Desde enero se han presentado en Oaxaca ataques contra jóvenes estudiantes y ciudadanos. No son ataques aislados, sino agresiones sistemáticas que sólo pueden explicarse por la protección y tolerancia de autoridades de alto nivel. Hace apenas unos días tuvo lugar el mas reciente y grave de estos atentados.

El 23 de enero, más de 30 jóvenes estudiantes de la preparatoria general Lázaro Cárdenas del Río, que habitan en el Albergue Estudiantil Villas de Monte Albán, ubicado en la capital del estado, fueron golpeados con piedras, palos, bates de beisbol y encañonados con armas de fuego por un grupo de encapuchados que irrumpió violentamente en el albergue. 

Durante el ataque, los moradores llamaron al 911, pero no obtuvieron respuesta: “estábamos en nuestro albergue, otros estaban haciendo quehacer y otro más en un círculo de estudio. De pronto, entraron ‘porros’ de manera agresiva, nos encañonaron con armas de fuego y nos obligaron a salir. Yo intenté defender a algunos de mis compañeros que estaban siendo agredidos con palos y por eso también me golpearon. No sabemos cuál fue el motivo por el que nos agredieron adentro del albergue”, relató Gael Irvin Reyes Mendoza. 

Gael fue golpeado con un ladrillo en la cabeza, lo que le hizo perder la conciencia por un momento; cuando intentó levantarse fue golpeado en dos ocasiones con la cacha de un arma de fuego, en la boca y en la mejilla derecha.

Dicho albergue se encuentra adherido a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez  (FNERRR), organización estudiantil nacional que agrupa a estudiantes con el objetivo de mejorar sus condiciones educativas para que logren culminar sus estudios. 

En Oaxaca existen otros cinco albergues de la FNERRR: en el centro de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco se halla el albergue Miguel Cruz José; en la ciudad de Miahuatlán, el Doctor Juan Manuel Celis Ponce; y tres en la capital oaxaqueña: Tlacaélel, Clara Córdova y Rufino Tamayo y Villas de Monte Albán. 

El 26 de abril, a las 5:30 pm, más de 30 policías ingresaron ilegalmente a las inmediaciones del albergue Doctor Juan Manuel Celis Ponce, por indicaciones del presidente municipal morenista César Figueroa. 

Días después, el 28 de abril, el alcalde morenista, en compañía de los cuatro medios de comunicación del municipio “documentaron las condiciones en que se encontraba el inmueble” mediante el desalojo ilegal. Grabó un video para las redes sociales. El hecho le ha causado problemas legales, por lo que ahora intenta decir que jamás acudió a la Casa del Estudiante. Pero las pruebas del desalojo ilegal existen.

Entre dichas pruebas destacan grabaciones de los delincuentes que atacaron el albergue en Oaxaca, tanto en esta última ocasión como en la anterior. La impunidad con la que actúan, frente a policías que miran y no intervienen, deja claro que no se trata de hechos espontáneos, sino de una operación planificada para intimidar y expulsar a los estudiantes.

Estas agresiones contra jóvenes se suman a la oleada de inseguridad que pega en la entidad. El 69 por ciento de sus habitantes teme ser víctima de un delito; el 37.7 por ciento de los oaxaqueños reporta disparos frecuentes con armas de fuego cerca de sus viviendas, a decir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La violencia incluso alcanza a menores de edad; la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exhibe que, de enero a mayo de 2025 se registraron 958 homicidios de personas entre cero y 17 años en todo el país, siendo Oaxaca uno de los estados con mayor incidencia de homicidios. 

Autoridades omisas y coludidas

En 2016 se etiquetaron 42 millones de pesos de recursos federales correspondientes al Ramo General 23 para la construcción de un albergue estudiantil. Éstos se aplicarían a un predio conformado por 10 lotes particulares. Los recursos fueron gestionados en la Cámara de Diputados, desde 2012, por el Movimiento Antorchista. 

Esta organización donó los terrenos al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez bajo el acuerdo de que, una vez concluida la obra, éstos serían entregados en comodato a estudiantes para el funcionamiento autónomo del albergue. En ese marco, el municipio liberó el anticipo de la obra e iniciaron los trabajos de construcción.

Sin embargo, el Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Mexicapam interpuso un amparo ante tribunales federales contra el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, argumentando que los predios se encontraban dentro de su polígono comunal. El Ayuntamiento no presentó en tiempo y forma las pruebas necesarias, lo que permitió que el amparo avanzara a favor de los comuneros. En consecuencia, el tribunal ordenó suspender la obra y “congelar” los recursos. Pese a las manifestaciones encabezadas por estudiantes, la administración morenista abandonó el caso y, al concluir su gestión la obra quedó estancada. 

La administración de Oswaldo García Jarquín, presidente municipal morenista de 2019 a 2021 dejó perder el juicio y utilizó los recursos en actividades que nunca informó. Posteriormente, la administración 2023-2026, encabezada por Francisco Martínez Neri, reconoció que su antecesor no devolvió a la Federación el recurso etiquetado y que, en sus palabras, “se lo gastó”.

Ante la suspensión de la obra, el Movimiento Antorchista exigió reubicar el albergue y que el municipio, con apoyo del gobierno estatal, realizara su construcción. Tras reuniones con el Ayuntamiento y el Comisariado de Bienes Comunales, acordaron sustituir la sentencia; en lugar de entregar el terreno a los comuneros, se les daría un recurso económico, mientras que los estudiantes conservarían la posesión del predio. Sin embargo, la administración de Martínez Neri concluyó sin pagar a los comuneros.

Actualmente, el nuevo gobierno morenista sostiene que debe entregarse el predio y, de acuerdo con la declaración de los comuneros, ya fue entregado. Si la sentencia ya se ejecutó, no debería existir litigio, máxime cuando los propios comuneros han manifestado su disposición de llegar a un acuerdo con los estudiantes. No obstante, personal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez ha intentado violentar a los estudiantes.

¿Y los recursos?

El dinero destinado a la construcción del albergue estudiantil fue desviado por el propio gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, encabezado por Morena. Bajo su administración, los 42 millones de pesos etiquetados para la obra fueron utilizados en actividades no esclarecidas sin que se rindieran cuentas ni se informara a la Federación, incumpliendo así con el objetivo para el que fueron gestionados. Este manejo irregular no sólo frenó el proyecto, también dejó en evidencia la opacidad y la falta de compromiso de las autoridades municipales con la educación y la juventud.

Desde el inicio del gobierno municipal 2016-2018, encabezado por José Antonio Hernández Fraguas, el manejo del dinero público en Oaxaca de Juárez se vio marcado por graves irregularidades. Investigaciones periodísticas y reportes de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca revelan una malversación cercana a los dos mil millones de pesos, principalmente en municipios de la Zona Metropolitana, incluido el propio Oaxaca de Juárez. La falta de auditorías efectivas durante esos años –con revisiones limitadas en 2017 y ninguna en 2018– facilitó que los recursos fueran usados con total discrecionalidad, sin que se estableciera responsabilidad alguna.

Al llegar la administración de José Pablo García (2018-2021), la situación no mejoró, sino que se agravó con una serie de escándalos económicos que evidencian un patrón sistemático de desvío y mal manejo del presupuesto municipal. Entre ellos destacan el empleo indebido de rendimientos financieros por cerca de nueve millones de pesos para pagar salarios; recursos no aplicados en obras públicas, como la segunda etapa del andador semipeatonal Cruz de Piedra; y deudas millonarias por arrendamiento de camiones de basura y consumos extraordinarios de combustible que no se justifican. 

Este constante saqueo tiene un impacto directo para la población, en particular para la juventud estudiantil, que desde 2016 espera un albergue digno y funcional que nunca ha llegado a concretarse. Mientras los estudiantes se quedan sin espacios adecuados para estudiar y vivir, las autoridades municipales parecen más preocupadas por enriquecerse y mantener sus privilegios que por atender las necesidades reales de la comunidad. Ninguna administración ha logrado resolver este problema y la impunidad reina gracias a un marco legal que suaviza las sanciones y a órganos de control sin autonomía ni recursos suficientes para fiscalizar.

En suma, la corrupción y la negligencia en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez han privado a los ciudadanos, especialmente a los estudiantes, de servicios esenciales y proyectos que podrían mejorar su calidad de vida. La serie de escándalos económicos documentados de 2016 a 2021 no sólo revela un mal manejo de fondos públicos, sino también un desprecio profundo por el bienestar de la juventud y el futuro de la ciudad. 

Represión

Oaxaca enfrenta un grave rezago educativo que impacta directamente en la calidad de vida de su población. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 2021, más del 25 por ciento de la población de 15 años o más no había concluido la educación básica y la tasa de analfabetismo rondaba el 7.5 por ciento, cifra superior al promedio nacional. Además, el acceso a infraestructura escolar digna es limitado, especialmente en zona rurales e indígenas, lo que obliga a muchos estudiantes a desplazarse largas distancias para continuar sus estudios. Ante esta crisis, asociaciones civiles han tomado la iniciativa de construir albergues que ofrecen un espacio seguro y digno para que los jóvenes puedan estudiar y vivir mientras cursan sus niveles educativos.

A pesar de la importancia de estos esfuerzos, las organizaciones que promueven y gestionan albergues enfrentan obstáculos y, en ocasiones, persecución por parte de autoridades que priorizan intereses de otro tipo. En lugar de colaborar con estas asociaciones, que cubren vacíos que el Estado no atiende, se busca criminalizarlas o dificultar su labor. Esto refleja una falta de voluntad política para enfrentar el rezago educativo y las condiciones precarias que sufren miles de estudiantes en Oaxaca, especialmente los provenientes de comunidades marginadas.

Para avanzar en la mejora educativa, resulta imprescindible apoyar y fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que construyen albergues y brindan acompañamiento a la juventud estudiantil. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que sólo 60 por ciento de los jóvenes en Oaxaca concluyen la educación media superior y un porcentaje aún menor accede a estudios superiores. Las autoridades deben reconocer que destinar recursos a estos espacios es invertir en el futuro de Oaxaca, garantizando condiciones dignas y oportunidades reales para que la juventud pueda desarrollarse plenamente, en lugar de dejar en el abandono a quienes luchan por esos derechos.

¡Nueva agresión!

El cinco de agosto, apenas unas horas después de que la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) anunciara en Oaxaca y a nivel nacional que retomaría la lucha para exigir la intervención de las autoridades municipales y estatales frente a las agresiones contra sus albergues y estudiantes, un grupo armado de encapuchados irrumpió en el Albergue Estudiantil Villas de Monte Albán. Armados con cuchillos y armas de fuego desalojaron a los jóvenes, destrozaron muebles y pertenencias y vandalizaron una pequeña tienda de abarrotes en donde los jóvenes compran lo que necesitan y usan para sufragar los gastos que les generan sus estudios.

“Lamentamos que en lugar de que nuestros gobernantes brinden alternativas para que los jóvenes continúen sus estudios, se nos mande a golpear y a allanar nuestro hogar con gente encapuchada y armada, es inaceptable que pasen estas cosas”, declaró Oswaldo Martínez, responsable del albergue.

Según Blanca López, encargada de la tienda de abarrotes, las corporaciones policiacas no sólo no actuaron, sino que se pusieron del lado de los agresores, justificando su inacción con el argumento de que los inmuebles ‘tienen un juicio’. “Es inaceptable la acción de las autoridades, tanto del comisariado ejidal, del agente de policía, como de los policías municipales, pues se retiraron del lugar argumentando que no se podía pelear con la gente de dicha agencia, lo que hace pensar que las acciones realizadas por el grupo de choque tuvieran el respaldo de las autoridades locales”, afirmó. Este ataque, ejecutado a plena vista de la policía municipal, se convirtió en el tercer acto violento contra la FNERRR en lo que va de 2025.

La cronología de las agresiones habla por sí misma. Tres agresiones graves en siete meses sin que ninguna autoridad municipal o estatal haya sancionado a los responsables. ¿Por qué la violencia contra estudiantes pobres se tolera y repite con total impunidad? Señalan los estudiantes, quienes pidieron la intervención del gobernador Salomón Jara

Estudiantes, víctimas de despojo 

La construcción del albergue estudiantil de Miahuatlán fue posible gracias a recursos federales gestionados por estudiantes y el Movimiento Antorchista ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Ramo General 23. “En 2016 se aprobó una primera etapa de 10 millones, y en 2017-2018 se aprobaron otros 10 millones; fueron dos etapas”, explicó a este semanario Rolando Reyes Lázaro, dirigente estatal de la organización. 

Para garantizar el uso educativo del inmueble, el municipio firmó un contrato de comodato por 99 años con la asociación civil Albergues Estudiantiles Rufino Tamayo y Clara Córdova Morán, revisado y validado por los gobiernos estatal y Federal antes de asignar los fondos. “Es un bien federal destinado a un fin específico y protegido por la ley”, recalcó.

Pese a ello, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, ordenó el desalojo de estudiantes y la toma del inmueble, acción que, según Reyes Lázaro, constituye “delito de despojo, robo y abuso de autoridad”.

El dirigente social subrayó que el comodato “sigue vigente” y que, para recuperar la posesión del predio, el alcalde debió iniciar un juicio. “En efecto, es propiedad del municipio; no estamos discutiendo la propiedad, estamos discutiendo la posesión, y ésa se la dieron a los albergues estudiantiles por contrato”, relató, insistiendo en que la vía utilizada por el edil “violentó toda la ley y los derechos constitucionales de los estudiantes”.

Reyes Lázaro también reveló que existen pruebas documentadas del desalojo, incluidos “videos del propio presidente municipal declarando que ordenó la acción” y un acta notarial que certifica la ocupación del inmueble por parte de la autoridad. En el proceso judicial, un juez federal reconoció indicios de violaciones a los derechos de los estudiantes y solicitó a la autoridad municipal aclarar su actuación, recordando que falsificar información en un informe oficial conlleva sanciones legales y administrativas. El caso continúa en curso, a la espera de una resolución que, a decir del dirigente, debería garantizar la restitución del albergue a sus legítimos beneficiarios. 

Exigen alto a la represión contra estudiantes oaxaqueños

Homero Aguirre Enríquez, vocero del Movimiento Antorchista Nacional, denunció una campaña sistemática de intimidación, agresiones armadas y desalojos ilegales contra estudiantes en el estado de Oaxaca, por lo que solicitó al gobernador Salomón Jara Cruz poner un alto a la represión contra los estudiantes humildes.

Afirmó que estos ataques, perpetrados por grupos de choque y autoridades municipales, buscan: “meter miedo, obligar a los estudiantes a renunciar a sus derechos y destruir los albergues estudiantiles que sirven a la juventud pobre del país”.

Acompañado por la líder nacional de la FNERRR, así como por los líderes antorchistas en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero y Tlaxcala, Aguirre Enríquez presentó escrituras y estados de cuenta que prueban la adquisición legal de los terrenos para los albergues, así como la asignación de 38 millones de pesos en recursos federales para su construcción, de los cuales más de 35 millones desaparecieron: “lo diré claramente, se los robaron los funcionarios de aquel entonces”. 

Asimismo, denunció que, en el caso de Miahuatlán, el presidente municipal violó un contrato de comodato al desalojar sin orden judicial a los estudiantes, incurriendo en un delito.

Por su parte, la dirigente nacional de la FNERRR, Isolda Morán, subrayó que los albergues estudiantiles son fruto del sacrificio de miles de estudiantes, campesinos y obreros, y que cumplen la función de brindar hospedaje, alimentación, actividades culturales y deportivas. Por lo que anunció que la organización estudiantil iniciará movilizaciones y acciones de denuncia en todo el país para solicitar la intervención del gobernador Salomón Jara y el cese inmediato de la violencia.

Al finalizar la conferencia de prensa, los afectados acudieron al Palacio de Gobierno a pedir una reunión con el gobernador; y al encontrar las puertas cerradas, anunciaron próximas movilizaciones en Oaxaca y en el Zócalo de la Ciudad de México.