La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
Cargando, por favor espere...
Tras sufrir lesiones provocadas por una fuga de sulfuro de hidrógeno en la refinería de Deer Park, Texas, ocurrida el pasado 10 de octubre, tres trabajadores presentaron una demanda ante el tribunal estatal en Houston contra Petróleos Mexicanos (Pemex).
El incidente provocó la muerte de dos contratistas; asimismo, 35 personas más requirieron atención médica luego de su exposición al gas tóxico.
De acuerdo con las autoridades, la fuga duró más de siete horas, periodo en el que liberó 43 mil 500 libras de sulfuro de hidrógeno, superando en más de 800 veces el límite permitido de emisión.
Cabe destacar que la refinería, con capacidad para procesar 312 mil 500 barriles de crudo por día, operó a baja carga durante el fin de semana mientras se realizaba la investigación del accidente.
El bufete de abogados Buzbee, con sede en Houston, tomó el caso de varias familias afectadas por este incidente. Asimismo, la Junta de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de Estados Unidos inició una investigación para determinar las causas del suceso, catalogado como "muy grave".
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
Claudia Sheinbaum informó que la Cancillería presentará acciones legales ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de Estados Unidos.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.
Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.
La disminución se debió a la declinación natural de los yacimientos.
Pemex continúa apoyándose en recursos gubernamentales para enfrentar sus compromisos financieros.
La investigación de la FGR se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la posible participación en el esquema financiero del caso Agronitrogenados.
El esquema habría generado millones de dólares mediante el contrabando ilegal de combustible.
Pobladores cuestionan informes oficiales y exigen estudios independientes.
La presidenta afirmó que no protegerá a ningún funcionario señalado por presuntos actos de violencia y confirmó que el exdirector de Pemex no ocupará ningún cargo federal mientras la Fiscalía de Morelos investiga el caso.
Se desconoce cuántas de las 212 autoridades municipales en funciones han comenzado a elaborar sus Atlas.
El progreso, la lucha y la memoria de Ocoyucan
CRT urge a registrar líneas telefónicas para conservar servicios bancarios
Los detectives salvajes en La Guerra de Galio
Repunta en México casos de COVID-19
Medios públicos piden restablecer el diálogo con estudiantes para liberar Canal Once
Registro de líneas telefónicas: ciudadanos desprotegidos
Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.