México es un país donde sus habitantes se sienten inseguros. Millones de mexicanos que viven en las grandes ciudades (donde este año se aplicó una encuesta del Inegi sobre la percepción de inseguridad), tienen miedo de ser asaltados, extorsionados, lesionados y eventualmente perder la vida ellos o sus seres queridos. Al terminar el año 2024, el 59 por ciento de los mexicanos habitantes de las grandes ciudades se sentía inseguro; medio año después, en julio del presente año, esa percepción creció a 63 por ciento, aunque hay ciudades donde casi todos los habitantes tienen temor a ser víctimas de algún delito (destacan negativamente: Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula, Ciudad Obregón, Fresnillo, Irapuato, Chimalhuacán, Puebla y Naucalpan).

La situación es muy grave y no da lugar para los sofismas oficiales que intentan ocultar que México es un país donde la mayoría de la gente vive con miedo y que el gobierno ha incumplido su promesa de dar seguridad a todos. Millones de mexicanos se sienten inseguros porque durante todo el año se cometen millones de delitos que los dañan económica, emocional y físicamente. Por ejemplo, según el Inegi, en 2023 ocurrieron poco más de 31 millones de delitos que afectaron directamente a 21.9 millones de personas mayores de 18 años (ese año, en 10.6 millones de hogares (27.5 por ciento del total del país), al menos una o uno de sus integrantes fue víctima del delito).

Ese alud delincuencial no ha provocado millones de carpetas de investigación en las fiscalías, y mucho menos miles de detenidos, porque las víctimas no acudieron a denunciar esos delitos debido a falta de tiempo y dinero para trasladarse a las diligencias, por desconfianza de que las autoridades encuentren y castiguen a los responsables, por temor a recibir represalias de parte de los delincuentes o por una combinación de las razones anteriores. Sólo el siete por ciento de los delitos fue denunciado ante las autoridades y menos del uno por ciento fue resuelto. De ese tamaño es la impunidad en nuestro país.

Aunque los datos de las encuestas no desglosan el nivel socioeconómico de las víctimas de delitos, no es muy difícil darse cuenta de que entre los más afectados, aunque no sean los únicos, están principalmente los más pobres. Por ejemplo, el delito de robo en transporte público, donde mayoritariamente viajan trabajadores y otras personas de escasos recursos económicos, ocupa el segundo lugar en incidencia, junto con el de asalto en la vía pública. La prensa abunda en reportes sobre este delito que agrede a los más pobres: Reportan más de 800 asaltos al transporte público de Puebla durante primer semestre de 2025 (N+, 16 de julio 2025). “30 robos diarios en el transporte público y contando. De enero a abril, se han abierto tres mil 604 carpetas por robo en transporte público. Pero la cifra real podría superar los 27 mil casos. CDMX y Edomex concentran el 82 por ciento” (Azteca Noticias, 27 de mayo de 2025). “Durante abril de 2025, Naucalpan encabezó los robos en unidades de transporte público en el país. El Estado de México aportó el 41.6 por ciento de las denuncias por este delito en todo el país” (sociedad-noticias.com, 31 de mayo de 2025).

La mayor exposición de las personas pobres a la delincuencia no ocurre sólo en el transporte público, sino también en las colonias donde viven, muchas de ellas sin alumbrado público, sin estaciones de vigilancia dotadas de patrullas, sin calles pavimentadas por donde circulen vehículos policiacos, sin cámaras enlazadas a centrales controladas por la policía, etc. En esas condiciones, se cometen asaltos en vía pública, robos a domicilios y delitos sexuales con total impunidad.

Una indefensión similar ocurre en los domicilios de la gente pobre, que en su mayoría no cuenta con bardas, y mucho menos con alambradas electrificadas y cámaras conectadas con la polícia, como ocurre en las casas de la gente adinerada, que cuentan incluso con personal de seguridad privado. Los pobres viven largos periodos de su vida en construcciones improvisadas, con nula protección, en donde es muy fácil que entren a robarles sus escasas pertenencias de valor y el dinero que guarden.

Así, los pobres en México son dobles víctimas de los concentradores de riqueza en el capitalismo. Por un lado, los explotan laboralmente, les pagan muy poco y viven en colonias marginadas, sin servicios, sin atención médica eficaz y en casas pequeñas y desprotegidas. Por el otro, se los convierte en víctimas de la delincuencia, a veces coordinada con altos funcionarios de los que recibe protección, que termina de despojarlos del poco dinero del que disponen para su vida diaria y las modestas pertenencias que logran adquirir tras años de trabajo.

Los graves problemas de inseguridad de México son un síntoma claro de que, verdaderamente, en la llamada “Cuarta Transformación” no se ha hecho nada de fondo para cortar las raíces de la delincuencia, las que se hallan en el sistema económico capitalista, generador de pobreza, marginación, mala educación, incultura, cinturones de miseria e inseguridad, entre otras tragedias.

La llegada al poder de Morena se basó en ofrecer a los pobres un país donde ellos fueran los primeros, los que tuvieran prioridad y dejaran de ser pobres, pero no ha hecho ningún cambio estructural que verdaderamente acabe con la pobreza y la marginación, y en muchos aspectos, la situación está mucho peor que antes. Lo que ha cumplido es que los pobres sigan siendo los primeros… en ser víctimas de la inseguridad.