El Gobierno Federal está encabezado por una mujer, otra despacha en la Secretaría de Gobernación (Segob), existe una Secretaría de las Mujeres y 2025 fue designado como el año de la “Mujer Indígena”, pero las mujeres jornaleras del país se encuentran abandonadas.

Sara ha pasado la mayor parte de su vida viajando cada ciclo agrícola hacia los campos e invernaderos en el estado de Sinaloa, trabaja durante seis meses y después regresa a su comunidad en la región de la montaña en el estado de Guerrero. No va sola, carga con sus pequeños hijos y esposo. Hoy, ella y sus compañeras alzan la voz para denunciar la falta de apoyo pero, sobre todo, para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum que cumpla sus compromisos de campaña anunciados para las mujeres.

No existen estadísticas precisas sobre el número de jornaleros en el país. El extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó en 2022 la existencia de dos millones 600 mil personas jornaleras; pero organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que la cifra rebasa los cinco millones, una población vulnerable, sin seguridad social, educación ni servicios de salud; y la mayoría sin acceso a los programas sociales del Gobierno Federal.

Entre esos millones de jornaleros se encuentran Sara, Rosa, María e Isa, mujeres jornaleras que accedieron a dar su testimonio sobre su vida en los campos norteños del país. Oriundas de la región de la montaña en Guerrero, donde prevalecen la pobreza y la marginación; la necesidad las ha obligado desde hace años a buscar trabajo fuera de su estado.

“Toda mi familia se va a los campos, no los dejo; llevo a todos: a mis hijos y a mi marido. Es por una temporada: seis meses estamos allá en Sinaloa, salimos en octubre”, contó Rosa. Cada temporada abandona su comunidad, Cacahuatepec, desde donde salen entre dos y tres camiones con alrededor de 40 personas jornaleras que se dirigen a los grandes campos en Sinaloa. Pasarán el ciclo agrícola trabajando en la preparación del terreno y “echando” la planta, ya sea de jitomate o chile morrón; trabajan en los invernaderos, plantarán y enredarán las guías y deshojarán las plantas de pepino. A pesar del riesgo que representa su trabajo, lo hacen sin recibir las prestaciones de ley ni atención médica, “no nos dan seguro”, denunció la joven jornalera.

En su primer informe de gobierno, el pasado primero de septiembre, Claudia Sheinbaum presumió, ante el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) –integrado por unos 70 pueblos originarios– y demás invitados, que hizo justicia a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues “no puede haber justicia verdadera si no se salda la deuda histórica con los pueblos indígenas”.

Pero para las mujeres jornaleras no existe tal respaldo; han vivido en carne propia la falta de apoyos en atención médica, educación y seguridad social; incluso les han negado los programas sociales.

Compromisos en el olvido 

En agosto pasado, a cinco años de su conformación, la Alianza Campo Justo, integrada por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA) y Comité de Oxford para el Alivio de la Hambruna (Oxfam) México, presentó su informe Pendientes aún las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para mujeres jornaleras.

Según expusieron, a pesar de que existe un compromiso en el PND de la Presidenta para garantizar el trabajo digno a las mujeres jornaleras, un salario justo, jornada legal y acceso a la seguridad social, en los hechos “no se avanza conforme a lo esperado.

“La exclusión estructural persiste y las promesas no alcanzan. Mientras se habla de dignificar el trabajo agrícola, las mujeres jornaleras, en su mayoría indígenas y migrantes, siguen enfrentando condiciones laborales precarias, desplazamiento forzado, falta de servicios públicos y abandono institucional”, expuso en un comunicado la Alianza.

Claudia Sheinbaum ha destacado su apoyo a las mujeres y comunidades indígenas en su discurso; pero éste “no ha logrado traducirse en acciones concretas para la población jornalera. Sin políticas públicas adecuadas para hacer valer los derechos laborales; el discurso, aunque simbólico, no logra trascender a la realidad de las mujeres jornaleras que continuamente sufren violaciones a sus derechos”.

Las mujeres jornaleras que estuvieron en la presentación de los resultados expusieron que el salario proporcionado por su trabajo diario en los campos, con jornadas extenuantes, resulta insuficiente y no les alcanza para cubrir sus necesidades. Para sobrevivir, todos los miembros de la familia deben trabajar, incluidos los menores de edad. Además, la atención médica no está garantizada ni por parte de la autoridad responsable, es decir la Secretaría de Salud (SS) federal o estatal, ni por los dueños de los campos y viveros.

“Se deben implementar medidas estructurales que garanticen la inclusión social, seguridad y dignidad para millones de personas jornaleras, en particular para las mujeres indígenas migrantes del campo mexicano y sus familias”, es una de las conclusiones a que han llegado las organizaciones de la sociedad civil.

Otras acciones formuladas en el informe de la Alianza Campo Justo consisten en que se “deben realizar inspecciones regulares en los campos agrícolas y capacitaciones a patrones y trabajadores para garantizar que respeten los derechos laborales de los jornaleros, especialmente de las mujeres, y se cumplan con las condiciones mínimas de trabajo, salud, cuidados y seguridad”, pues a la fecha nada de esto se realiza en los campos.

“Quienes nos llevan –los operadores de transporte–, nos dicen que no valemos nada, que únicamente somos jornaleras”, comentó María, otra de las mujeres entrevistadas. Y narró la situación que padecen desde que se suben al transporte, la mayoría de las veces unidades sin condiciones necesarias para un viaje largo, de su comunidad hasta Sinaloa. Una vez que llegan a los campos, sufren más discriminación, sin vivienda ni alimentos, “cuando llegamos, no tenemos dinero, porque no llevamos nada para comer; nos han dado alimentos descompuestos; si hablamos, nos callan, que porque no sabemos hablar, porque hablamos náhuatl”, agregó.

Rosa, otra de las jornaleras, recuerda que desde muy pequeña se ha dedicado al campo, sus padres la llevaban; ha estado en los grandes campos de Sinaloa; La Paz, Baja California Sur; Torreón, Coahuila, entre otros lugares. Ella denunció el trato de quienes las contratan y demandó a las autoridades velar por sus derechos, “no quiero que siga sucediendo; los que vienen a mi pueblo a traernos, nos engañan: nos dicen que allá –en los campos– hay guardería, que los niños pueden estudiar y que todo está bien. Cuando llegamos, no hay nada de eso: no hay escuelas ni cuartos donde nos vamos a quedar; si bien nos va, nos dan una casa abandonada; es muy triste lo que nos pasa como jornaleros y jornaleras”, lamentó.

Rosa reveló a buzos que la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, tampoco ha apoyado a las jornaleras. Se ven obligadas a abandonar sus comunidades debido a la falta de trabajo; pero no sólo eso: también carecen de centros de salud, por lo que cuando se enferman, deben salir de sus pueblos para recibir atención médica.

El CDHMT, que realiza trabajo en las comunidades y municipios de La Montaña en el estado de Guerrero, consignó que los jornaleros se encuentran indefensos, ya que en sus comunidades la situación de violencia les complica todo; y a los estados donde llegan los jornaleros, Sinaloa por ejemplo, también existe violencia ocasionada por los grupos del crimen organizado. Por si fuera poco, el traslado es uno de los problemas al que se enfrentan las familias de jornaleros; pues en muchas ocasiones los camiones en que viajan se descomponen en el camino y su monitoreo resulta difícil en caso de percances o emergencia; y no se sabe si llegaron o no.

Abel Barrera Hernández, director del CDHMT reportó a buzos que, en la región de La Montaña, familias completas son jornaleras y que cada ciclo agrícola salen de municipios como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Tlapa, Xalpatláhuac, Alcozauca y Copanatoyac; cerca de 12 mil personas migran anualmente desde estos puntos hacia los campos; en Guerrero, la cifra de jornaleros desplazados llega a 40 mil, según el subregistro no oficial del Consejo de Jornaleros y Jornaleras de La Montaña (CJJLM), ya que no existe una estadística oficial de las autoridades.

“A pesar de que en Guerrero existen la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y la Secretaría del Migrante, no se realiza ningún monitoreo ni registro; es muy necesario tener con mayor precisión la estadística de las personas que trabajan como jornaleros agrícolas”, añadió para este medio.

Jornaleras sin apoyos… y les pagan ¡dos pesos por cubeta!

A pesar de que el Gobierno Federal presume entregar programas sociales a los más pobres, los jornaleros son la población que menos apoyos recibe, según los testimonios recabados por la Alianza Campo Justo.

Y las jornaleras son principalmente quienes no reciben ningún tipo de apoyo, en parte por los requisitos y reglas de operación de los programas, que incluyen un exceso de documentos requeridos y por la movilidad de las personas. Rosa, por ejemplo, intentó cobrar las becas de sus hijos en Sinaloa, pero le advirtieron que solamente lo podía realizar en Guerrero.

Isa, otra mujer jornalera, contó que cuando regresó a Guerrero buscó la forma de cobrar sus apoyos gubernamentales, pero no pudo. “Me dijeron que mi tarjeta estaba en Guadalajara y tuve que ir hasta allá a traerla y saqué de mi bolsa para el pasaje; y los pagos que habían quedado –que no cobró durante su estancia en el jornal–, me lo quitaron todo”, denunció. Para colmo, los funcionarios le indicaron que, si no recogía su tarjeta, ya no se podía inscribir a ningún programa social: “entonces a fuerza tuve que ir por la tarjeta a Guadalajara”, sentenció.

Sin embargo, debido a la falta de flexibilidad de las dependencias encargadas de entregar los apoyos, sobre todo de la Secretaría (SB) y Banco del Bienestar (BB), las mujeres jornaleras se ven obligadas a trabajar en condiciones propias del siglo pasado. “Me he tenido que hincar en un surco sobre el lodo (con nueve meses de embarazo) para que pueda comer mi familia (…) he tenido que aplastar a mi bebé para que pueda ganar un poquito de dinero y ni siquiera me alcanza con eso”, demandó Sara.

En los campos de Sinaloa, las mujeres jornaleras reciben 200 pesos diarios por su trabajo; pero eso apenas les alcanza para cubrir un poco sus necesidades, destacan las afectadas, comparado con lo que deben ahorrar para comprar alimentos; si se enferman, tienen que sacar de su bolsillo.

Para ganar un poco más de 200 pesos, deben trabajar casi todo el día. Tramposamente, los dueños de los viveros y campos pagan por cubeta o bote de producto recolectado. “Hoy los patrones no pagan por día, nos pagan por rendimiento; depende de cuánto hagamos: si es por caja, cubeta o arpillas, pero es una miseria. En general, nos están pagando dos pesos por cada cubeta que llenamos de pepino o jitomate, ¡dos pesos!; entonces tenemos que echarle ganas: correr, todo el día, las ocho horas o más de trabajo para ganar los 300 pesos. Con dos pesos no nos alcanza para nada”, subrayó inconforme Sara.

Las jornaleras entrevistadas coinciden en que los patrones deben ser “conscientes de que nuestro trabajo vale; de ahí sale la verdura que llega a los mercados, que llega a la mesa; nosotros los cosechamos”. Son los propios jornaleros quienes desesperadamente han decidido luchar ante el injusto pago que reciben por su trabajo; Sara denuncia que, en una ocasión, con un grupo de compañeras, “por coraje, de que no nos hacen caso, nos salimos –del campo donde estaban– de madrugada y caminamos hasta llegar a otro campo”; pero la situación no cambió sustancialmente, el salario bajo siguió y, por la necesidad, continuaron trabajando.

Alexandra Hass, directora ejecutiva de Oxfam México, reveló que “la seguridad social es un tema delicado; tiene muchas trabas para que se adapte a las realidades, a los ciclos de trabajo de las personas jornaleras, no hay congruencia con la estacionalidad del trabajo, los procesos de afiliación resultan complejos para cumplir con las reglas de operación”.

Como institución, Alianza Campo Justo ha propuesto medidas para beneficiar a las mujeres jornaleras y sus familias, entre ellas destacan la continuidad de los servicios médicos durante el año, registro único para atender a la población vulnerable y módulos móviles para que estén en los campos y que las personas puedan registrarse fácilmente. Sobre los servicios de salud, señaló que deben estar adaptados a las realidades y que los patrones deben otorgar seguros de trabajo a los jornaleros.

La RNJJA registra las entidades que más expulsan población jornalera al año, entre éstas destacan Oaxaca, Chiapas, Veracruz y, sobre todo, Guerrero, de donde salen familias completas que se van por temporadas enteras a varias entidades norteñas, como Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Coahuila, Monterrey y Sonora. “Hay más de 22 estados que tienen origen y destino de personas jornaleras; es una población de más de cinco millones de personas que históricamente han estado excluidas de las políticas públicas; así que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene en la agenda, es momento de que empiece a cumplir”, exhortó Susana Cruickshank, coordinadora de la Red.

“Las personas viajan con los pequeños, sus hijos, con personas adultas y trabajan ambos: hombre y mujer, y la mujer se hace cargo de los niños en el surco; y tiene que darles de comer en el albergue o donde se les dé; la carga de trabajo de las mujeres es mayor, dos o tres veces más que los compañeros jornaleros; pero todos son parte de la exclusión en este sistema económico”, sostuvo.