Estudiantes de posgrado tomaron el plantel Del Valle de la UACM para exigir transparencia en la asignación de becas.
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En la Ciudad de México, el Congreso local aprobó una reforma al Código Civil que reconoce a los animales de compañía como “seres sintientes” y parte de la familia en procesos de divorcio. Esta modificación, que añade la fracción VII al artículo 267, permite establecer planes de custodia y cuidado para perros, gatos y otros animales, considerando factores como el tiempo, recursos y capacidad de las partes para garantizar su bienestar. Incluso, un juez puede determinar la custodia compartida si es lo mejor para la mascota.
Este reconocimiento a los animales de compañía contrasta con la grave desatención hacia los menores en procesos similares. En septiembre de 2024, padres de familia denunciaron la existencia de una red de extorsión en la Ciudad de México que utiliza a niños y niñas en disputas de divorcio para obtener beneficios económicos y manipular resoluciones judiciales.
Según la abogada penalista Olivia Rubio, esta red presuntamente involucra a abogados, Ministerios Públicos, psicólogos, peritos y testigos falsos.
Rubio señaló que, se han solicitado que los dictámenes psicológicos sean realizados por el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde siempre intervienen los mismos peritos, quienes emiten informes de afectación sin datos sólidos.
De acuerdo con la abogada, las tácticas incluyen exigir pensiones alimenticias desproporcionadas, que pueden llegar a ser de hasta un millón o millón y medio de pesos mensuales y, ante la negativa, presentar denuncias penales por supuesta violencia familiar o incluso violencia sexual, instrumentalizando a los menores.
Por lo tanto, mientras las autoridades han avanzado en proteger el bienestar de las mascotas, la falta de atención a estas prácticas que afectan a los menores impacta directamente en la sociedad mexicana, toda vez que los niños son utilizados como herramientas en disputas legales, sin que se garantice su protección o se investiguen a fondo las redes de corrupción que presuntamente operan en el sistema judicial.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.