Conseguir recursos implica comprometer ingresos futuros, pues el Gobierno debe devolver el dinero prestado y pagar los intereses correspondientes.
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Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales aprobaron, la noche del domingo, en lo general y particular la reforma al Poder Judicial sin modificaciones; el dictamen será presentado el martes 10 de septiembre ante el Pleno para su lectura.
Tras siete horas de sesión y tres rondas de discusión, en las dos votaciones que hubo, 25 senadores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde estuvieron a favor y 12 del PAN, PRI y MC en contra.
Durante el debate, el panista Ricardo Anaya denunció presiones y amenazas a través de Fiscalías estatales contra senadores de la oposición para obligarlos a votar a favor de la reforma judicial. El emecista Luis Donaldo Colosio Riojas manifestó su preocupación de los llamados “jueces sin rostro” y la falta de diagnóstico de la propuesta del Ejecutivo federal; por su parte, su compañera Alejandra Barrales acusó que no se busca “democratizar la justicia, sino someterla”.
En la votación particular hubo 70 reservas, la mayoría fueron del oficialismo para defender su postura y la propuesta de la reforma constitucional.
Horas antes de la sesión de las Comisiones Unidas, el Senado fue rodeado por miles de ciudadanos, jóvenes universitarios, trabajadores del Poder Judicial y políticos para rechazar la reforma judicial; al mismo tiempo, pidieron unidad a los 43 senadores de la oposición para frenar el intento de Morena de obtener la mayoría calificada.
Conseguir recursos implica comprometer ingresos futuros, pues el Gobierno debe devolver el dinero prestado y pagar los intereses correspondientes.
El partido oficialista inhabilitó al funcionario, por lo que no podrá participar en procesos internos de selección ni postularse a cargos de elección popular de Morena.
El Verde competirá sin coalición en las elecciones de 2027 y postulará candidatos propios en los seis distritos federales y en los comicios locales.
Ariadna Montiel aseguró que no habrá nuevas mediciones en ninguna entidad y rechazó que exista un acuerdo con el PT para repetir los sondeos en los estados donde ya se definieron coordinadores estatales.
La distribución de publicidad oficial favoreció a medios identificados con la 4T; Televisa, Multimedios y La Jornada concentraron mil 184 millones de pesos.
Los ingresos de la empresa cayeron en 8 por ciento anual.
Niega gobernación estatal que los mensajes se dirijan a funcionarios y mandos de seguridad.
Diputados de oposición denuncian falta de medicamentos, especialmente para niñas y niños con cáncer; así como deficiencias del IMSS.
El 64.1 por ciento de los encuestados desaprueba la administración de Xóchitl Flores Jiménez.
Andrés López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán o haber intervenido en contratos públicos; también acusó a empresarios, periodistas y agencias estadounidenses de orquestar una campaña en su contra.
La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
La mandataria promete cambios económicos y políticos, pero no fija plazos para la restitución de bienes ni para las elecciones.
Ariadna Montiel anunció acciones legales por daño moral, calumnias y violencia política de género, además de una denuncia electoral contra la gobernadora de Chihuahua por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027.
La gobernadora interrumpió la ceremonia por los 50 años del Tecnológico estatal para reclamar a un grupo de alumnos que conversaba y exigir que alguno se pusiera de pie para disculparse.
El alcalde de Querétaro fue designado coordinador estatal de la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” y se perfila como la carta panista para 2027.
Escrito por Pedro Márquez Rosales
Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubre temas de geopolítica, migración y derechos humanos. | @PedroMarquezRos