Durante los últimos 10 años, en México se ha visto un crecimiento sostenido de instituciones financieras no tradicionaless, es decir, empresas de tecnología bancaria que ofrecen cuentas digitales; pero su falta de regulación ha acondicionado malas prácticas, organismos apócrifos y estafas que arriesgan a los usuarios a perder su patrimonio.

El acceso gradualmente más fácil a una cuenta bancaria digital, sobre todo a aquellas que ofrecen “grandes beneficios”, son un gancho para que más mexicanos la soliciten. Sumado a que son pocos los requisitos y la necesidad económica grande, miles recurren a estos servicios bancarios sin considerar los riesgos implícitos.

Así han crecido instituciones no tradicionales de este tipo, como ejemplo persisten Nu Banco, Klar, Didi Préstamos, Finsus, Mercado Pago, entre otras; en parte, debido a la falta de regulación y omisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que han provocado la abundancia considerable de estas instancias.

Pero el riesgo es alto. El caso más reciente es la quiebra del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que dejó a más de un millón de personas repentinamente sin acceso a sus ahorros; el seguro, que supuestamente protegería sus fondos sólo cubría el equivalente a 211 mil pesos por ahorrador y evidenció las debilidades del sistema financiero mexicano para proteger a los usuarios.

La historia de estas entidades bancarias se remonta a finales de 2009: llegaron al mercado mexicano con el objetivo de mejorar la “inclusión financiera” para los sectores más vulnerables de la población, especialmente aquellos en zonas alejadas de las ciudades; pues su funcionamiento, en algunos casos, se basa en un enfoque comunitario mediante procesos simplificados.

Con este modelo cooperativo ofrecen a sus clientes productos que la banca tradicional únicamente otorga a personas con mayores recursos económicos, como cuentas de ahorro, créditos personales y grupales e inversiones no riesgosas, bajo la regulación de la CNBV y la Condusef.

Así, las Sofipos se han posicionado como las entidades financieras preferidas de los mexicanos. La CNBV reconoce a 36 de estas instituciones, 34 de las cuales están autorizadas y en operación con más de 25.2 millones de clientes en el país. Al cierre del primer trimestre del año captaron recursos por 165 mil 364 millones de pesos (mdp).

Al respecto, Ana María Arias, presidenta de la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explica que el rápido avance de las Sofipos se debe a que brindan acceso a crédito y servicios financieros que los bancos tradicionales no ofrecen debido a sus estrictos requisitos.

“A diferencia de las instituciones bancarias convencionales, que suelen contar con procesos largos y complicados, las Sofipos ofrecen una alternativa más rápida, flexible y, lo más importante, accesible”, añadió.

El costo de la omisión

A pesar de esta aparente bonanza en el sector y de los beneficios que tales organismos ofrecen a la población, desde hace años se han registrado casos en los que tales sociedades enfrentan problemas financieros que finalmente las llevan a la quiebra, dejando a millones de ahorradores sin su patrimonio frente a las autoridades reguladoras.

A decir de Álvaro Vértiz, director del capítulo mexicano de Dentons Global Advisors, una Sofipo “quiebra” cuando su modelo de negocio ya no es viable y se vuelve incapaz de operar debido a factores como la falta de un plan estratégico o una mala gestión.

En México, estas instancias no pueden declararse en quiebra instantáneamente, sino que deben ser intervenidas por las autoridades regulatorias para evitar mayor deterioro.

El último caso conocido fue el de la Sofipo Came: las señales de que algo no andaba bien con esta entidad empezaron desde 2024, cuando la empresa bajó su nivel de capitalización, o sea, tenía menos recursos propios para respaldar sus operaciones y cumplir con sus obligaciones financieras, pero ningún funcionario de la CNBV alertó sobre esto.

Según información pública, hasta el cierre del año pasado, la financiera acumulaba una deuda de dos mil 679 mdp y reportaba pérdidas anuales de 427 mdp.

La falta de atención del organismo regulador, es decir, de la CNBV –hasta hace dos semanas a cargo Jesús de la Fuente– provocó que más de 1.3 millones de ahorradores de Came perdieran el acceso a su dinero de un día para otro, entre marzo y abril recientes.

Dos meses después, el 13 de junio de este año, la CNBV acordó intervenir en Came, suspendió sus operaciones y aplicó medidas para proteger a los ahorradores, entre las que se contempló el pago de un fondo de protección de hasta 211 mil pesos por cuentahabiente.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión para la aplicación del fondo de protección, si una persona tenía más dinero de lo cubierto por el seguro, deberá esperar la liquidación de activos de la Sofipo –recursos económicos–, y será hasta después de que la entidad cubra otras obligaciones que el ahorrador pueda recuperar sus recursos.

En el caso de los clientes con créditos, su deuda podría ser comprada por otro organismo y ésta será la encargada de cobrarla.

Otro caso reciente fue el de Financiera Auxi, que recibió 16 sanciones por un total de 3.29 mdp por incumplimiento de requerimientos de capitalización, es decir, contar con menos recursos para solventar sus obligaciones. Estos problemas orillaron a la CNBV, el 15 de enero de este año, a revocarle la autorización para operar, por lo que entró en un proceso de disolución y liquidación.

A estas instituciones se sumó Multiplica México, que recibió sanciones por 3.13 mdp bajo el argumento de que la sociedad incumplió lineamientos de prevención por lavado de dinero.

En este contexto, Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, reveló que las leyes regentes en este tipo de entidades han quedado obsoletas frente a actores más grandes.

“Tendría que actualizarse en materia de requerir mayores colchones de capital en caso de que se llegara a algún incumplimiento. Debe haber mayor prudencia en requerimientos de capital y también buscar una amplitud en la cobertura del seguro”, advirtió.

Pese a estos evidentes problemas en el sector, al menos hasta marzo de este año, 25.27 millones de personas invirtieron, ahorraron y solicitaron créditos ante estas instancias financieras, la mayoría sin conocimiento sobre la existencia y limitaciones de los seguros de protección.

En este sentido, Magaña destacó que “la parte regulatoria debe hacer su tarea, pero también las personas tienen que informarse (…) aquellos que decidan invertir montos por encima del seguro, sepan a qué se están arriesgando”, sentenció.

Entre innovación, quejas y abusos

El sector de las Sofipos y los problemas a su cargo evidencian la ineptitud de los organismos reguladores mexicanos. Estos factores negativos también se suman a la proliferación de otro tipo de entidades: las instituciones de tecnología financiera también conocidas como fintech.

Este rubro incluye bancos 100 por ciento digitales, aplicaciones de pago, plataformas de crédito en línea y Sofipos, que atraen a millones de usuarios con la promesa de servicios más rápidos, flexibles y accesibles. No obstante, muchas operan bajo marcos regulatorios incipientes, lo que las convierte “en terreno fértil” para prácticas poco transparentes: cobros abusivos, manejo opaco de datos personales, incluso esquemas fraudulentos que dejan a los usuarios sin mecanismos claros de defensa.

En México, las más utilizadas son Nu Banco, Mercado Pago, Klar, Stori, Albo, Konfío, Kueski, Spin, Credijusto, Clip y Conekta, las cuales abarcan servicios que van desde la emisión de tarjetas y financiamiento hasta pagos electrónicos y créditos exprés.

En este sentido, Álvaro Vértiz subrayó que “el sector fintech es muy grande y tiene varios participantes, algunos que cumplen con la regulación y otros que abusan de sus usuarios”, alertó. La declaración del experto coincide con los datos de la Condusef; pues de acuerdo al organismo, durante el último trimestre de 2024, el sector fintech registró mil 201 quejas.

El regulador detalló que, en el caso de plataformas de crédito, recibió quejas por amenazar, ofender o intimidar a familiares y compañeros de trabajo de los deudores, incluso reclamos por evidenciarlo públicamente mediante redes sociales, medios de difusión masiva, cartelones o anuncios.

Mercado Pago lideró el número de quejas de este sector con 48 por ciento de las reclamaciones recibidas por la Condusef, en su mayoría relacionadas con cargos no reconocidos, cancelaciones de servicios, envíos o retiros no reconocidos, tal como le sucedió a Samuel Élver Santiago, un joven que, mediante redes sociales, denunció a la plataforma porque desviaron su dinero.

Según su testimonio, él decidió ingresar dinero a su cuenta de Mercado Pago, pero el monto nunca se reflejó en la aplicación, sino que inmediatamente fue retirado por la empresa bajo el argumento de que había otra cuenta a su nombre en la que tenía un adeudo.

“Decidí ingresar dinero a Mercado Pago cuando, de repente, noto que el dinero desaparece (…) dejo pasar cinco minutos, vuelvo a revisar y me percato de que ese dinero fue desviado hacia una cuenta ajena con el argumento de que yo debía una cantidad fuerte en otra cuenta que estaba a mi nombre”, denunció.

Inmediatamente contactó a sus asesores de la plataforma, pues la cuenta a la que supuestamente debía dinero no estaba a su nombre, ni coincidía con ninguno de sus datos personales; sin embargo, el asesor le avisó que, aun así, todos los recursos que ingresara, se destinarían inmediatamente al pago de esa deuda.

Casos como el suyo no están aislados. En redes sociales abundan testimonios de usuarios que señalan bloqueos arbitrarios, retenciones injustificadas de fondos y nula transparencia en los procesos de aclaración. Esto evidencia que, aunque las fintech han logrado posicionarse como una alternativa moderna a la banca tradicional, su rápida expansión supera la capacidad de supervisión efectiva de las autoridades financieras mexicanas.

Estafas sofisticadas

Sumado a este panorama en extremo negativo, existe otro sector omitido tanto por la Condusef, la CNBV, como por la justicia mexicana: las plataformas apócrifas de inversión.

Tales organismos fraudulentos proliferan en línea, utilizando tácticas como la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial (IA) para engañar a la población que desea invertir sus ahorros e incrementar su dinero.

Por ejemplo, se han detectado casos en los que videos de figuras públicas como Claudia Sheinbaum, Carlos Slim o Arturo Elías Ayub son manipulados digitalmente para promover falsas oportunidades de inversión en empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) o en esquemas que supuestamente dejan grandes ganancias.

Recientemente, la Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió alertas sobre el aumento de aplicaciones y plataformas falsas de inversión que operan bajo una apariencia profesional y utilizan estrategias de publicidad engañosa para defraudar a los usuarios. Estas plataformas suelen ofrecer rendimientos extraordinarios sin respaldo legal, lo que las convierte en un riesgo significativo para los ahorradores.

Bajo estos esquemas de estafa, un hombre identificado como “José” denunció que perdió la herencia asignada por su madre. De acuerdo con su testimonio, el primer contacto con los delincuentes ocurrió mediante redes sociales, en el que suplantaron a expertos financieros. Sin notar que era una cuenta falsa, proporcionó información personal y fue dirigido a otras páginas hasta llegar a un chat de WhatsApp, donde le indicaron que empezara por invertir 10 mil pesos.

Retiró sus primeras ganancias y eso le dio confianza para reinvertir hasta que decidió aportar la herencia de su madre, que superaba un mdp.

Cuando quiso retirar sus ganancias, lo persuadieron para que completara una operación por más de dos mdp y concretarla; y hasta ese momento se percató de que había perdido todo su dinero.

“Al momento de que tú llegas a generar ese depósito, pues sí vas a ver reflejada tu ganancia. Para cuando tú vayas generando más y más depósitos, es cuando tú ya tienes esa pérdida, la pérdida de tu dinero”, relató.

Cuando solicitó ayuda a las autoridades, en este caso a la Policía Cibernética de la Ciudad de México, le advirtieron que las posibilidades de recuperar su dinero eran nulas.

Los riesgos de la banca tradicional

Con este panorama en el sector financiero, parecería que las instituciones bancarias convencionales son la opción más segura, pero también se han visto involucradas en escándalos que afectan directamente a los ahorradores.

Recientemente, los clientes de Ci Banco e Intercam experimentaron restricciones en operaciones internacionales, especialmente en aquellas que involucraban transacciones con instituciones estadounidenses.

Esto derivó de una sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues como resultado de una investigación determinó que Ci Banco e Intercam, además de la casa de bolsa Vector, presuntamente facilitaron transacciones ilícitas para beneficiar a grupos del crimen organizado.

Todo esto ocurrió sin que la Condusef detectara irregularidades a tiempo y exhibió la falta de mecanismos de supervisión efectivos para prevenir operaciones de este tipo.

Entrevistado por buzos, Michel Levien González, especialista en prevención del lavado de dinero y anticorrupción, explicó que la acusación del Tesoro planteó que los bancos actuaron deliberadamente y con el crimen organizado para realizar actividades relacionadas con “lavado de dinero”.

En este sentido, consideró necesario que tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses investiguen a cada instancia acusada y a las personas que trabajan en ellas, como los directivos, pues por sus manos pudo haber pasado una decisión relacionada con actividades ilícitas.

Con respecto al panorama financiero nacional, reiteró que las instituciones de banca deben analizar su cultura organizacional, así como a sus empleados. “Quienes pongan en la alta dirección, más vale que sean personas honorables, que tengan ética, valores, que sean impecables (…) que no nada más lo hagan de buenas intenciones, sino que conozcan la técnica, leyes, etcétera… Si yo fuera accionista de estos bancos, estaría pensando en eso, para que no se conviertan en un cascarón que solamente trae adentro un permiso de banca, porque eso sí sería muy malo para el sistema financiero”, insistió.

Con respecto a los cuentahabientes, subrayó que si bien muchas veces, “escogemos (a los bancos) pensando en conveniencia y ventaja, ahora toca agregarle más trabajo a eso”, por lo que recomendó a los ahorradores dividir sus recursos en diferentes instituciones e instrumentos, así como “hacer investigación sobre la reputación de los bancos y de las personas que trabajan en ellos”.

También insistió en que, desde el gobierno, se deben robustecer los organismos reguladores para garantizar la correcta operación de tales instituciones y así proteger al consumidor, al público inversionista y a los ahorradores.

Si las autoridades logran aprender de los errores recientes, hacia el futuro se garantizaría la conformación de un sistema financiero más transparente y robusto, en el que la innovación sirva al usuario y no a quienes buscan aprovecharse de su confianza.