Quien incurra en ese delito enfrentará hasta 12 años de prisión.
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A más de un año de que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) anunciara la compra de 800 autobuses para las rutas del transporte público, el servicio que éstas ofrecen resulta insuficiente para transportar a los usuarios de Nuevo León.
El director del IMA, José Manuel Valdez, informó que de las 800 unidades chinas que adquirió la empresa Ticsa, únicamente han llegado 150; y esperan las 650 restantes. Además, han contratado 400 de otras empresas, las cuales están en funcionamiento, y que en noviembre próximo estarán en servicio más de mil 800 en todas las rutas.

“Hemos tenido acercamiento con unos proveedores nacionales y extranjeros, y creo que sí podemos lograr que estén aquí todos para noviembre”, explicó, aunque se le olvidó decir que la reestructuración del servicio de transporte fue anunciada el 10 de noviembre de 2021.
La insuficiencia del servicio de transporte proviene de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien al final de su gobierno difundió la compra de 80 unidades por un monto de 256 millones de pesos (mdp), de los cuales se dio un anticipo de 51.
En febrero de 2020 se anunció la adquisición de nuevas unidades que serían entregadas en un periodo de 90 días; pero el convenio tampoco se cumplió, informó Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana (SMPU).
En una rueda de prensa celebrada el tres de febrero de 2023, el funcionario estatal explicó que, además del incumplimiento en el contrato de compraventa, la SMPU detectó alteraciones y faltas administrativas cometidas por los funcionarios del gobierno anterior.

José Manuel Valdez, director del IMA
“En febrero de 2020 se adquirieron 80 unidades de transporte que se debían entregar en 90 días por un monto de 256 mdp, se pagó un anticipo de 51 mdp y se otorgó prórroga para entrega en diciembre y se incumple con 25 unidades de transporte. Entonces, se presume que la autoridad fue omisa en aplicar la pena convencional en el contrato, misma que asciende a siete millones 94 mil 400 pesos. También se encontró una diferencia entre las unidades contratadas y las efectivamente recibidas”, reveló.
Con respecto a las 800 unidades adquiridas por la actual administración estatal, explicó que el contrato se hizo en arrendamiento con opción a compra por un periodo de 60 meses, es decir, cinco años; que el arrendamiento mensual sería de hasta 88 mil pesos por unidad y que la erogación anual sería de 844 millones 800 mil pesos. Las unidades empezarían a ser recibidas en marzo de 2022.
Opinión de diputados locales
Estos incumplimientos y las pésimas condiciones en el servicio del transporte público, han provocado no solamente la molestia de los usuarios, sino también que los diputados locales de oposición y los organismos sociales exijan una explicación a los titulares de la SMPU y el IMA.
La presidenta de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad del Congreso local, la diputada priista Lorena de la Garza Venecia, llamó a que las juntas de Gobierno de la SMPU y el IMA informen en sesión plenaria cuándo llegarán las unidades del transporte.

Lorena de la Garza
“Insistimos en que nos dieran una fecha con certeza en que, si el gobierno podía cumplir con la fecha de entrega de los camiones para que los ciudadanos tuvieran la tranquilidad de cuándo se acabará la agonía que viven todos los días; porque no hay camiones en la entidad.
“Entonces, obliga a que se convoque de manera urgente a una sesión de la junta de gobierno de Movilidad para que se nos pueda informar a todos los que formamos parte de este órgano cuál es el estatus real del contrato que pasó por la junta, qué aprobamos en la junta, y cuál es el proceso de negociación que está llevando el gobierno del estado con el proveedor.
“Para nosotros, éste es un tema muy preocupante, porque es rezago que se ha venido retrasando por meses, que no nos da la certeza de que los camiones vayan a estar a disponibilidad de la gente de Nuevo León.
“También solicitamos que quienes integran el consejo consultivo de Movilidad y Accesibilidad, mismo que, de acuerdo a la referida ley, tiene facultades y acceso a toda la información y documentación de la administración financiera del instituto, realice las gestiones conducentes a efecto de que cuente con toda la información relacionada con la compra; así como las fechas para la adquisición de las unidades que en su momento el Ejecutivo se comprometió a adquirir. El de prestar de manera directa el servicio de transporte público de pasajeros, así como realizar todas las gestiones técnicas, operativas, financieras, administrativas y demás necesarias para tal efecto, tomando en consideración los estudios, análisis, dictámenes y recomendaciones que realice el Comité Técnico”, concluyó.

A estas voces se han sumado las de los ciudadanos que, a través de las redes sociales, manifiestan su molestia por la falta de camiones y los atrasos en los lapsos de paso, los cuales complican su traslado cotidiano en Monterrey, la capital de Nuevo León, y los municipios que integran su área metropolitana.
El gobernador Samuel García ha intensificado los trabajos para resolver los problemas del transporte: “le quiero pedir a Nuevo León una disculpa, no fue un tema del estado; tan no fue tema, que los diputados cambiaron la ley e incluir el eurogas y tener más apertura a renta de camiones.
“Por eso, cuando Hernán Villarreal dice que es la movilidad que siempre debimos tener es cierto; es cierto que estábamos muy atrasados al nivel de Nuevo León, de su espíritu emprendedor, de su empresariado, el gobierno había quedado a deber. Muy pronto tendremos ya los camiones suficientes para lo urgente, luego para la reestructura y luego los suficientes para dar el mejor servicio que requiere Nuevo León”.

El titular del Poder Ejecutivo estatal se comprometió a que paulatinamente se verán las mejoras en el transporte público con la incorporación de nuevas unidades y la reestructuración integral del sistema de movilidad en el estado.
Sin embargo, el grave problema de transporte en Nuevo León afecta mayoritariamente a la clase trabajadora, que a diario pierde muchas “horas-hombre” esperando los autobuses de transporte y llega tarde a sus labores.
Quien incurra en ese delito enfrentará hasta 12 años de prisión.
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Escrito por Luis Maldonado García
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