Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) a defender sus derechos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al “decretazo presidencial”.
En su artículo semanal titulado “Un acuerdo que viola la Carta Magna”, publicado en El Universal, el también profesor del Tecnológico de Monterrey justificó un tanto la decisión del presidente López Obrador al afirmar que quiere al menos un logro en su administración, sea el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, como dichos proyectos han tenido varias denuncias por no contar con los protocolos necesarios que exige cualquier obra pública, ahora busca blindarlos.
Por ello se vio orillado a decretar sus megaobras, así como cualquier proyecto que se le ocurra, como de “seguridad nacional”. Visto así, el acuerdo presidencial pretendería, en apariencia, acortar los procesos administrativos para que el presidente pueda presumir la conclusión de al menos uno de sus megaproyectos; aseguró Urzúa.
La realidad es que el llamado “decretazo presidencial” ocultaría todos los procesos administrativos de la inversión pública federal, de las licitaciones hasta el ejercicio del gasto mismo, por lo que resta del sexenio. Aunque López Obrador no contaba con que en la Carta Magna el artículo 28 constitucional determina que quien elige si la obra es en verdad o no de seguridad nacional, no es el Ejecutivo, sino el Congreso de la Unión.
Por tal razón, tanto diputados como senadores pueden interponer una controversia en cualquier momento y llevar el asunto al Congreso de la Unión.
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