Según el Gobierno Federal, la “Cuarta Transformación” (4T), iniciada en 2018, evitó el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), refiriéndose a la actual reunificación de 10 subsidiarias creadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que nunca dejaron de ser controladas por el Estado, y que con una deficiente administración durante la 4T produjeron pérdidas millonarias a la CFE, paraestatal que a su vez se tambalea financieramente con una sangría de más de 271 mil millones de pesos (mdp), solamente en 2024.

Entre las 10 subsidiarias eliminadas en este 2025 tras la reforma constitucional de 2024 que las fusionó otra vez a la paraestatal, destaca CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos, ahora “CFE Telecom”, que operó con números rojos en los últimos tres años antes de convertirse en la empresa filial “CFE Telecom”, en marzo de 2025.

De la mano de la Secretaría del Bienestar, el proyecto de telecomunicaciones lanzado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum, promete dar telecomunicaciones e Internet gratis a todos los mexicanos, aunque hasta ahora solamente ha generado pérdidas millonarias, perfilándose más como otro de los planes fracasados de la 4T.

Además, CFE Telecom, operadora de servicios de comunicación digital móvil y fija de la 4T, colabora con la Secretaría del Bienestar para brindar conectividad popular, incluyendo la tarjeta con el Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM en inglés) regalada y tarifas bajas, que adquiere un matiz de programa social bajo el nombre de Conectividad para el Bienestar rumbo a los comicios de 2027.

Con el cambio de nombre desapareció además el sentido de las telecomunicaciones y conexión a Internet gratis “para todos” sostenido por AMLO desde su campaña electoral de 2018, que la misma imposibilidad financiera y tecnológica evidenció tiempo después como una fantasía.

Incluso, ya al final de su sexenio, dos meses antes de las elecciones de julio de 2024, AMLO comentó, durante una reunión con funcionarios de la agencia espacial estadounidense NASA, que –según él– se encargaría de orbitar satélites de la 4T para dar telecomunicaciones e Internet gratuito “para todos”, un tema que también retomara su sucesora Claudia Sheinbaum, en su campaña presidencial.

Con las reformas constitucionales en materia de energía aprobadas en 2024, y con las de Petróleos Mexicanos (Pemex), la CFE fue reconcentrada en una sola empresa de Estado o paraestatal, y ya no es la “Empresa Productiva del Estado”, un esquema asignado en 2013 para que operara como si fuera una firma comercial, hiciera negocios y que no dependiera totalmente del débil presupuesto público.

Al igual que Pemex, la CFE enfrenta problemas de administración y carencia de un plan para hacerse autosostenible financieramente, además, entre 2018 y 2024, tiempo en que la dirigió Manuel Bartlett Díaz, mostró una severa inestabilidad con más pérdidas que ganancias.

Al cierre de 2024, la CFE registró una histórica pérdida de 271 mil mdp; y con esa misma tendencia negativa, en el primer trimestre de 2025 sufrió una sangría de 16.1 mil mdp; mientras en el mismo periodo de 2024 obtuvo ganancias por 1.9 mil mdp, es decir, perdió 8.5 veces más de lo que ganó de un año a otro.

Telecomunicaciones e Internet para Todos, una de las 10 exsubsidiarias de la CFE, este año convertida en CFE Telecom, registró una pérdida de dos mil 350 mdp solamente en 2024, mientras sus resultados de 2021 a 2024 también resultaron negativos, con pérdidas de 5.6 mil mdp, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) del 22 de julio de 2025.

Luego, con datos oficiales presentados en julio de 2024, la operadora de telecomunicaciones digitales instaurada por AMLO el dos de agosto de 2019, “Energy21”, no tiene ingresos suficientes para autofinanciar sus gastos de operación, mantenimiento, y menos para invertir en mejoras al servicio.

A la fecha depende del erario para funcionar, como se expone en el citado reporte: en 2023 recibió 10 mil 900 mdp de presupuesto público y obtuvo 31 mdp en ingresos propios por cobro de servicios; dos millones por penalizaciones a proveedores y otros rubros.

Sostenimiento presupuestal en duda 

Las tarjetas SIM de la CFE han sido regaladas desde mediados de 2023; el usuario paga actualmente 33 pesos por 1GB de datos mensuales en el paquete básico; y en Internet para casa debe comprarse un modem “MiFi” con un costo de mil 145 pesos y cubrir una tarifa mensual de 95 pesos; el paquete incluye una tarjeta SIM para móvil, precargada con 5GB de datos.

Pero sus tarifas no recuperan inversiones en equipos, infraestructura, mantenimiento ni gastos de operación; la mayor parte de sus costos se cubre a modo de subsidio con dinero del erario.

Analistas especializados manifestaron dudas sobre los planes del gobierno con la nueva CFE Telecom, porque hasta al cierre de esta edición, la 4T no había detallado su costo para el erario, la manera de financiarla a largo plazo, incluyendo mantenimiento de servicios e inversiones para mejoras; o si tiene algún plan para alcanzar más ingresos propios.

La CFE también mantuvo otras dos subsidiarias con pérdidas, que fueron reconcentradas en su matriz: CFE Suministro de Servicios Básicos que tuvo una sangría de 135.41 mil mdp, y CFE Generación IV, con 125.72 mil mdp entre 2021 y 2024; entre las dos suman 261.13 mil mdp.

La CFE Distribución manifestó pérdidas por 62.26 mil mdp en 2024; aunque entre 2021 y 2024 fueron 10.61 mil mdp, de acuerdo con el informe La reestructura de la CFE: los riesgos de la centralización, publicado por el IMCO.

La CFE Transmisión también registró una pérdida de 11.52 mil mdp en 2024; y en su balance cuatrianual 2021-2025 terminó con alguna recuperación ubicándose en 26.03 mil mdp.

“El análisis de la situación financiera de las subsidiarias revela un panorama complejo para una CFE reintegrada. Una primera implicación es que, en el agregado, las subsidiarias de generación no han sido rentables a lo largo del tiempo”, subrayó el IMCO.

Con la fusión de subsidiarias a su matriz, la CFE eliminó también los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de cada instancia, concentrando todo en la paraestatal, donde la información sobre el proyecto de Internet, y las operaciones de las demás exsubsidiarias, quedan evidentemente bajo llave.

Abandono de usuarios por mal servicio

Con las SIM regaladas, la CFE atrajo masivamente a usuarios de otras compañías; de tal forma que, entre diciembre de 2022 y julio de 2025, recibió 175 mil 949 nuevos usuarios, pero la abandonaron 48 mil 544, que regresaron a las grandes compañías telefónicas comerciales o se conectaron con los pequeños Operadores Móviles Digitales (OMD).

En el primer semestre de 2025 se incrementó en 398.84 por ciento la cantidad de usuarios que dejaron la compañía y se fueron a otra, utilizando su derecho de “portabilidad”; por lo que la paraestatal pasó de cinco mil 175 abandonos en el primer semestre de 2024 a 25 mil 815 de enero a julio de 2025.

Y en el mismo periodo de enero y julio de 2025, la cantidad de líneas recibidas por la CFE en “portabilidad” desde otras compañías registró una disminución de 23 por ciento, porque bajó de 28 mil 831 usuarios en el primer semestre de 2024 a 22 mil 194 en el mismo periodo de 2025.

Mientras tanto, el 11 de agosto de 2025, 85 proveedores denunciaron retraso de 10 meses en sus pagos, sumando 500 mdp, que son empresas desarrolladoras y operadoras de fibra óptica, sitios base, antenas y otra infraestructura, la mayoría desplegada en la región sur-sureste del país.

“En donde es difícil que sea sostenible financieramente es en el segmento de usuarios de servicios… el gobierno le pasa dinero a la empresa subsidiándole usuarios que al final no se quedan, sino que se van a otro operador… se invierte en infraestructura nueva, pero no se está manteniendo adecuadamente”, reveló a buzos Érick Huerta, exconsejero del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“La existencia de un mayorista de parte del Estado puede apoyar el bienestar social, porque existen operadores sociales (comunitarios) y también pequeños operadores (comerciales), que participan en el mercado de los OMD”.

Sin embargo, “cuando se les pone una competencia desleal (la CFE operando también como minorista), se está aniquilando la posibilidad de desarrollo en las zonas que más lo requieren; no estamos hablando de afectaciones a grandes empresas, sino a las más chicas (como las comunitarias), y eso es lo grave”, explicó Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

Otros riesgos para las finanzas públicas 

En éste y otros casos más, el gobierno de la 4T ejerce todavía medidas como si de verdad ya no existiera en México un modelo económico capitalista de mercados abiertos y libre competencia mercantil, enmarcado en los 14 acuerdos comerciales internacionales del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y avalado por el propio AMLO en 2020.

Con acciones autoritarias produce distorsiones mercantiles, proporcionando argumentos para que empresas inversionistas, especialmente las extranjeras, lo demanden internacionalmente y deba pagar millonarias sanciones en dólares.

La 4T se está consolidando como autoridad reguladora del mercado de las telecomunicaciones tras la eliminación del constitucionalmente autónomo IFT, actualmente en sus últimos días; participa, al mismo tiempo, como minorista con CFE Telecom y como mayorista, mediante Altán Redes, todo en uno; en otras palabras, árbitro y jugador en un mercado abierto que demanda “igualdad de condiciones” para la competencia mercantil, destacaron especialistas.

“Es contrario a cualquier lógica de negocios; ningún mayorista compite con sus minoristas… Se establece una cierta utilidad monopólica… sería muy bueno que el gobierno nos explicara el plan de negocios; y para qué esta participación en los distintos elementos de la cadena de valor, y obviamente, cuál es la rentabilidad (beneficio) tanto económica como social”, refirió a este semanario Érick Huerta, abogado y administrador social, especialista en el sector, quien agregó que, a la vista, “no hay rentabilidad económica, y tampoco hay rentabilidad social, porque la CFE está aniquilando a los pequeños operadores indígenas sociales que están dando servicios en comunidades.

“Por ejemplo, hay comunidades que tienen, digamos, 100 usuarios, y llega la CFE y les regala a todos ellos las tarjetas SIM; entonces, dejan de comprarle a su propio operador; y lo peor es que, entonces, ¿qué hace el operador específico?, no puede aguantar sin ingresos y cierra en esa localidad.

“Y una vez que concluye el periodo de la tarjeta; si no le dieron asesoría los de la CFE, no la supo conectar, etcétera, como ya no está su operador pequeño, porque ya lo aniquilaron, pero sí está Bait (de la corporación estadounidense Walmart) que va a la ciudad, donde hay alguna tienda Walmart, o éstos pasan a ofrecerles sus servicios; entonces a Bait no le pasa nada, pero a los pequeños sí”, aclaró Huerta a buzos.

Misión social y “piso parejo”

La concesión original otorgada por el IFT a CFE, expedida el 28 de agosto de 2019, le autorizó otorgar servicios móviles directamente a consumidores, interconectándose para ello a la Red Compartida operada por la empresa mayorista privada Altán Redes.

Para evitar “distorsiones” mercantiles, el IFT estableció como limitante operar sin fines de lucro, esto es, sin hacer negocios mercantiles, enfocándose únicamente en atender a la población económicamente en desventaja, habitantes de zonas donde los servicios comerciales no llegan.

Según la concesión, puede conectar a la población mayor de 14 años de Zonas de Atención Prioritaria, de alta marginación y atraso social, aplicando una estrategia de “inclusión digital” en términos sociales, además de ofrecer acceso gratuito a Internet exclusivamente en inmuebles y sitios públicos en la República.

De acuerdo con estas reglas, vigentes hasta que desaparezca por completo el autónomo IFT y sea sustituido por la gubernamental Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la CFE debe presentar informes sobre las localidades donde está operando y actualizar la cantidad de personas usuarias.

Además, deberá reportar el avance de sus políticas, programas y estrategias de inclusión digital, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 6°, párrafo 3° de la Constitución, que ordena garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Además, debe mantener una “neutralidad a la competencia”, es decir, no utilizar su condición como empresa de Estado para obtener ventajas, esto se produce para preservar el “piso parejo” para la competencia mercantil entre empresas comerciales del ramo.

El IFT aclara esto en un documento fechado el 14 de febrero de 2024 en el que informa sobre una actualización a la concesión otorgada a la CFE ofreciendo autorización para migrar sus operaciones con tecnología de conectividad 3G a 4G.

Distorsiones en puerta

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 17 de julio de 2025, esta ley sustituye a la expedida en 2013, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero al cierre de esta edición todavía se aplicaba la ley de 2013, porque según dispuso un “artículo transitorio” de la nueva legislación expedida en julio pasado, entrará en vigencia al día siguiente de la instalación formal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que seguía pendiente.

Esa comisión gubernamental, que sustituirá al IFT, organismo autónomo ya suspendido, será dependiente de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que centraliza diversas funciones públicas, entre ellas la autoridad en el sector de comunicaciones tecnológicas.

La nueva legislación publicada por Sheinbaum permite a la CFE obtener concesiones comerciales y también entrar de lleno al mercado como competidor de las firmas grandes, como Telcel, AT&T y Telefónica (Movistar), ofreciendo servicios móviles y fijos en ciudades, lo que analistas identifican como un anticipo de malversaciones en el ramo.

De esta manera, aunque el proyecto original de la CFE se perfiló inicialmente a conectar a la población marginada por las compañías comerciales, impulsando la inclusión digital, la nueva reforma, próxima a entrar en operación, le permitiría ser operador comercial nacional, ofreciendo servicios de telefonía e Internet.

Un problema central previsto por analistas, consiste en que el gobierno de la 4T generará “desigualdad de condiciones” para la competencia empresarial, generando posibles conflictos legales, incluso internacionales; porque a diferencia de los privados, la CFE evidentemente recibe el respaldo del Estado: puede usar los tendidos de fibra óptica, torres, antenas, y “espacio radioeléctrico” nacional sin pago, mientras las rentas cobradas a las firmas comerciales resultan elevadas, según reiteradas quejas.

“Buscamos que haya piso parejo para la competencia, que el gobierno esté sujeto a las mismas reglas y que no pase que ellos no estén sujetos; y todos los demás sí”, demandó Enrique Yamuni, director general de Megacable Holdings en el marco del evento Mega-Tec, realizado el 15 de mayo de 2025, cuando opinó sobre la nueva legislación de telecomunicaciones “que otorgará ventajas indebidas a CFE”, sentenció.

El director de esta firma inversionista en el tendido de redes de fibra óptica para servicios en “mercado fijo” de telecomunicaciones (hogar, empresas), advirtió que si CFE (que ya opera la red de fibra óptica del gobierno) entra a comercializar también servicios de Internet y telefonía fija, como prevé la nueva ley del ramo, arriesgará miles de mdp en infraestructura privada, producirá distorsiones mercantiles y ahuyentará nuevas inversiones.

Mayor concentración de poder 

El 15 de enero de 2025, la 4T consiguió que, al borde de su extinción como organismo público autónomo, el IFT autorizara la compra a la CFE del 49 por ciento de la empresa privada de servicios a mayoristas Altán Redes con sus deudas por 33 mil mdp; con base en la gestión asentada en el expediente UCE/CNC-006-2024, comenzada en agosto de 2024, acumulando con esto más poder en el mercado de las telecomunicaciones.

Esta empresa del Estado, que ya tiene una firma minorista de servicios en CFE Telecom, asumirá el control de la empresa mayorista Altán Redes en los hechos, con la adquisición de 49 por ciento de sus acciones, una firma que ya había sido “rescatada” de la quiebra con dinero público por órdenes de AMLO en 2022.

En declaraciones al diario El Financiero, el 18 de febrero de 2025, Luis Mancera, abogado y socio del despacho Pérez-Llorca, especialista en derecho de telecomunicaciones, alertó que las condiciones impuestas por el IFT para autorizar a CFE la compra de 49 por ciento de Altán, no serán suficientes para garantizar la libre competencia, por lo que no descartó que operadoras virtuales inicien demandas ante los privilegios concentrados.