En materia de crecimiento económico, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluyó con un desempeño deficiente, registrando un crecimiento promedio anual estimado de apenas 0.81 por ciento (dado que el año 2024 aún no ha concluido) y una contracción estimada de -1.05 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (Grupo Financiero Base, 2024). Parte importante quizá, de la explicación a este bajo crecimiento es el golpe inusitado a la economía mundial que significó la crisis de Covid-19. Sin embargo, no se puede culpar siempre al tráfico de que llegamos tarde. 

No podemos ignorar el papel que tuvo la crisis en el estancamiento del crecimiento, pero podemos hacer un esfuerzo, por demás necesario, para identificar las insuficiencias de la política económica, no sólo de la que lleva el sello de la administración que termina, sino también de la que ha moldeado el crecimiento económico de México en las últimas cuatro décadas, y que persiste a pesar de los cambios en el follaje político bajo gobiernos de centro, derecha o pseudoizquierda. 

Al inicio del sexenio, la apuesta para crecer recaía en la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las transferencias monetarias, la recuperación del salario mínimo, inversión en proyectos regionales (los conocidos megaproyectos), y el rescate de Pemex. Aunque el expresidente asumió el cargo denunciando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como la consumación del proyecto neoliberal en México, su crítica se centró en los elementos “corruptos” del tratado, como la privatización de empresas estatales y la promoción de exportaciones basadas en mano de obra barata como principal ventaja competitiva. Con base en esta crítica, el T-MEC fue presentado como una forma de libre comercio que respetaba la soberanía energética de México y se fundamentaba en relaciones laborales éticas. 

Las modificaciones clave al TLCAN en el T-MEC, que supuestamente erradicaban el carácter “neoliberal” del tratado, incluyeron el reconocimiento pleno de la soberanía energética, el aumento del salario mínimo, la “legitimación” de los contratos colectivos y una mayor supervisión laboral en los sectores incluidos en el T-MEC. Sin embargo, problemas fundamentales como la falta de modernización de los procesos productivos, la insuficiente diversificación económica, la dependencia tecnológica, comercial y financiera, así como los débiles vínculos de las exportaciones con la economía nacional, quedaron fuera del debate. Estas causas estructurales continúan perpetuando los efectos devastadores de la competencia internacional sobre el crecimiento, el empleo y los salarios.

El hecho de que la crisis de Covid-19 haya atravesado el sexenio de AMLO dificulta establecer con certeza la contribución que las transferencias monetarias y el aumento al salario mínimo habrían tenido en el crecimiento económico a través de un mayor consumo. No obstante, la experiencia económica de México ha demostrado que las transferencias funcionan como un estabilizador del ingreso de los hogares; son un alivio temporal, pero resultan insuficientes para impulsar un crecimiento sostenible. Los incrementos al salario mínimo no abarcaron a todos los asalariados y, en el mejor de los casos, beneficiaron al 10 o 15 por ciento de los ocupados. Además, la inflación erosionó parte de este aumento (Pérez, 2024). No se trata de oponerse a estas medidas, sino señalar que no deben considerarse como un reemplazo de una estrategia de crecimiento más integral y ambiciosa.

La inversión pública, que se concentró en los megaproyectos, se situó en un 2.7 por ciento del PIB, la cifra más baja de los últimos tres sexenios. Este porcentaje se queda corto si se compara con las expectativas mismas del expresidente, quien anticipaba que la limpieza de la corrupción en Pemex restablecería rápidamente las rentas petroleras necesarias para financiar el crecimiento, ya fuera mediante transferencias directas o a través de inversión pública. Sin embargo, en su intento por revivir un Estado dependiente de la renta petrolera, el gasto público enfrentó un conflicto interno entre las asignaciones para transferencias, los megaproyectos y el rescate de Pemex, conflicto que se resolvió eliminando proyectos, programas y organismos para priorizar su agenda. En suma, el problema del crecimiento también se redujo a un problema de corrupción a distintos niveles.

Con el inicio del nuevo sexenio, el tema del crecimiento ha resurgido como un punto focal en la discusión sobre los retos principales de Claudia Sheinbaum, sobre todo ante la previsión de una recesión en los próximos meses. En este debate se plantean críticas justas a los efectos desestabilizadores que generan el deterioro del Estado de Derecho y la violencia, así como la preocupación por la presión en las finanzas fiscales y la promesa de reducir el déficit fiscal en 2025, lo cual redundaría en la falta de dinamismo de la economía. Sin embargo, sigue dominando la idea de que no es necesario cambiar los pilares del modelo de crecimiento vigente que nos mantiene dependientes y subdesarrollados.