La dispersión de 252 mil 901 pagos podría alcanzar una distribución de 600 millones de pesos, estiman analistas.

La astucia política para “darle la vuelta” a la ley electoral y obtener ventajas se ha convertido en una norma no escrita.

AMOTAC coloca a Veracruz en quinto lugar nacional en violencia contra el transporte de carga; prepara paro y bloqueos carreteros en septiembre.

Presuntamente la Unidad de Comunicación Social habría realizado pagos por 97 millones de pesos a Mayavisión.

Morena acusa a priista de operar para “Alito” y el PRI lo vincula con el narcotráfico.

La reforma al Poder Judicial fue como un "shock brutal, emocional", la legisladora consideró que "era necesaria una reforma judicial, pero, no esa".

El dirigente del PRI pidió revisar las actuaciones de Arturo Castillo, Rita Bell López y Dania Ravel.

El dirigente morenista documentó 144 giras entre octubre de 2024 y mayo de 2026; el partido solo reconoce entre 47 y 50 y asegura que Finanzas no cuenta con más comprobantes.

Pescadores atribuyen la mortandad al cierre natural de la barra del estero de Playa Navarro, que habría interrumpido el intercambio de agua con el Golfo de México; solicitan la intervención de autoridades estatales y federales.

El Grupo Azucarero San Pedro anunció el cierre definitivo del Ingenio San Pedro por considerar que su operación dejó de ser económicamente viable; la decisión impactará a trabajadores, productores de caña y proveedores de la región.

Enfrenta una investigación por la desaparición de un empresario y su escolta.

Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.

Nayeli Salvatori y Grace Palomares son investigadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido tras decir en un podcast que las personas adultas mayores “huelen a baúl” y “ya se están pudriendo”.

La bancada guinda analizará la llamada Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia y garantizar el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades incurables o incapacitantes.

La presidenta mantiene niveles estables de respaldo ciudadano, mientras la seguridad, el crimen organizado y la corrupción continúan como las áreas peor evaluadas.