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El sector empresarial en México se pronunció por aplazar la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y demandó trabajar para consolidar la que se hizo en 2021 para concretar la inclusión y terminar con la discriminación que impedía el acceso a la justicia a diversos sectores vulnerables.
La Confederación Patronal de México (Coparmex), señaló que México goza de una democracia electoral con 30 años de avances paulatinos, por lo que no puede ni debe haber cabida a una regresión; "es indispensable la generación de consensos entre los grupos mayoritarios y las minorías, en aras de la consolidación de acuerdos democráticos”, dijo el grupo empresarial.
La Coparmex también expresó su preocupación en la economía y señaló que el Banco Mundial advirtió sobre un proceso de desaceleración económica en América Latina y redujo la expectativa de crecimiento del PIB en el 2024 al 2 por ciento, por lo que el gobierno tiene que ajustar sus planes de recaudación y gasto.
“La reforma planteada al Poder Judicial y la celeridad con la que pretende discutirse puede minar de forma irreparable la confianza para invertir en México, pues se advierte como una iniciativa que restaría independencia a ese poder y debilitaría el Estado de Derecho”, señaló.
En un comunicado de prensa, recordó que en el 2021 hubo una reforma al Poder Judicial que estuvo centrada en impulsar la inclusión y terminar con la discriminación que impedía el acceso a la justicia a mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, grupos de la diversidad sexual y los niños.
También promovió la profesionalización de los abogados por medio de la Escuela Federal de Formación Judicial, además de elevar a rango constitucional el combate a la corrupción, nepotismo y violencia de género.
“Creemos que ha pasado muy poco tiempo para lograr que dicha reforma haya logrado consolidarse. Lo decimos claro, más que pensar en reducir la independencia del Poder Judicial, se debe optar por materializar y mejorar la reforma referida para que dé los resultados esperados”, indicó la Coparmex.
La Confederación llamó a “no perder de vista que México tiene todo para crecer” y dijo que para que esto sea posible, el gobierno no debe autosabotearse debilitando la democracia, y solicitó dar tiempo para que la reforma del 2021 madure para llegar a una justicia incluyente.
La reforma generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.
La Presidenta celebró que el Consejo de la Judicatura sancione a los trabajadores que continúen en paro de labores.
Con esta reforma, el todavía presidente López Obrador y su partido Morena, pretenden apoderarse del Poder Judicial.
Morena, congruente con su ideario político, lo que pretendía y logró fue: mantener la pobreza subsidiándola. No hubo ninguna sola reforma que atentara contra la desigualdad, todas estaban encaminadas a sostenerla.
La reforma al Poder Judicial debe recibir el aval de al menos 17 estados para convertirse en Ley.
En vez de apropiarse de ese dinero, el gobierno debería ayudar a los beneficiarios, o a sus herederos, a recibir esos recursos que con tanto esfuerzo y años de trabajo lograron acumular.
El objetivo de la reforma es proteger legalmente la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia México.
Las modificaciones que plantea la reforma afectan 14 artículos constitucionales que establecen que las funciones de estos entes autónomos
Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el miércoles próximo se presentará el Plan Nacional de Energía y señaló que habrá espacio para la inversión privada en este sector.
Aseguró que en México sí existe un favoritismo a la oligarquía, sí se beneficia a la clase empresarial, a pesar de que se siga perjudicando a la clase trabajadora.
La reforma deberá ser aprobada en al menos 17 congresos estatales.
Sheinbaum responde y amenaza a la jueza con denunciarla ante el Consejo de la Judicatura.
A partir del próximo jueves 27 de junio arranca la segunda ronda de foros de discusión sobre la reforma judicial.
Los transportistas se han visto en la necesidad de destinar recursos a la adquisición de equipos sofisticados, necesarios para enfrentar al crimen organizado.
La ministra reconoció la necesidad de buscar la colegiación de abogados y la excelencia académica en las universidades.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera