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El próximo domingo 8 de septiembre, a las 13:00 horas, las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado de la República iniciarán la discusión del dictamen de la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Si se aprueba, la propuesta podría ser presentada al pleno del Senado el martes siguiente para su debate y, en su caso, aprobación.
Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó la vigilancia en las inmediaciones del Senado para evitar que los manifestantes tomen la Cámara alta en las próximas horas. La seguridad en la zona se ha intensificado para manejar las posibles tensiones y garantizar que la discusión del dictamen se lleve a cabo sin incidentes mayores.
El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados, tanto en lo general como en lo particular, en la madrugada del miércoles 4 de septiembre. Ahora, en el Senado se anticipa una discusión y posible aprobación la próxima semana, donde se espera que Morena y sus aliados vuelvan a utilizar su mayoría para impulsar la reforma.
La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo generar una justicia más ágil y eficiente. Entre los cambios destacados se encuentra la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados justifican la reforma asegurando que uno de los principales objetivos es hacer la justicia más accesible y cercana a la ciudadanía, así como incorporar jueces más sensibles a las problemáticas sociales.
En respuesta a la reforma, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, estudiantes de Derecho de la UNAM y de otras instituciones educativas, tanto públicas como privadas, han organizado protestas. Desde la mañana, bloquearon la autopista México-Querétaro y el Periférico Norte, en dirección a la Ciudad de México, provocando caos vial.
Desde el 15 de septiembre hasta el 3 de octubre, se han admitido 138 demandas de amparo en contra de la reforma judicial.
La propuesta busca devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su función pública.
El proceso de inscripción de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, tiene como fecha límite el 24 de noviembre.
La iniciativa otorga amplios poderes a una agencia de transformación digital para censurar o cerrar plataformas digitales y cancelar concesiones de medios electrónicos.
Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitaron “abrir las puertas” del Congreso de la Unión para dialogar y proponer ideas que enriquezcan la propuesta.
Los senadores de la oposición exigen que la Cámara Alta no sea cómplice silencioso en este caso.
La senadora por el PRI, Beatriz Paredes Rangel, destacó que será fundamental que los foros trasciendan del alegato.
La protesta en el Senado de la República busca exigir a los legisladores que establezcan un diálogo y frenen la votación del dictamen.
El dictamen también señala que queda prohibida “la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades” mencionadas en el artículo 4.
La Jufed confirmó que el 50 por ciento de estos dimitieron a sus cargos
Especialistas, académicos, asociaciones civiles especializadas e incluso la Barra Mexicana de Abogados han expresado su opinión, contraria a la reforma al Poder Judicial.
A pesar de ser la peor evaluada de la terna, la mayoría calificada del Senado votó por ella.
Los legisladores electos del PAN firmaron un compromiso para mantener la unidad y lealtad ante cualquier circunstancia.
La reforma judicial de AMLO propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la SCJN.
Dante Delgado Rannauro, aseguró este martes que a su partido le cuesta “el triple de votos” conseguir un senador en comparación con los partidos en coalición.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera