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Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa en un plazo no mayor a seis meses; además de actualizar o elaborar protocolos para la correcta preservación de escenas e indicios, son sólo algunas de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por omisiones en la investigación del inmueble conocido como Rancho Izaguirre en Teuchitlán, el cual fue ubicado como presunto campo de adiestramiento de grupos delictivos.

A la Recomendación 11/2026, la CNDH demandó también a la Fiscalía colaborar en procedimientos administrativos contra funcionarios involucrados; así como fortalecer la capacitación especializada en derechos humanos y manejo de evidencia.

A través de un comunicado, la Comisión destacó que tanto la Fiscalía como el Instituto Forense estatales “omitieron el procesamiento técnico de las evidencias, sin asegurar, adecuadamente el sitio… Particularmente en lo relativo a su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que resultó fundamental para el análisis de la debida preservación del lugar de los hechos y la eficacia de la investigación”.

El organismo nacional recordó que fue el 18 de septiembre de 2024 cuando inició la investigación de los hechos, tras la detención de 10 personas por parte de la Guardia Nacional, aseguramiento del inmueble “y, en caso de encontrar indicios, realizar los registros de inspecciones, aseguramientos y cadena de custodia”. En el lugar, dijo, se registró la existencia de siete vehículos automotores, tres de ellos fueron sustraídos meses después, armas de fuego, objetos de interés criminalístico “indicios de naturaleza balística” y un elemento óseo

Posteriormente, el 3 de octubre de 2024 se ordenó una búsqueda exhaustiva en el predio para descartar posibles sitios de inhumación vinculados con personas desaparecidas. Durante estas diligencias se detectaron restos óseos y diversos objetos que, según la CNDH, no fueron asegurados, clasificados ni registrados adecuadamente en los dictámenes periciales.

Otro de los puntos señalados por el organismo fue que el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de personas al inmueble mientras continuaban las diligencias periciales, lo que provocó la alteración del lugar y de posibles indicios, evidenciando deficiencias en la preservación de la escena.

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores, que hace un año localizó el predio en Teuchitlán, reconoció la recomendación emitida por CNDH y señaló que el documento confirma las omisiones por parte de las autoridades en el resguardo del lugar; así como el procesamiento de indicios y la preservación de evidencias, aspectos que denunciaron las familias de personas desaparecidas desde un inicio.

Finalmente, el colectivo aseguró que estas fallas en la investigación vulneraron el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad y acceder a la justicia, por lo que consideró relevante que la recomendación reconozca las irregularidades señaladas durante el proceso.