Reactivar las investigaciones y procesos penales por la masacre del 68, reconocer la inocencia de estudiantes encarcelados y rechazar la recomendación de la CNDH sobre el caso de Ayotzinapa, son sólo algunas de las demandas.
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Trabajadores del Poder Judicial de distintos estados de México, sociedad civil, estudiantes universitarios y grupos políticos de oposición protestaron el domingo frente al Senado de la República para mostrar su rechazo a la reforma judicial que será discutida y votada por los legisladores en los próximos días.
Luego de ser aprobada la reforma al Poder Judicial por la mayoría calificada de Morena y partidos aliados en la Cámara de Diputados, el dictamen fue enviado al Senado, y éste a la vez lo turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su análisis y discusión antes de presentarla en el Pleno.
La llamada “Marcha por la Libertad” inició con dos movilizaciones que partieron de distintos puntos de la Ciudad de México. El primer contingente, que aglutinó a trabajadores de la judicatura y a la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed) salió del Hemiciclo a Juárez. El segundo grupo compuesto por estudiantes y profesores de Derecho, la Barra Mexicana de Abogados, del Frente Cívico Nacional y la “Marea Rosa”, salieron del Ángel de la Independencia.
Con banderas tricolores, carteles y consignas, ambas concentraciones avanzaron sobre Paseo de la Reforma, provocando el cierre total de la movilidad del transporte público y de particulares. Además, fue desplegada una bandera monumental durante la caminata.
Los trabajadores del PJ y los estudiantes no descartaron la necesidad de una reforma, pero no en los términos y condiciones en que la propone el oficialismo. Expusieron sus preocupaciones por los cambios en la impartición de justicia y sus derechos laborales.
Entre las exigencias, llamaron a la unidad a los 43 senadores de la oposición para frenar la reforma que “afecta a la división de Poderes”.
Uno de los principales oradores fue el ministro en retiro José Ramón Cossío, que defendió la oposición a la reforma “no por contradecir a una persona” sino “porque hemos leído y comprendido sus alcances, y tal vez sus motivaciones”. Asimismo, advirtió que la elección de jueces y magistrados por voto popular los expondrá a un “enorme peligro”.
Entre los líderes políticos que acudieron estuvieron Margarita Zavala, Lía Limón, Alessandra Rojo de la Vega, Guadalupe Acosta Naranjo, Santiago Creel y Marko Cortés.
Reactivar las investigaciones y procesos penales por la masacre del 68, reconocer la inocencia de estudiantes encarcelados y rechazar la recomendación de la CNDH sobre el caso de Ayotzinapa, son sólo algunas de las demandas.
Por mayoría, el Senado aprobó el dictamen y lo turnó a San Lázaro; oposición acusa militarización en la revisión de inversiones, mientras Morena rechaza los señalamientos.
Seis de los perfiles designados militaron en el PRD, dos en el PAN y uno en el PRI; otros ocho tienen trayectoria en Morena, PVEM o sin militancia partidista previa documentada en esos tres partidos.
El retroceso se debió a las políticas migratorias de EE. UU. y a la apreciación del peso mexicano.
El coordinador de Morena en San Lázaro señaló que los aspirantes serán sometidos a encuestas en sus distritos; él no se ha registrado y dejó su futuro en manos del partido.
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Escrito por Pedro Márquez Rosales
Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubre temas de geopolítica, migración y derechos humanos. | @PedroMarquezRs