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El sector empresarial en México se pronunció por aplazar la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y demandó trabajar para consolidar la que se hizo en 2021 para concretar la inclusión y terminar con la discriminación que impedía el acceso a la justicia a diversos sectores vulnerables.
La Confederación Patronal de México (Coparmex), señaló que México goza de una democracia electoral con 30 años de avances paulatinos, por lo que no puede ni debe haber cabida a una regresión; "es indispensable la generación de consensos entre los grupos mayoritarios y las minorías, en aras de la consolidación de acuerdos democráticos”, dijo el grupo empresarial.
La Coparmex también expresó su preocupación en la economía y señaló que el Banco Mundial advirtió sobre un proceso de desaceleración económica en América Latina y redujo la expectativa de crecimiento del PIB en el 2024 al 2 por ciento, por lo que el gobierno tiene que ajustar sus planes de recaudación y gasto.
“La reforma planteada al Poder Judicial y la celeridad con la que pretende discutirse puede minar de forma irreparable la confianza para invertir en México, pues se advierte como una iniciativa que restaría independencia a ese poder y debilitaría el Estado de Derecho”, señaló.
En un comunicado de prensa, recordó que en el 2021 hubo una reforma al Poder Judicial que estuvo centrada en impulsar la inclusión y terminar con la discriminación que impedía el acceso a la justicia a mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, grupos de la diversidad sexual y los niños.
También promovió la profesionalización de los abogados por medio de la Escuela Federal de Formación Judicial, además de elevar a rango constitucional el combate a la corrupción, nepotismo y violencia de género.
“Creemos que ha pasado muy poco tiempo para lograr que dicha reforma haya logrado consolidarse. Lo decimos claro, más que pensar en reducir la independencia del Poder Judicial, se debe optar por materializar y mejorar la reforma referida para que dé los resultados esperados”, indicó la Coparmex.
La Confederación llamó a “no perder de vista que México tiene todo para crecer” y dijo que para que esto sea posible, el gobierno no debe autosabotearse debilitando la democracia, y solicitó dar tiempo para que la reforma del 2021 madure para llegar a una justicia incluyente.
La obligación de deuda pública como parte del PIB limita los recursos para sectores como educación, salud e infraestructura.
Con 478 votos a favor, avanzaron las modificaciones al artículo 123 de la Constitución.
En vez de apropiarse de ese dinero, el gobierno debería ayudar a los beneficiarios, o a sus herederos, a recibir esos recursos que con tanto esfuerzo y años de trabajo lograron acumular.
La discusión y votación en lo general y particular de la reforma al Poder Judicial será en una sola sesión sin importar su extensión.
El estudio de la Coparmex también señaló que la creciente inseguridad ha ido acompañada de una militarización de la seguridad pública.
Se trata de por lo menos 11 iniciativas pendientes que reflejan una brecha entre las promesas electorales y la realidad legislativa en el Congreso de la Unión.
La Judicatura federal instó a los empleados a regresar a sus áreas de trabajo, advirtiendo que no existe una normativa que justifique la prolongación del paro.
El 81 por ciento de los encuestados avala una reforma al Poder Judicial, el 75 por ciento quiere elegir a los ministros de la SCJN por voto popular y el 87 por ciento apoya la creación de un organismo independiente para combatir la corrupción en el PJ.
La propuesta del Ejecutivo Federal busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional.
Los órganos autónomos en México son entidades públicas con funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ninguno de los candidatos presidenciales se ha pronunciado por una reforma fiscal que ayude a disminuir las condiciones de desigualdad.
“Cuando el poder del Estado no puede ser contenido, controlado o frenado, se pone en riesgo los derechos humanos”, dijo la ministra.
Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
Salazar consideró que la propuesta provocará muchos cuestionamientos.
El paro de labores que el pasado 19 de agosto iniciaron 55 mil trabajadores generales y mil 200 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera