Foto: Cuartoscuro

Organizaciones ciudadanas y familiares de víctimas de accidentes viales en la Ciudad de México exigieron al Congreso capitalino una reforma inmediata a la Ley de Movilidad local, con el fin de alinearse con la legislación federal y garantizar el derecho a transitar en condiciones de seguridad.

Advirtieron que la ausencia de una normativa actualizada causó consecuencias graves. En 2024 ocurrieron 533 muertes relacionadas con hechos viales y en lo que va de 2025 se reportaron 111 más.

Areli Carreón, fundadora de Bicitekas, señaló que el Congreso debe aprobar la armonización antes del cambio de gobierno; de lo contrario, la ciudad permanecerá sin herramientas legales claras para proteger la vida y la salud en la vía pública durante otros seis años.

Recordaron que, a casi tres años de la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel nacional, la Ciudad de México no ha modificado su marco legal. Esta falta de armonización impidió la aplicación de medidas obligatorias para reducir los siniestros y garantizar atención médica urgente a las víctimas.

Durante la presentación de una propuesta legislativa, representantes de Bicitekas, El Poder del Consumidor, Salud Justa Mx, Polithink y la Coalición Movilidad Segura expusieron que la falta de adecuación legal mantiene en situación de riesgo a peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables.

Propuesta Ciudadana

La propuesta presentada se compone de seis ejes clave. El primero plantea la armonización normativa para establecer coherencia legal y proteger el derecho humano a la movilidad segura.

El segundo contempla acciones obligatorias para prevenir hechos viales, como control de velocidad, uso del cinturón de seguridad y casco, así como sanciones por conducción bajo efectos de sustancias o en estado de distracción.

El tercer eje propone garantizar atención médica prehospitalaria, con una respuesta inmediata, coordinada y sujeta a verificación. El cuarto propone establecer lineamientos para el funcionamiento de autoescuelas y la aplicación de pruebas prácticas.

Otro eje recomienda a las autoridades adquirir flotillas públicas con estándares de seguridad para los ocupantes. Se reconoce el derecho a la movilidad con un enfoque transversal que priorice la protección de niñas, niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.