El paro de actividades en el Poder Judicial afectó a miles de personas, quienes fueron privadas de acceder a una justicia pronta y expedita.

Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.

Tras la renuncia masiva, el gobierno tendría que pagar 500 mil pesos a cada ministro por concepto de haber por retiro.

Piña Hernández explicó que el análisis de los aparatos de seguridad y justicia, así como la propuesta de reforma, fueron elaborados a partir de los foros convocados por la Corte.

Emma Meza Fonseca y Emilia Molina de la Puente, Mónica González Contró, Wilfrido Castañón León y Enrique Pereda Trejo seleccionará a encargados de seleccionar a los candidatos.

Se anunció que estos comicios se llevarán a cabo el 1 de junio de 2025.

Trabajar en una agenda común para enfrentar los desafíos de los países de bajos ingresos que se encuentran en situación de endeudamiento y contar con nuevos instrumentos que garanticen sostenibilidad financiera para enfrentar el cambio climático, son los acuerdos del G20.

La suspensión fue promovida por un amparo de cuatro jueces federales.

Datos de transparencia publicados por medios nacionales indican que Batres dispone de vehículos oficiales y equipos electrónicos, incluido un teléfono celular contratado por el máximo tribunal.

Margaret Satterthwaite admite que el Poder Judicial mexicano presenta problemas de corrupción y confianza, sostiene que esta reforma no representa la manera de solucionarlos.

En una urna transparente, uno a uno, los 112 senadores depositaron su cédula, el resultado fue: 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones.

La reforma establece que los jueces, ministros y magistrados serán electos mediante el sufragio directo de la ciudadanía.

Decidieron suspender sus actividades y unirse al paro de labores indefinido del Poder Judicial de la Federación.

Denunció que fue expulsada de esa Comisión.

En las dos votaciones que hubo, 25 senadores estuvieron a favor y 12 en contra.