Tal parece que al Gobierno Federal le importa más la economía capitalista de un neoliberalismo desaparecido solo en su mente, que la vida y la salud de los mexicanos más humildes. No resiste las presiones que vienen del vecino país del norte, pues Donald Trump y los intereses de la industria estadounidense están ligados, en buena medida, a la economía mexicana de exportación y han presionado a México para que abra las ensambladoras y las empresas de materias primas que abastecen a sus armadoras automotrices y obtener las ganancias capitalistas que, para ellos, por supuesto, están por encima de la salud de la población mexicana.

“Desde el pasado tres de mayo, algunas armadoras de Estados Unidos (EE. UU.) comenzaron a producir vehículos aún bajo la emergencia sanitaria por el Covid-19, pero especialistas y líderes de la industria consultados por El Financiero señalaron que, si las autopartes mexicanas no regresan a trabajar, esto limitará a las armadoras en EE. UU.”^[1]. Ésta es la causa real por la que el gobierno de Washington ejerció cada vez más presión sobre México y por la que éste, asimismo, está aplicando mal el modelo matemático con el que mide el impacto del Covid-19 contra el pueblo mexicano para ponerse a tono con los gringos. Según especialistas, el gobierno subestima el número real de los infectados por el Covid-19 en nuestro territorio y aseguran que la cifra de éstos es 30 veces menor.

Pese a la existencia de una realidad mucho más compleja, amenazante o por lo menos desconocida a cabalidad, el Gobierno Federal anunció recientemente la reapertura gradual de la economía con base en cuatro medidas presuntamente definidas por el Consejo de Salubridad General, que precisó así en su cuenta de Twitter: “Se incorporan a la lista de actividades esenciales la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, por lo que podrán reanudar operaciones.

“Se liberan restricciones para las actividades escolares y laborales en municipios sin contagio que tengan vecindad con municipios también libres de contagio.

“Todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Salud, el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“A partir del 1° de junio de 2020, la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa. Cada color permitirá ciertas actividades económicas, educativas y sociales con niveles de intensidad específicos”.

En lugar de poner en riesgo a la población con la reapertura de la economía –aun cuando lo haga de manera gradual y con semáforos– el Gobierno Federal debería atender con urgencia a los grupos más vulnerables del país, que durante la cuarentena en casa no tienen alimentos y ahora padecen hambre. El Gobierno Federal debería atender el llamado ciudadano hecho por el Movimiento Antorchista Nacional de instrumentar un plan nacional de distribución de alimentos para que la gente se quede en casa y no corra riesgo de contagio; o bien, que distribuya, de manera expedita y eficaz, recursos económicos a todos los mexicanos en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno no está haciendo caso a éstas y otras propuestas igualmente orientadas a atender ese grave problema de sobrevivencia; pero sí está cediendo a las presiones de los intereses económicos estadounidenses; por ello acaba de lanzar un decreto que faculta al Ejército para encargarse de la Seguridad Pública. Es decir, estamos ante la militarización del país a la que tanto se oponía el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando andaba en campaña política, y llegó a afirmar que sacaría a los militares de las calles para llevarlos a los cuarteles. Detrás de esta decisión es posible advertir que tanto AMLO como su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han percibido una situación de riesgo para su permanencia en el gobierno a causa del creciente descontento social en la población y por ello decidieron mandar al Ejército a las calles para que combata cualquier brote de inconformidad social.

Natalia Ix-Chel Vázquez, coordinadora de la maestría en Estudios de Paz de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en una nota publicada en el diario local Impulso, en su edición del 12 de mayo del 2020^[2], advirtió que el Covid-19 pone en riesgo la estabilidad social: “la inconformidad ante la falta de recursos para respetar la cuarentena y la falta de información en la población, pueden derivar en más hechos violentos en la entidad mexiquense, como los acontecidos en cuatro municipios el fin de semana”. Esos brotes representan, en una escala pequeña pero significativa, el sentir de la población ante la falta de alimentos. Pero los gobiernos, Federal y el estatal del Estado de México (Edomex), lejos de escuchar estos llamados y las alertas oportunas emitidas por el Movimiento Antorchista Nacional, prefieren sacar a las calles al ejército vestido de Guardia Nacional para reprimir inconformidades.

Es decir, que para evitarse la fatiga y la responsabilidad de distribuir alimentos y las presiones del gobierno estadounidense y de importantes sectores capitalistas mexicanos, el gobierno de AMLO prefiere abrir la economía y exponer al riesgo sanitario a millones de mexicanos que hoy, sin duda alguna, aceptarán volver a sus trabajos en fábricas, tiendas y calles para recibir un poco de dinero con qué alimentar a sus familias sin que les importe poner en peligro sus vidas.

Un gobierno preocupado realmente por la vida y la salud de sus ciudadanos pondría por encima los intereses de éstos y no los de las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Un gobierno del pueblo pondría por encima de todo el interés del propio pueblo, como lo hizo China, que cerró definitivamente las ciudades en riesgo, construyó hospitales en tiempo récord y entregó a la población recursos suficientes para que estuviera en casa para combatir con eficiencia el Covid-19. Los gobiernos de EE. UU., Italia, España y México, que no atendieron a tiempo las restricciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o que las menospreciaron porque, por encima de la vida de la gente pusieron el sacrosanto interés de la máxima ganancia privada, hoy están sufriendo las consecuencias.

El resultado de estas decisiones gubernamentales serviles será devastador y en la medida que el gobierno de Morena y la “Cuarta Transformación” (4T) no atiendan las propuestas que hace el propio pueblo –como la de distribuir alimentos–- su necedad convertida en ideología golpeará a los más pobres de México, quienes ya han empezado a desengañarse de que “las cosas ya no son como antes”, que la corrupción se acabó y que “vamos bien”.

En efecto, el pueblo ya se da cuenta de que no han cambiado sustancialmente. El escándalo de corrupción del hijo de Manuel Bartlett, cometido en las narices de AMLO; el doble discurso del Gobierno Federal, que se oponía a la militarización del país y ahora la promueve y su decisión de levantar las restricciones para apoyar los intereses económicos de unos cuantos y no de las mayorías, son algunas de las muestras de que las cosas en México no han cambiado.

Según la página https://www.endcoronavirus.org/countries, México está entre los países que deben tomar acciones enérgicas para combatir la pandemia y, lejos de pensar en abrir la economía, su gobierno debería efectuar detecciones de Covid-19 y conocer la realidad objetiva de la enfermedad, en vez de lanzar datos genéricos y verdades a medias. Por ello, una doctora amiga mía decía que el gobierno “está más agresivo que el virus”, en una clara alusión a la molestia provocada por las verdades y al hecho de que prepara el terreno para abrir la economía y dejar que el pueblo se contagie y muera.

Al pueblo de México no le queda más que unirse, organizarse y educarse para gobernar esta patria. Dejarlo en manos de quienes no se preocupan por los más humildes, solo provocará que éstos sigan siendo golpeados. Según el Coneval, esta pandemia dejará 10 millones de pobres más por la falta de apoyo del Gobierno Federal y local. Lamentable. Estos datos son duros, pero ciertos.