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Desde hace tres meses, más de 300 trabajadores del Senado de la República no han recibido el pago correspondiente a sus vales de despensa; a pesar de esto, en los recibos de nómina figura un monto mensual de mil 500 pesos, aunque en varios casos ni siquiera han entregado las tarjetas necesarias para acceder a esa prestación.
El problema comenzó en la segunda quincena de enero, cuando la administración central detuvo la transferencia de fondos a las tarjetas electrónicas destinadas a los trabajadores de confianza y del área de servicio técnico.
Por primera vez, el Senado ocultó los contratos firmados con los proveedores de servicios y mercancías para este 2025. Desde enero, entregó a todos los trabajadores una nueva tarjeta Toka para el pago de vales, en reemplazo de la tarjeta Broxel, utilizada durante los últimos seis años.
En el contrato anterior, disponible públicamente según las normas de transparencia, los 63 trabajadores operativos de confianza recibían entre cuatro mil 600 y cinco mil 100 pesos mensuales, mientras que 290 empleados del área técnica recibían entre mil 600 y mil 800 pesos cada mes.
Con el nuevo contrato, el monto asignado a Toka permanece desconocido por tratarse de un acuerdo privado. Tampoco aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya última actualización corresponde a noviembre del año pasado.
A pesar de ello, los recibos de nómina indican que, durante la segunda quincena de enero, febrero y marzo, la administración reportó pagos por mil 550 pesos cada mes, lo que suma cuatro mil 650 pesos por trabajador en ese periodo; sin embargo, ese dinero no ha llegado a los empleados.
Al acudir a Recursos Humanos, los afectados reciben como respuesta que la Dirección General no ha autorizado la entrega de las tarjetas. Esta situación ocurre mientras el concepto aparece de forma regular en sus recibos.
En contraste, los trabajadores de base no han tenido inconvenientes. El cambio de proveedor no afectó el depósito puntual de su prestación mensual, que se mantiene entre cuatro mil 600 y cinco mil 100 pesos.
El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera