Mientras no se implementen estrategias que ataquen las causas estructurales de la violencia en México, no se destinen recursos suficientes para fortalecer a la policía en sus tres niveles y no se suspenda el discurso engañoso de que se superó el grave problema, éste se incrementará durante 2025 y la población no podrá trabajar, realizar sus actividades cotidianas ni vivir tranquilamente. Es urgente que la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, junto a los gobiernos estatales (en su mayoría morenistas) vean con seriedad la grave crisis generada por la inseguridad.

Según el informe realizado con el proyecto de Datos sobre Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), los países con mayores niveles de exposición a la violencia son Palestina, con el 100 por ciento; Myanmar, con 68 por ciento; y Siria, con 61 por ciento; en el listado de las naciones que no tienen o viven en conflictos bélicos, se hallan Colombia, con 56 por ciento; y México, con 48 por ciento; pero en ambos, los altos índices de violencia están asociados al tráfico de drogas y al crimen organizado. México es el cuarto país del mundo con mayor violencia, únicamente superado por Palestina, Myanmar y Siria. 

Los datos refuerzan la interpretación de que la crisis de violencia en el país se profundiza. ACLED calcula el número de personas que viven a una distancia de uno a cinco kilómetros de cada incidente; y revela que el 14 por ciento de los habitantes del mundo vive a menos de cinco kilómetros de un conflicto violento.

Según el mismo proyecto, “Estar expuesto a un conflicto significa que la población vive en una zona de desorden o agitación activa. Las personas se ven perjudicadas de diferentes maneras por esta exposición: pueden resultar directamente heridas, verse envueltas en un conflicto activo, ellos y su grupo pueden ser objeto de ataques o verse afectados por la destrucción de su aldea, barrio o ciudad”.

El documento en cuestión advierte que, en 2024, 12.6 millones de mexicanos estuvieron a una distancia de un kilómetro de actos violentos; a dos kilómetros, viven 27.9 millones; y a cinco kilómetros se encuentran 61.8 millones de mexicanos; además, expone que, del 1° de enero de 2024 al seis de diciembre, se contabilizaron 13 mil 736 hechos violentos, un promedio de 40 diarios; las entidades en ascenso son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Chiapas y Sinaloa.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 documenta el fenómeno y asegura que es un tema preocupante que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y las perspectivas de desarrollo social y económico de México; el 63 por ciento de los mexicanos con más de 18 años se siente inseguro en su entorno, sobre todo en espacios públicos, cajeros, transporte y, en general, en las calles. 

La gente se mueve con mucho temor hacia su trabajo, a la escuela o al salir para realizar otras actividades; los mexicanos no confían en las instituciones del Estado para garantizar su seguridad y sigue la desconfianza en la autoridad federal, estatal o municipal y, en general, hacia el sistema de justicia.

La violencia en México no da tregua y este 2025 crecerá, a pesar de la “estrategia” de Claudia Sheinbaum y García Harfuch; la capacidad del Estado no es efectiva porque su inversión, tanto en tecnología como en prevención social, dos aspectos esenciales para atacar de raíz la violencia, sólo están en el discurso y no en los hechos. Empezar a atacar de fondo la violencia y la inseguridad requiere una estrategia más amplia, incluyendo la generación de empleo y una buena educación como ejes de prevención, así como un robusto aparato policial; esto sería buen inicio para hacerle frente a la inseguridad. 

Los mexicanos no podemos aceptar que la violencia se normalice y se integre a nuestras vidas, tampoco debemos resignarnos a vivir entre las balas y el crimen; es necesario perder el miedo a enfrentar y denunciar a quienes se han comprometido con la seguridad y bienestar para el pueblo, debemos indignarnos, concientizarnos y organizarnos y, entre todos, exigir cambios serios. Queremos un 2025 y un sexenio diferentes; no uno donde se pacte con el crimen, porque la política de “abrazos no balazos” solamente generó más dolor a las familias mexicanas. Por el momento, querido lector, es todo.