En Ciudad Juárez, Chihuahua, el sistema de salud atraviesa por una de sus peores crisis en décadas. Los hospitales públicos están saturados, la inversión pública ha resultado insuficiente y la llegada de miles de migrantes que también requieren atención médica terminó por colapsar la infraestructura disponible. 

 A las 7:10 de la mañana, en el Hospital General de Ciudad Juárez, ya no cabe un alma. Pacientes con fiebre y niños en brazos esperan en bancas improvisadas. Quien consigue consulta, sale con una receta que, demasiadas veces, termina pagándose de su bolsillo. “Hay días que no nos surten nada”, resume una usuaria mientras muestra una receta con el sello “pendiente de surtir”, un testimonio repetido y documentado en medios locales durante años ante la persistencia del desabasto en instituciones públicas. 

La escena no es una excepción coyuntural, representa el síntoma visible del sistema rebasado por una combinación de factores: crecimiento demográfico acelerado, presión adicional de la migración interna y externa y una infraestructura hospitalaria que no ha crecido al ritmo de la demanda. 

Para las familias juarenses, la situación es alarmante: deben esperar meses por una consulta, semanas por una cirugía o, en el peor de los casos, recurrir a hospitales privados cuyos costos rebasan fácilmente los ingresos familiares. 

La contradicción es dolorosa: los trabajadores pagan sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); pero cuando más necesitan el servicio, son obligados a desembolsar miles de pesos en atención privada. Mientras tanto, las promesas oficiales de un sistema “como el de Dinamarca” se convirtieron en un recuerdo incómodo. 

La ciudad crece más rápido que sus hospitales 

Ciudad Juárez es una ciudad marcada por contrastes. De día, sus maquiladoras hierven de actividad, sosteniendo buena parte de la economía norteña del país y exportando al mundo millones de productos electrónicos, textiles y automotrices. De noche, en los barrios marginados, las familias luchan por acceder a lo más básico: un médico que atienda a sus hijos, un hospital con espacio disponible o una farmacia pública que cuente con los medicamentos recetados. 

Con una población de 1.6 millones de habitantes según el Censo 2025, Juárez es la segunda ciudad más poblada de Chihuahua y una de las fronteras más activas del continente. Pero el crecimiento poblacional, acelerado por la inmigración y la emigración, no ha sido atendida por un sistema de salud acorde. El resultado: una crisis silenciosa que coloca a miles de familias al borde del abandono sanitario. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que un país tenga al menos tres camas hospitalarias por cada mil habitantes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) eleva esa cifra a 4.3 camas. Juárez apenas supera las mil camas hospitalarias en total, lo equivalente a una cama por cada mil 600 habitantes. Para alcanzar el estándar mínimo de la OMS, la ciudad necesitaría alrededor de cinco mil camas; y si aspirara al promedio de la OCDE, requeriría más de siete mil. 

Sistema en terapia intensiva 

De acuerdo con cifras del IMSS, la ocupación hospitalaria en Ciudad Juárez supera el 90 por ciento del general; esto significa que apenas existe un margen mínimo para emergencias no previstas. Los pasillos llenos de camillas, los pacientes esperando horas para ser atendidos y las listas de espera que parecen interminables completan el marco diario de salud. 

El problema no solamente es local. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2024, cerca del 50 por ciento de los mexicanos carecía de acceso efectivo a los servicios de salud; esto incluye tanto la falta de médicos como la ausencia de medicamentos. 

En Juárez, donde los habitantes superan la cifra de 1.6 millones, la infraestructura no creció al mismo ritmo que la ciudad. Esto significa que mientras la demanda se incrementa los hospitales están operando con los mismos recursos que en el pasado. 

Familias al límite: pagar lo que no se tiene 

El costo económico para las familias es devastador. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) reporta que el gasto en la salud de los hogares mexicanos representa en promedio 5.2 por ciento de su ingreso total; pero en ciudades fronterizas, como Juárez, ese porcentaje puede duplicarse cuando se recurre a hospitales privados. 

Ejemplos concretos en nosocomios privados de Juárez son parto natural: entre 25 mil y 40 mil pesos; cesárea: hasta 60 mil pesos; cirugía de apéndice: de 50 mil a 70 mil pesos; hospitalización diaria: de cinco mil a ocho mil pesos. 

El ingreso promedio mensual de una familia juarense es de apenas 12 mil pesos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El desequilibrio resulta evidente: una sola emergencia médica puede endeudar a un hogar por años. 

La incongruencia es doble: los trabajadores aún pagan cuotas al IMSS; pero en la práctica, no logran acceder a sus servicios cuando más lo necesitan. 

Hospitales escasos y con carencias 

En Ciudad Juárez funcionan 11 nosocomios principales, entre públicos y privados. En el sector público destacan: el Hospital General Regional No. 2 del IMSS, inaugurado en 2024, con 260 camas; el HGR No. 66 del IMSS, con alrededor de 250 camas; el Hospital General Zonal No. 35, también del IMSS; el Hospital General de Juárez, dependiente de la Secretaría de Salud estatal; el Hospital de la Mujer y el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

En el sector privado operan instituciones como el Hospital Ángeles, Star Médica, el Centro Médico de Especialidades, Poliplaza Médica y el FEMAP. 

Si bien la presencia de hospitales privados es una opción, en realidad sólo una minoría accede a ellos. Las tarifas por consulta, internamiento o cirugías superan fácilmente el ingreso mensual de los juarenses. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 40 por ciento de la población en Juárez vive con ingresos de uno a dos salarios mínimos, es decir, menos de nueve mil pesos mensuales. Un parto en un hospital privado puede costar más de 30 mil pesos; una cirugía de apéndice, entre 50 mil y 80 mil. Para la mayoría, pagar esas cifras es impensable. 

Migración: factor que multiplica la presión 

A la población local se suma la presión migratoria. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que entre 2023 y 2024 más de 100 mil migrantes internacionales pasaron por Ciudad Juárez. Muchos permanecen en la ciudad durante semanas o meses antes de cruzar legal o ilegalmente a Estados Unidos. 

En momentos críticos, los albergues han hospedado hasta 20 mil personas al mismo tiempo. De ellas, un porcentaje importante requiere atención médica: mujeres embarazadas, niños con enfermedades respiratorias, personas con padecimientos crónicos y víctimas de violencia. 

A estos percances se añade la migración interna. Miles de familias llegan cada año desde Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y del mismo Chihuahua para emplearse en maquiladoras. Esa población se instala permanentemente y demanda acceso regular a servicios de salud. 

La frontera, entonces, funciona como una olla de presión. Si la capacidad hospitalaria ya es insuficiente para los residentes, lo es mucho más para una población flotante de miles de migrantes. 

Voces desde la crisis sanitaria 

Las historias personales multiplican el eco de una tragedia que no distingue edad, género ni condición social. 

Manuel Rodríguez, migrante de 33 años, cuenta lo que vivió en un albergue improvisado cerca del puente Santa Fe: “mi hijo se enfermó de diarrea y fiebre; lo llevamos al hospital y estuvimos más de ocho horas esperando. Nos dijeron que no había camas y que únicamente podían darle suero. Somos migrantes, no tenemos dinero para una clínica privada. Fue un suplicio”, lamentó. 

Carmen Jiménez, jubilada de 72 años, derechohabiente del ISSSTE, narra entre la resignación y el enojo: “antes tenía consultas cada mes para mi presión, ahora me las dan cada tres meses. Y cuando llego, me cambian el medicamente porque no hay. A mi edad no debería preocuparme por eso, pero el sistema ya no funciona”. 

Estos relatos no son casos aislados; representan la realidad de miles de familias juarenses que enfrentan diariamente un sistema de salud que parece haber perdido su razón de ser: garantizar el derecho a la atención médica. Las experiencias en los pasillos de los hospitales, en las farmacias sin medicamentos y las salas de urgencias sin camas disponibles, reflejan un colapso estructural que afecta a los más vulnerables. 

Cada testimonio es un recordatorio de cómo el discurso oficial de que “la salud es un derecho” no corresponde con la práctica de largas esperas, compras forzadas en farmacias privadas y gastos que “desangran” a los hogares. En Juárez, curarse de alguna enfermedad se ha convertido en un lujo que pocos pueden costear; y sobrevivir a una emergencia depende, más que del apoyo institucional, de la capacidad de las familias para endeudarse. 

Desabasto que desespera 

La carencia de medicamentos es otro aspecto de la crisis sanitaria en México y Ciudad Juárez. La Federación Farmacéutica Mexicana reportó que, en 2023, en el país ya no se surtieron más de 20 millones de recetas, un fenómeno que exhibe fallas profundas en la logística, distribución y planeación de insumos médicos. En Chihuahua, los hospitales públicos enfrentan constantemente la falta de antibióticos, analgésicos y medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y asma, obligando a pacientes a comprar fuera lo que debería proporcionarse gratuitamente. 

El impacto económico sobre las familias es enorme. Según la OCDE, en México, el 40 por ciento del gasto en salud proviene directamente del bolsillo de los hogares, cuando el promedio internacional se ubica en alrededor de 20 por ciento. Para una familia juarense con un ingreso mensual de nueve mil pesos, destinar mil 500 pesos sólo a medicamentos implica renunciar a necesidades básicas como alimentos y transporte, incluida la vivienda. Este escenario convierte la enfermedad en un riesgo doble, no solamente por la salud física, sino por la capacidad de la familia para mantenerse económicamente a flote. 

El desabasto constante, sumado a la saturación hospitalaria y a la insuficiencia de personal, convierte al sistema de salud en un laberinto desesperante, donde quienes más dependen de él son también quienes más sufren las consecuencias. La población enfrenta un dilema cruel: esperar en largas filas por atención pública que no llega o endeudarse en el sector privado para no arriesgar su vida o la de sus seres queridos. 

Promesa que nunca llegó 

Durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que México contaría con un sistema de salud “como el de Dinamarca”, insistiendo en que “la salud no es un lujo, sino un derecho de todos los mexicanos”. Sin embargo, la realidad en Ciudad Juárez y en todo el país demuestra que esa promesa no se ha cumplido. 

Mientras Dinamarca invierte en salud más de cinco mil dólares anuales por persona, asegurando cobertura universal, atención inmediata y una red hospitalaria moderna y bien equipada, México destina apenas 600 dólares por persona, reflejando la insuficiencia crónica de recursos para atender a la población. La OMS recomienda un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para garantizar un sistema de salud funcional; México apenas alcanza 2.8 por ciento, la cifra más baja entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 8.8 por ciento. 

Mientras los pacientes de primer mundo reciben atención rápida y medicamentos garantizados, los juarenses deben enfrentar largas esperas, filas interminables y la necesidad de comprar medicinas por su cuenta. La promesa de AMLO de un sistema moderno, gratuito y universal se convirtió en un discurso que contrasta dolorosamente con la realidad: enfermarse en México implica no sólo un riesgo para la salud, sino también un golpe económico y social para las familias. 

Oportunismo político 

La crisis de salud también ha sido terreno de oportunismo político. La senadora morenista Andrea Chávez fue señalada por organizar brigadas médicas con fines de proselitismo anticonstitucional. 

De acuerdo con denuncias de organizaciones civiles, Chávez entregaba medicamentos y ofrecía consultas médicas en eventos donde su imagen y su nombre protagonizaban las reuniones. Todo ocurría mientras los hospitales públicos carecían de insumos básicos. 

La indignación fue inmediata: mientras la población sufre la falta de medicamentos en los nosocomios, una senadora utiliza la necesidad de la gente como trampolín electoral. 

Una prioridad desplazada 

El colapso sanitario no es exclusivo de Juárez; refleja lo que ocurre en México. Sin embargo, en lugar de atender de raíz la crisis de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum ha centrado parte de su discurso en otros temas, como la promoción del “chocolate y café del bienestar”. 

Aunque la diversificación productiva es positiva, resulta inconcebible que mientras hospitales cierran quirófanos por falta de anestesia, el Gobierno Federal plantea con orgullo los programas secundarios. El contraste exhibe la desconexión entre la realidad y las prioridades oficiales. 

Ciudad Juárez se ha convertido en un espejo de la crisis nacional del sistema de salud. En esta frontera, miles de familias enfrentan servicios de salud colapsados que las obliga a gastar lo que no tienen, a esperar meses por una cita médica o, en muchos casos, a resignarse a no recibir atención alguna; lo que debería ser un derecho constitucional, se ha transformado en un lujo inaccesible para quienes más lo necesitan. 

El discurso de que “la salud no es un lujo, sino un derecho” agoniza en los pasillos hospitalarios llenos, camas insuficientes y farmacias vacías. Mientras no exista una inversión pública sostenida, un plan estratégico para modernizar los nosocomios y garantizar la distribución de medicamentos, este derecho permanecerá únicamente como promesa incumplida. Los datos son elocuentes: México destina apenas 2.8 por ciento del PIB a salud, la cifra más baja de la OCDE, con un promedio de 1.5 camas por cada mil habitantes en el país y apenas 0.8 camas por cada mil habitantes en Ciudad Juárez. 

Juárez, en crecimiento demográfico acelerado y con un papel fundamental en la economía nacional, merece mucho más que discursos: necesita hospitales suficientes, médicos capacitados, medicamentos accesibles y un sistema que realmente proteja la salud de la población. Esta crisis de salud en la frontera no es un problema aislado, es el reflejo de un país que debe transformar su sistema sanitario si realmente pretende garantizar derechos y no sólo mantener promesas vacías. Sin salud, no hay futuro posible, y mientras se postergue la acción, la agonía tocará las puertas de los hogares más vulnerables.