoridades observan un silencio cómplice, como lo prueba el que, de los 104 casos de agresión documentados en los últimos tres años, ninguno haya recibido haya recibido sanción alguna. Además, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para proteger a quienes enfrentan riesgos por su labor, ha caído en la opacidad y los cambios arbitrarios en las medidas de protección, sin explicación ni criterio claros, revelan que estos instrumentos institucionales han sido atrapados en la simulación gubernamental.
Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de Guerrero. Forma parte de una tendencia nacional alarmante. Casos como las exigencias de disculpas públicas por parte del senador Gerardo Fernández Noroña y la llamada “Ley Censura”, promovida en Puebla por Alejandro Armenta, forman parte de un patrón claro: la legalización de la censura para inhibir la crítica al poder.
Ante ello, los periodistas, en particular y la sociedad, en general, debemos entender que la censura y la represión que viene después, son la respuesta desesperada de los opresores, ante la creciente inconformidad de amplios sectores sociales que se debaten en la pobreza insultante, para inhibirlos y, así, evitar que se organicen para luchar por mejores condiciones de vida.
Pero la respuesta es lógica, para defenderse todos los sectores sociales, deben luchar por cambiar al sistema mismo, para ello, los miembros críticos del gremio periodístico tienen que aceptar su tarea histórica, que consiste en informar no sólo críticamente, sino sumarse a la propaganda política de quienes buscamos concientizar a la sociedad, para que se elimine la injusta distribución de la riqueza social, que es, al final de las cuentas, la que engendra la pobreza y todos los males sociales que nos aquejan.
Ya no se trata de la lucha limitada por por democratizar el acceso a la información y preservar el derecho de la sociedad a estar informada ni de simples denuncias a tal o cual gobernante, se trata de criticar al sistema económico que engendra este tipo personalidades enfermas de poder, lo cual significa, que estamos en la antesala de la lucha por cambiar a la clase social en el poder.
Las autoridades correspondientes no se han pronunciado por los hechos.
Elementos de la policía, con cascos, escudos y extintores, empujaron y forcejearon con los estudiantes y padres de familia.
El Gobierno de México ha menospreciado la cultura; muestra de ello son los constantes recortes presupuestales aplicados desde años anteriores y que se acentuarán en 2026.
Cada nota debe enviarse a revisión con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones o, en su caso, la prohibición de su publicación.
Demandan un sistema de transporte universitario y el seguimiento a denuncias de acoso sexual.
De “a como nos toque”, dijo el morenista Roberto Solís.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió una alerta para los connacionales.
“Ustedes y sus desaparecidos se van a la verga”, fue una de las agresiones que recibieron las madres buscadoras; sin embargo, el gobierno estatal negó los hechos.
El homicidio ocurrió el martes 2 de septiembre en Tixtla.
El gobierno federal presume una ligera disminución en la pobreza estatal pasando del 60.4 por ciento en 2022 a 58.1 en 2024, pero esa “mejora” no altera las causas de fondo.
Los jóvenes organizarán una jornada cultural con calenda y cuadros artísticos para exigir seguridad en sus albergues estudiantiles y que se respete su derecho a la educación.
Ante la falta de una respuesta oficial, las comunidades iniciaron procesos para integrar nuevos cuerpos de policía comunitaria con la organización de asambleas y procesos de formación.
Cientos de antorchistas acudirán hoy a reunión a las 10:00 am, en la Secretaría de Gobierno capitalino.
Guerrero, Chiapas y Oaxaca encabezan la lista de entidades con más viviendas sin acceso al servicio.
La resolución llega un día antes de que la gobernadora de Campeche presente se Cuarto Informe de Gobierno.
Movimiento estudiantil y lucha política: lecciones del 2 de Octubre
EE. UU. quiere utilizar a México como instrumento geopolítico: Embajada de China
Estudiantes del politécnico bloquean Eje 3 Oriente
Disminuye 17% el presupuesto para cultura
Legislador opera salón y discoteca irregulares, denuncian vecinos
Fiscalía CDMX dictaminó las causas de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia
Escrito por Luis Herrera
Periodista