En marzo de este año un buque petrolero, llamado Challenge Procyon, llegó al puerto de Tampico con más de 60 mil barriles de diésel. Sin embargo, en los papeles no traía combustible sino “aditivos petroquímicos”, mercancía que no paga impuestos de importación. La trampa fue evidente: con esa maniobra se buscaba evitar el pago de impuestos como el IEPS y del IVA, una fuga millonaria para la recaudación del gobierno. El caso terminó destapando una amplia red de empresarios, funcionarios aduanales e incluso altos mandos de la Marina Armada de México involucrados en un esquema de sobornos millonarios para dejar pasar cargamentos ilegales con un saldo de al menos cuatro muertes relacionadas con el caso (Fuente: El País).

El huachicol fiscal consiste en contrabandear diésel burlando los impuestos mediante documentos falsos y favores dentro de las aduanas para declarar el diésel como petroquímicos los cuales están exentos de impuestos. Es decir, en el caso del diésel, la pieza central es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuya cuota actual es de alrededor de 7 pesos por litro (Fuente: Diario Oficial de la Federación). Con ese dato, un solo buque con capacidad de unos 10 millones de litros puede implicar alrededor de 70 millones de pesos de pérdida para las finanzas del estado solo por IEPS.

En cambio, las ganancias del diésel de contrabando se reparten en cadena: primero, en los sobornos que se pagan en las aduanas y a funcionarios de la Marina para permitir la entrada del combustible no registrado como tal; después, en los distribuidores ilegales que lo pueden vender más barato porque no pagan impuestos; y finalmente en los gasolineros que lo compran y lo revenden con un margen mucho mayor que el que tendrían comprando a Pemex. Para encubrir estas operaciones, las gasolineras suelen mezclar el combustible ilegal con el legal en los mismos tanques, declarar menos ventas ante el SAT y cobrar sin factura el diésel ilegal o incluso usar facturas falsas para justificar litros que en realidad entraron por contrabando. Es decir, se trata de toda una red de complicidades y corrupción en la que participan funcionarios del gobierno, políticos y grandes empresarios.

La magnitud del huachicol fiscal es escandalosa. Estimaciones recientes calculan que en 2024 ingresaron ilegalmente al país alrededor de 18 mil millones de litros de combustibles, vía fraude aduanero y “maquillaje” fiscal (Fuente: El País). Eso implica una pérdida anual cercana a 177 mil millones de pesos para el erario, según análisis citados por prensa especializada. En los puertos, las investigaciones refieren sobornos de hasta 1.7 millones de pesos por buque para dejar pasar cargamentos sin revisión. Y mientras todo esto ha ocurrido desde el gobierno de López Obrador y con su conocimiento, el SAT aprieta con mano dura a los trabajadores asalariados, que no tienen escapatoria, y a los pequeños empresarios, que enfrentan fiscalización estricta, es decir, indulgencia arriba, mano dura abajo.

El caso del Challenge Procyon y todo lo que ha destapado no es un hecho aislado, sino el retrato de cómo ha funcionado el huachicol fiscal en la 4T. Mientras el gobierno presume acabar con privilegios y militariza aduanas para limpiar la corrupción, la realidad es que las fugas de impuestos se multiplican bajo la sombra de uniformes y discursos de incorruptibilidad. El resultado es claro: el erario pierde miles de millones, los grandes empresarios y funcionarios cómplices engordan sus cuentas, y la carga fiscal recae en los de siempre, trabajadores y pequeños negocios. Se cerraron los ductos, pero se abrieron las compuertas: la corrupción no se limpia de arriba hacia abajo ni con discursos, se combate con una nueva forma de hacer política y verdadera justicia fiscal.