2024 y lo que va de 2025 han sido particularmente secos para San Luis Potosí. Las altas temperaturas han alcanzado registros históricos y una drástica disminución de caudal en los ríos debido a la escasez de lluvias; hoy, incluso, se tambalea uno de los proyectos hídricos para reducir los estragos de la crisis hídrica, la cancelación de la presa Las Escobas.

Un informe precisa que, según la norma Oficial mexicana NOM-011-CONAGUA-2015 –el método oficial para calcular la disponibilidad de agua nacional–, en varias zonas de San Luis Potosí el agua disponible resulta insuficiente para cubrir la demanda, sobre todo en la zona metropolitana.

La situación puede volverse desesperante por la continua escasez de agua en la entidad, marcadamente en el centro y altiplano, que se deriva de la falta de lluvias durante prolongados periodos de sequía, concretadas en la aguda crisis hídrica por la sobreexplotación de mantos freáticos, debido a la desmedida extracción mediante pozos autorizados que satisfacen las necesidades de la creciente población e industria en la zona metropolitana.

A las concesiones para uso agropecuario, se agrega el huachicol del agua (extracción irregular o clandestina del líquido vital) para la indiscriminada venta a piperos sin registro ni contabilidad oficial, que se ocupan de abastecer zonas donde no llega el líquido de manera regular, pero a altos costos.

De 19 acuíferos ubicados en el estado, ocho de ellos están clasificados con “estrés hídrico”, incluido el de la cuenca hidrológica que abarca a la zona metropolitana integrada por los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Pozos, Zaragoza y Mexquitic de Carmona, que representa un riesgo para la sustentabilidad de miles de familias potosinas asentadas en la zona.

En 1960, a decir de los expertos Sócrates Figueroa Miranda, José Tuxpan Vargas y Sanjeet K. Verma, el suministro de agua se dividía, entre fuentes superficiales y subterráneas, en 59 y 41 por ciento respectivamente. Para el 2025, el 92 por ciento de la demanda se cubre con agua subterránea. El agotamiento del acuífero es una tendencia que se aproxima a la extinción.

Ahora sin lluvias durante gran parte del año, las presas principales permanecen secas o con niveles insuficientes para satisfacer las necesidades de las familias, a lo que se suman las constantes fallas en la línea de conducción proveniente de la presa El Realito, asentada en territorio guanajuatense, proyecto concretado durante el sexenio de Felipe Calderón y concebido para dotar permanentemente de agua a más de 30 mil potosinos de la capital, los cuales hoy, debido a la mala calidad de la obra ejecutada, constantemente se quedan sin agua.

Esta crisis agrava el incumplimiento a la satisfacción del derecho universal de acceso al agua, contemplado en la Constitución y los tratados internacionales, pues existen serias deficiencias en la cobertura del servicio de agua potable que, como consta en las estadísticas de organismos oficiales, un alto porcentaje de pobladores no recibe el servicio o lo hace de manera esporádica.

De tal forma que la entidad se encuentra en un punto crítico pues, según los datos de la Estadística Anual del Consumo de Agua en el estado de San Luis Potosí por región hidrológica, respaldada con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el extinto Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), los acuíferos El Barril, Villa de Arista, Matehuala-Huizache, Salinas de Hidalgo y la capital del estado se encuentran en fase de “situación especialmente preocupante”.

Mitigar las crisis 

Durante el gobierno interino de Gonzalo Martínez Corbalá (1991-1992) y ante la situación de sequía que ya afectaba a vastas regiones del estado, alternada con severas inundaciones en otras, se pensó en realizar el proyecto de una nueva presa cerca de la zona metropolitana, cuya construcción fue olvidada hasta el sexenio de Marcelo de Los Santos Fraga (2003-2009), cuando se optó por echar a andar el proyecto de la presa El Realito, con la participación del Gobierno Federal y de los estados involucrados de Guanajuato y San Luis Potosí.

Ese proyecto sólo contemplaba el suministro del líquido para los habitantes de la capital potosina; mientras zonas como el altiplano quedaban fuera de la cobertura; dos sexenios después, con el priista Juan Manuel Carreras López, comenzó la ejecución del proyecto de la presa La Maroma, en la zona de Matehuala, obra que nunca se concluyó.

Con alertas emitidas por especialistas y las continuas protestas ciudadanas debido a la falta constante del servicio, y mediante decreto aprobado por la legislatura local en el 2022, se creó el Consejo Hídrico Estatal (CHE). Por otro lado, a instancias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se fundó el Grupo Universitario del Agua (GUA), avalado por el Consejo Universitario, que busca coordinar todos los esfuerzos, tanto de especialistas como de instituciones para resolver la mencionada crisis.

En 2024, entre sus primeras acciones, reportaron que la deficiente infraestructura de servicios y el uso desmedido del vital líquido conducía a la entidad a un punto crítico.

Especialistas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica advirtieron que el acuífero de SLP, vital para el abastecimiento de agua potable en la región, afronta una crisis sin precedentes: con una extensión de mil 980 km², este reservorio destaca como el recurso primario para el abastecimiento de agua de 40 por ciento de la población estatal concentrada en la zona metropolitana y municipios vecinos y desde los años 90 del siglo pasado fue clasificado como sobreexplotado por la Conagua y ha presentado una tasa de abatimiento de cuatro metros por año, cuyo nivel estático se encuentra en un rango de 95 a 155 metros de profundidad.

Sobre los servicios, según reporta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), sólo el 55.8 por ciento de las viviendas en la entidad accede diariamente al agua entubada; mientras el Coneval informó que sólo 25 por ciento de los potosinos tiene al menos una carencia en servicios básicos dentro de la vivienda; y el acceso al agua potable y el drenaje son los dos más comunes.

La escasez del líquido en los hogares de la zona centro, donde se sitúa la capital del estado, resulta preocupante porque, además, sufre contaminación por flúor y arsénico. No obstante, zonas donde la exuberante flora y los afluentes hidrológicos habían constituido alguna riqueza turística en la región huasteca, también son afectados actualmente.

Presa Las Escobas

El 21 de noviembre de 2024, en la Ciudad de México (CDMX), fue presentado el Plan Nacional Hídrico por la recién ungida presidenta Claudia Sheinbaum, documento oficial con los 16 “grandes” proyectos a realizarse durante su sexenio para resolver la crisis de agua, uno de los graves problemas derivados de la explotación excesiva de mantos acuíferos por actividades industriales y domésticas, y por la deficiente administración de los recursos hídricos nacionales.

En este propósito, con el numeral 7, aparece la presa Las Escobas, en San Luis Potosí. El 12 de marzo de 2025, durante la presentación de avances del Plan Nacional Hídrico, ante los medios de comunicación, además de reconocer la importancia de esta medida, el gobierno local precisó que la construcción de la obra daría inicio en el mes de agosto de este año mediante aportaciones bipartitas (Estado-federación) con 600 millones de pesos (mdp) de inversión, que quedaría concluida en 2026 y se ubicaría justo detrás de la presa San José, con lo que se garantizaría que el agua recogida sería “resguardada para consumo de la población durante los periodos de sequía”.

En San Luis Potosí la información generó entusiasmo tanto moderado como desbordado; y, en algunos sectores, escepticismo fundado, sobre todo entre especialistas y activistas ambientales que cuestionaron la viabilidad del proyecto como verdadera solución a la falta de agua en la capital del estado y su zona conurbada, dadas las características que, a su entender, se desprendían de la ubicación del proyecto.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero, puntualizó que el proyecto de infraestructura, si bien puede servir, no aborda el origen del problema evidenciado en la gestión de los recursos hídricos y la especulación del suelo, “estos proyectos deberán ser a la par de la regulación de los pagos de los grandes deudores, así como en la explotación y consumo de los recursos provenientes de la industria de alta extracción hídrica, cada vez con mayor presencia en la región y cuya actividad no puede ser sostenida con las condiciones del acuífero potosino”.

Los expertos confiaron en que, con la elaboración del proyecto técnico, se contemple la construcción de un ducto y la planta potabilizadora, porque se requiere para aumentar el caudal. Actualmente, la red de distribución existente a partir de los vasos captadores de San José, El Potosino y El Peaje, ubicados sobre la misma cuenca hidrológica, atraviesa la zona de Escalerillas, entre cañones de cantera, al poniente de la capital potosina y desembocan a la planta potabilizadora de Los filtros.

Clemente Rodríguez Cuevas, doctor en mecánica de fluidos e integrante del Grupo Universitario del Agua, anunció en marzo pasado que, como punto crítico por el desabasto de agua en la zona conurbada a la capital, se revela el descomunal desperdicio del líquido, equivalente a 46.7 por ciento (casi la mitad) de lo inyectado a la red de reparto; para lo que recomendó rehabilitar totalmente la red de distribución como medida de corrección.

Por otro lado, “según especialistas consultados, por el tamaño del área tributaria (cuenca) y el vaso de captación, medidas de la boquilla donde se construirá la cortina y su probable altura, contará con la capacidad para almacenar por mucho tres millones de metros cúbicos, y no los seis millones como se había anunciado por el gobierno estatal”, suscribió el periodista Juan José Rodríguez en su columna semanal del 20 de marzo.

Y reveló que: “se sabrá hasta terminado el proyecto ejecutivo encomendado a la Comisión Estatal del Agua si se le añade un ducto y una planta potabilizadora que permitiría el aumento del líquido inyectado a la red de reparto”, además, se pronunció a favor de corregir el enorme problema del desperdicio de agua por las malas condiciones de la red de distribución, solución que, a su juicio, resulta costosa pero eficaz y necesaria.

A principios de mayo, el gobierno estatal anunció la realización de varios proyectos hídricos, entre ellos la construcción de la presa Las Escobas, que iniciaría a mediados del mes y, una vez desarrollada, quedaría pendiente concluir el sistema de presas de El Palmarito y Suspiro Picacho.

Se informó que el proyecto de construcción de la presa Las Escobas sería una obra con un presupuesto de 600 mdp, beneficiaría a 69 mil habitantes y quedaría a cargo de la Conagua.

La presa Las Escobas –según información oficial– pretende ser un proyecto que termine con el desfogue de la presa San José y asegure el abasto de agua por las próximas cinco décadas; pues contempla un vaso de captación de seis millones de metros cúbicos de agua. Con esta obra también se impedirá la perforación y explotación de pozos en esa área para evitar el abatimiento de los mantos acuíferos.

Pero en los siguientes meses surgieron versiones cruzadas sobre el avance y cumplimiento de las fases técnico-jurídicas previas del proyecto entre la Conagua y la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí (CEA), por lo que se recorrieron los plazos, mientras la hora de la ejecución de la obra es incierta.

Aunque el plazo definitivo venció en agosto, trascendió, en medios locales, que “el proyecto se encuentra naufragando”.

El estado tenía el pasado 25 de mayo como plazo para entregar los estudios de ingeniería básica, la manifestación y los recursos de impacto ambiental, así como la acreditación de la propiedad de la tierra y que la Conagua gestionara los recursos necesarios para la edificación. Finalmente, la otra responsabilidad del estado consiste en poner a disposición de la Conagua las tierras necesarias, sin ningún tipo de reserva, duda o conflicto respecto de su tenencia. “De no entregar en su totalidad los requisitos solicitados por la Conagua, el Gobierno de México no podrá liberar los recursos financieros necesarios para iniciar la obra”, previó Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en el estado; “desde la CEA, este martes se informó que el tema ya está en Conagua y depende de ellos”, reportó El Sol de San Luis días después.

Una vez que se firme el convenio, el gobierno del estado debe entregar por lo menos dos expedientes. Uno de ellos es el llamado “Ingeniería básica” que debe incluir los principales puntos de referencia: localización precisa del vaso y de la cortina; estudios hidrológicos y topográficos, etc. Dos, la llamada “Manifestación de impacto ambiental”, que debe gestionarse ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que, por norma, supone estudios y trámites complejos y minuciosos.

Los afectados

Amplias zonas que incluyen varias colonias y comunidades, tanto de la capital como de municipios circunvecinos, no tienen servicio frecuente de agua entubada, reciben el líquido de manera esporádica y en cantidad insuficiente, lo que continuamente genera protestas públicas acompañadas de cierre de vialidades o toma de instalaciones de los organismos operadores, como del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas).

“No se puede continuar con absurdos planes de abastecimiento a través de pipas de los gobiernos, ya que sólo suministran mil 500 litros de agua en cada hogar afectado, dos veces por semana” alegan los pobladores.

“El problema de la falta de agua va más allá de traer pipas, que no se dan abasto para proveer a cientos de familias afectadas; han sido años padeciendo la misma situación; por ello, necesitamos proyectos viables y eficaces para resolver la escasez de agua en los hogares. Y que ya no privilegien a las grandes empresas; pues sabemos que tienen más de mil concesiones en pozos particulares existentes en la ciudad”, denunció la señora Marcela de la Torre, habitante de la comunidad de Escalerillas que, paradójicamente, se encuentra a lado de un río y está rodeada por las presas de la zona, El Peaje, El Potosino y San José; pero no cuenta con red de distribución de agua potable.

Lo que era una esperanza para miles de potosinos, casi se esfuma. “Hay una presa que no existe, pero que lleva décadas pesando como una loza sobre la política pública en materia de agua… ya que se ha ganado un lugar en el panteón de los proyectos inconclusos… durante años, Las Escobas ha sido prometida, anunciada, presentada en planes de desarrollo y hasta contemplada por la Federación. Esta administración no fue la excepción… se trataba de un solo proyecto. La fecha límite para entregarlo era el 30 de mayo. No se entregó. El funcionario a cargo de la CEA fue removido, lo sacaron…”, según una editorial del 13 de junio del medio informativo EMSA Valles.

A partir de las declaraciones de Darío Fernando González Castillo, delegado de Conagua, quien fijó el plazo para la entrega de los requisitos y ofrecer la posibilidad de realizar a tiempo la licitación requerida y agilizar la implementación del proyecto de la presa Las Escobas, se ha guardado silencio.

El mismo funcionario aseguró que los recursos no se perderían, sino que serían canalizados a otro proyecto viable, como la extracción y conducción del líquido desde el acuífero situado en el municipio de Villa Hidalgo. Tal declaración está generando más expectación e incertidumbre que certezas y tranquilidad entre la población, que ya no sabe hasta cuándo podrá ser abordado el caso con la seriedad que amerita por el desabasto de agua.

Hoy, los pobladores se encuentran más preocupados que nunca, pues la obra no ha iniciado, le quedan escasos dos años a la administración estatal y lo único cierto es que el agua se está acabando y también el tiempo para aplicar medidas pertinentes que eviten el colapso.