La iniciativa busca establecer un protectorado para garantizar el suministro de materias primas a Washington.
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Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) a defender sus derechos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al “decretazo presidencial”.
En su artículo semanal titulado “Un acuerdo que viola la Carta Magna”, publicado en El Universal, el también profesor del Tecnológico de Monterrey justificó un tanto la decisión del presidente López Obrador al afirmar que quiere al menos un logro en su administración, sea el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, como dichos proyectos han tenido varias denuncias por no contar con los protocolos necesarios que exige cualquier obra pública, ahora busca blindarlos.
Por ello se vio orillado a decretar sus megaobras, así como cualquier proyecto que se le ocurra, como de “seguridad nacional”. Visto así, el acuerdo presidencial pretendería, en apariencia, acortar los procesos administrativos para que el presidente pueda presumir la conclusión de al menos uno de sus megaproyectos; aseguró Urzúa.
La realidad es que el llamado “decretazo presidencial” ocultaría todos los procesos administrativos de la inversión pública federal, de las licitaciones hasta el ejercicio del gasto mismo, por lo que resta del sexenio. Aunque López Obrador no contaba con que en la Carta Magna el artículo 28 constitucional determina que quien elige si la obra es en verdad o no de seguridad nacional, no es el Ejecutivo, sino el Congreso de la Unión.
Por tal razón, tanto diputados como senadores pueden interponer una controversia en cualquier momento y llevar el asunto al Congreso de la Unión.
La iniciativa busca establecer un protectorado para garantizar el suministro de materias primas a Washington.
El organismo instó a ofrecer condiciones de seguridad y competitividad.
La moneda se vio afectada por las tensiones en Medio Oriente y expectativas sobre la apreciación del dólar
14 gobiernos recurrieron a la represión policial, seis aplicaron medidas de excepción; otros seis optaron por concesiones o diálogo, nueve mantuvieron una postura de tolerancia y tres negaron o minimizaron los conflictos.
Las entidades se quedan sin margen financiero para operar con normalidad.
El organismo estimó que la industria y los servicios habrían crecido a un menor ritmo.
La operación extiende el plazo promedio de la deuda en 2.9 años
Aunque la producción aumentó, los puestos de trabajo en el sector anotaron 42 meses a la baja
La baja inversión, la incertidumbre por el T-MEC y la inseguridad frenan el crecimiento del país.
La firma advirtió que el endeudamiento del país se mantendrá al alza.
El adeudo de impuestos a nivel general ascendió a más de tres billones de pesos.
La exención busca elevar la competitividad del sector y atraer inversiones.
El organismo estima que el PIB aumentará a 1.9 por ciento en 2027.
La Cepal recortó su estimación de expansión del PIB a 1.3 por ciento para 2026.
Sólo 2 de cada 10 empresarios asociados a la Coparmex consideran que en el país existen las condiciones necesarias para inyectar capital.
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Escrito por Citlali A. Ramírez M.
Periodista