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El bajo desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó que la economía mexicana se enfrentara a una encrucijada fiscal durante los primeros tres meses de 2025, a pesar del esfuerzo de los contribuyentes y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló el centro de investigación de políticas públicas México Evalúa en un reporte.

De acuerdo con el centro, durante el primer trimestre del año, los ingresos petroleros se ubicaron en 30 por ciento por debajo de la meta del Estado, es decir, que aproximadamente 63 mil millones de pesos no llegaron a las arcas gubernamentales como se tenía previsto.

En este sentido, enfatizó que el esfuerzo de los contribuyentes y del organismo recaudador para incrementar los ingresos gubernamentales provenientes de impuestos “fue desperdiciado por el mal desempeño de Pemex”.

Explicó que el persistente desempeño negativo de la petrolera del Estado “no sólo afecta las metas productivas, sino que impacta directamente en los ingresos petroleros, los cuales continúan alejándose de las proyecciones establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”. Los estados financieros de la empresa muestran que, desde 2022, no se ha cumplido con la meta de ingresos petroleros.

En el acumulado histórico, de 2019 a 2025, los ingresos totales provenientes de la explotación de crudo muestran una disminución de 5.5 por ciento, equivalente a 13.2 mil millones de pesos; sin embargo, la relación entre las ganancias de la petrolera y el Estado es significativa.

Foto: México Evalúa

Durante el periodo antes mencionado, Pemex vio crecer sus ganancias en 84.1 por ciento, es decir, en 72.6 mil millones de pesos, mientras que los ingresos del Estado derivados de la explotación petrolera cayeron en 55.5 por ciento.

“Esto se debe a la reducción de la tasa de derechos cobrados a la petrolera tanto en la modalidad previa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), como en el actual esquema de Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB)”, detalló México Evalúa.

Además, explicó que el DUC es un impuesto que Pemex paga al Gobierno Federal por cada barril de petróleo que vende, mientras que el DPB es un nuevo régimen fiscal establecido para remplazar el impuesto ya existente por una tasa única y predecible, con el presunto objetivo gubernamental de aligerar la carga tributaria para Pemex y fortalecer la empresa.

Este panorama, sumado a complicaciones geopolíticas como las medidas comerciales de Estados Unidos e incertidumbre adicional sobre el comercio y la inversión, podrían complicar la situación sobre la deuda pública de México.

Hasta marzo de 2025, el Gobierno desembolsó 302 mil millones de pesos para cubrir los intereses y gastos relacionados con la deuda pública. Esto implicó un crecimiento real de 62.8 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2019.

Así, México Evalúa concluyó: “sin ingresos extraordinarios que amplíen el margen fiscal, el Estado tendrá que continuar con los recortes en la inversión y subsidios para contener un déficit elevado. Con el costo de la deuda al alza y una economía en incertidumbre, persiste un dilema de fondo: ¿Gastar más para estimular la economía a costa de un incremento en la deuda, o continuar los recortes priorizando controlar el déficit?”.