El lema de “por el bien de todos, primero los pobres” se vuelve un sinsentido, una consigna vacua si analizamos lo que sucede en México.
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Los titulares de las secciones económicas destacan la decisión de México de imponer aranceles a las importaciones procedentes de “países con los que no tenga un acuerdo comercial”. Esto resulta paradójico para un país que ha sido un emblema del libre comercio, con el desmantelamiento acelerado de su sistema arancelario y que ocupa los primeros lugares en rankings globales por su amplia red de tratados comerciales y acuerdos de inversión y que ahora anuncia un giro hacia el aumento y la imposición de aranceles.
Durante las últimas tres décadas, el valor de las exportaciones creció a una tasa promedio anual de 6.6 por ciento, tres veces más que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional y a pesar de las múltiples crisis ocurridas en ese periodo.
Entre los acuerdos firmados, destaca el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) (antes TLCAN). Este documento es crucial porque entre el 80 y el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas se destina al mercado norteamericano. Aunque EE. UU. siempre ha sido un socio comercial fundamental; su importancia nunca había sido tan alta como en la actualidad.
A finales de los años setenta, alrededor del 60 por ciento de las exportaciones se dirigían a ese país; en la década de los ochenta, el porcentaje ascendió a 65 por ciento. La apertura comercial propició una integración regional de ciertos sectores manufactureros, que no solamente modificó los porcentajes, sino que también incrementó el peso de las exportaciones manufactureras en detrimento de las materias primas.
El impulso al libre comercio fue un fenómeno global. Respondía a la necesidad de las nuevas capacidades técnicas y organizativas, así como a una mayor división y especialización de la producción mundial. De este modo, el flujo más libre de mercancías y capitales entre naciones benefició sobre todo a las multinacionales, que ubicaron los eslabones intensivos sobre la mano de obra en regiones con salarios bajos, y aquellos intensivos en capital donde éste resultaba más barato. En este esquema, los perdedores fueron los trabajadores y los capitales menos competitivos, mientras que las empresas multinacionales lograron contrarrestar la caída de la tasa de ganancia provocada por la automatización y salir ganando.
No obstante, una vez liberadas las fuerzas del libre comercio, emergió con fuerza la economía china. Frente a su abrumador poder productivo y exportador y ante la pérdida de influencia de EE. UU. y sus aliados en la producción y el comercio globales, ganó terreno un nuevo paradigma de organización industrial basado en el regionalismo –como ejemplifican el nearshoring y el friendshoring– y el proteccionismo comercial.
A decir de Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, el objetivo de los aranceles consiste en proteger la industria y el empleo nacionales. Se argumenta, además, que la medida no está dirigida contra ningún país en particular; sin embargo, llama la atención la disparidad en la respuesta de México: frente a la oleada de aranceles impuestos por Donald Trump, la presidenta Sheinbaum optó por el diálogo y abogó por mantener la “cabeza fría”; por otro lado, ante la apertura comercial de China, se ha respondido con aranceles al acero, aluminio, a los textiles, al calzado y el recientemente anunciado contra los automóviles chinos para 2026.
Funcionarios y simpatizantes del gobierno, que en el pasado aplaudían el libre comercio, ahora celebran los aranceles contra China con el argumento de que protegerán a los pequeños productores mexicanos y con el señalamiento sobre el carácter desleal de las importaciones chinas. En el caso del arancel a los automóviles, alegan que se defenderán los empleos y la industria nacional, aunque tal industria esté en manos de multinacionales.
No todos saldrán ganando en la economía nacional. A corto plazo, esto se traducirá en mayores precios que asumirán los consumidores; a largo plazo, se perderá el estímulo de la competencia para el desarrollo de la productividad, reemplazado por el espejismo de una “industria nacional” protegida. Además, tal iniciativa implica una dependencia aun mayor de la economía norteamericana, porque erosiona la ya frágil independencia y soberanía económica que le queda a México.
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Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).