Pese a que el gobierno mexicano anunció en 2019 la eliminación de recursos para fondos y fideicomisos públicos, estos registraron un crecimiento real anual de 25.2 por ciento en el primer trimestre de 2025; el monto total alcanzó 598 mil 64 millones de pesos, reportó la Secretaría de Hacienda entregados al Congreso de la Unión.

Aunque la cantidad se redujo, el saldo total creció, informó la dependencia federal. Cabe recordar que, al cierre del 2018, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asumió la Presidencia, existían 360 fideicomisos.

El informe de Hacienda señaló que el fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios acumuló 104 mil 715 millones de pesos, con un aumento real superior al 90 por ciento. El Fondo de Administración y Pago de Equipo Militar también mostró un crecimiento notable, con 70 mil 827 millones de pesos.

En tercer lugar se encuentra el Fondo Nacional de Infraestructura, con más de 50 mil millones de pesos.

Según la organización México Evalúa, la reducción del número de fideicomisos refleja una tendencia a concentrar el gasto público. Esto obliga a que los recursos se administren desde el Ejecutivo federal, en lugar de utilizar instrumentos autónomos con capacidad de planeación multianual.

Esta centralización ha despertado inquietudes sobre el uso discrecional de los fondos. Un ejemplo es el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), cuyos recursos pasaron a la Tesorería de la Federación sin claridad sobre su aplicación en enfermedades de alto costo. Otro caso es el fideicomiso del Ejército, que duplicó sus fondos sin información pública sobre su manejo.

La desaparición de fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) también afectó la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas. Ahora, la atención depende de los flujos disponibles en la Tesorería, sin las reglas claras que antes ofrecía ese fondo.

México Evalúa advirtió que el aumento en los saldos no se ha acompañado de mayor transparencia. Los fideicomisos que permanecen activos no presentan informes financieros ni patrimoniales claros, lo que complica el seguimiento del uso de los recursos públicos.