En Balsamar, comunidad del municipio Leonardo Bravo, donde hace casi siete años la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) construyó un conjunto habitacional para 210 familias damnificadas por los ciclones Ingrid y Manuel, viven hoy en condiciones de pobreza extrema por el abandono de los tres niveles de gobierno.

En septiembre de 2013, el huracán Manuel y la tormenta tropical Ingrid destruyeron más de la mitad de las viviendas; unas familias reconstruyeron sus casas, pero otras más, carentes de recursos económicos, aceptaron la reubicación en un predio perteneciente a los bienes comunales del municipio de Eduardo Neri, denominado Nuevo Balsamar.

Sin embargo, cuando la Sedatu entregó las llaves a las 210 familias damnificadas, éstas recibieron casas de dos recámaras, sala-comedor y baño; la mayoría estaban inconclusas y con techos de lámina plástica, sin redes de agua potable, drenaje y energía eléctrica, además, las calles estaban sin pavimentar.

Esta falta de atención a la nueva comunidad, ubicada en el kilómetro nueve de la carretera Chilpancingo-Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, se debe a que como el predio pertenece al municipio Eduardo Neri, las autoridades locales se niegan a brindarle los servicios urbanos básicos.

Desde entonces, funcionarios del gobierno municipal de Leonardo Bravo, del estado de Guerrero y del Federal se han limitado a “prometer” que concluirán la construcción de las viviendas y los servicios públicos, entre los que además faltan escuelas, una clínica de salud y transporte público.

La pobreza extrema y el abandono oficial se perciben a simple vista; ya que en las calles, entre el polvo blanco de la terracería y los intensos rayos del Sol, caminan niños, mujeres y hombres que usan palos a manera de bastón, cuyas historias son lacerantes y desacreditan el trabajo de la Sedatu.

“Aquí no hay nada”

Los habitantes de Nuevo Balsamar viven en muy malas condiciones pese a que se hallan a solo 25 minutos de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Algunas de sus mujeres se emplean para hacer tortillas o quehaceres domésticos en Chilpancingo o Chichihualco. Los hombres venden aguacate o se alquilan para cargar y descargar tráileres comerciales o como peones de albañil.

“En algunas ocasiones no hay trabajo y salir de este predio equivale a unos 50 pesos de transporte, que bien pueden servir para comer frijol y tortillas”, lamentó Noé Morales, joven padre de dos niños que solo eventualmente tiene algún trabajo.

Aunque no resultó beneficiado con una vivienda –es uno de los 15 damnificados que no fueron censados– y no cuenta con recursos económicos para reconstruir su hogar, habita una de las casas desocupadas y en mal estado.

“Es un infierno lo que estamos viviendo desde hace 10 años”, solloza doña Nicolasa Hernández, mujer de la tercera edad que tiene a su cargo a dos de sus pequeños nietos, quienes son huérfanos. Usa un palo a modo de bastón porque desde hace años padece dolores en ambas rodillas.

Vive en Nuevo Balsamar con su hija y sus nietos. Sus demandas de apoyo no son muchas, pues únicamente pide a las autoridades despensas alimenticias y agua potable, porque las pipas particulares cobran 130 pesos por llenar un tinaco y el agua embotellada se consigue solo cada semana o cada 15 días.

“En ocasiones prefiero que tomen agua los niños, yo aguanto más. Es triste no tener agua ni para tomar”, expresa angustiada.

Aunque su hogar no tiene muebles, como buena anfitriona nos invitó a sentarnos en unas sillas de madera y nos ofreció refresco. En un comal de barro sobre un fogón de leña calentaba unas picadas (gorditas de masa, con salsa y queso) para sus nietos.

Uno de ellos llegó a almorzar, y con una gran sonrisa le pidió una para su maestro y salió presuroso a continuar sus clases de primaria, que recibe bajo una galera de madera descubierta y solo techada con láminas galvanizadas. El “aula” no tiene butacas, pizarrones ni escritorios.

“En muchas ocasiones prefiero que coman mis nietos porque están pequeños. Aguanto, aunque a veces el hambre, la sed y el calor insoportable que se siente en este lugar me hacen ver estrellitas. Quisiera regresar a mi pueblo (Balsamar) porque allá teníamos al menos tierra para sembrar. Aquí no hay nada; estamos totalmente abandonados. Vivimos un infierno, pero tengo que ser fuerte porque debo sacar adelante a mis nietos”, agrega.

En este lugar también vive Ana María Nava, de 84 años, 10 de los cuales ha sufrido como damnificada y lejos de su comunidad de origen, donde deseaba permanecer tranquilamente; pero las lluvias y las crecidas de los ríos provocaron el desgajamiento de un cerro, bajo el cual está asentado Balsamar, situado a dos horas de Chichihualco.

Aunque su casa es pequeña, asegura que es suficiente para ella, porque es viuda y vive sola. Sin embargo, ahora le preocupa que en cada temporada de lluvias se inunde y desplome su vivienda, en cuyo acondicionamiento ha invertido sus ahorros y pensión de adulto mayor.

En el curso de este reportaje conocimos a un niño de seis años que accidentalmente se quemó ambas piernas al caerle agua hirviendo. Durante ocho días estuvo gritando de dolor porque su abuelita, quien está a cargo de él, no tenía dinero para llevarlo a recibir atención médica en Chichihualco o ir a Chilpancingo.

Finalmente lo llevó, pero únicamente le colocaron unas gasas sobre las heridas y le recetaron unas pastillas para el dolor que, asegura entre llantos, no disminuye.

Discriminados e indefensos

“Todos dejamos nuestro pueblo, nuestra tierra, con la esperanza de un futuro mejor; lamentablemente la Sedatu no ha concluido con la entrega oficial del predio donde se construyeron 210 viviendas, de las cuales unas 100 están abandonadas debido a la falta de servicios.

“Nos reubicaron, pero no terminaron la obra. Las casas no están en buenas condiciones, no tenemos servicios; no hay diálogo y, por tanto, respuesta por parte de las autoridades estatales ni federales. Nuevo Balsamar está totalmente olvidado”, denunció Bulmaro Cayetano Mosso, comisario de la comunidad.

A principios de mayo, casi todos los pobladores se plantaron afuera del recinto oficial del Poder Ejecutivo de Guerrero, antes Palacio de Gobierno, en busca de diálogo con la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, pero tampoco hubo respuesta.

Las protestas, mítines y marchas se han realizado desde 2013 en demanda de diálogo con las autoridades estatales y federales, pero no han encontrado ninguna respuesta. Como el conjunto habitacional no tiene certeza jurídica respecto a su ubicación municipal, los pobladores no pueden siquiera tramitar sus credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta situación, además de no reconocerlos como habitantes de Leonardo Bravo ni de Eduardo Neri, propicia su abandono, discriminación y total indefensión frente a los fenómenos meteorológicos del próximo verano.

El comisario destacó que en época de calor se levantan grandes polvaredas, y durante las lluvias las casas se anegan y las calles se convierten en grandes lodazales.

Además, para trasladarse a Chilpancingo o a Chichihualco, la gente debe esperar en la carretera hasta dos horas para abordar las unidades de transporte público; ya que hay mucho pasaje sin asientos y el transporte se llena antes de llegar hasta ellos con la gente de varias comunidades como El Palmar, Atlixtac y Jalapa.

La coordinadora operativa del Plan Nacional de Reconstrucción, Aurora Muñoz Martínez, reveló que se planeó mal la construcción del fraccionamiento y que el mismo problema enfrenta la mayoría de los 42 conjuntos habitacionales edificados en Guerrero para los damnificados de Ingrid y Manuel.

Para que haya una solución integral, es necesaria la voluntad de los tres niveles de gobierno. Además de carecer de servicios públicos básicos, todos enfrentan la incertidumbre jurídica, a pesar de que la Sedatu declaró que este asunto se resolvería en breve.

En igual situación se encuentran las escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), que empezaron a funcionar hace cinco años pero con numerosas deficiencias. El preescolar Josefa Ortiz de Domínguez tiene una sola aula y atiende a 22 niños de los tres grados; en la primaria Raúl Isidro Burgos, tres maestros imparten clases multigrado a 50 niños bajo una palapa de madera con techo de lámina galvanizada, cuya falta de paredes propicia la introducción de polvaredas, agua de lluvia, viento y frío. El aula fue gestionada por el diputado Carlos Sánchez Barrios.

La escuela telesecundaria Francisco González Bocanegra atiende a 41 jovencitos de los tres grados en dos recámaras de un domicilio particular; pero estas “aulas” no tienen butacas, sillas, televisores ni señal satelital del sistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).

La “dirección escolar”

En Nuevo Balsamar, casi todas las viviendas están dañadas debido a la pésima construcción. Miden 60 metros cuadrados, las calles no tienen guarniciones, menos pavimento; y en temporada de lluvias, el lugar se convierte en un lodazal intransitable.

Para comunicarse, los habitantes cuentan con servicio de Internet mediante fichas de prepago por hora; y como éste es provisional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende cobrarles 13 mil pesos por vivienda para regularizarles el servicio, por lo que al anochecer la señal se interrumpe.

Clemencia Guevara Tejedor, del Frente Popular Francisco Villa Siglo 21, actualmente representa a los pobladores de Nuevo Balsamar y cuestiona dónde quedaron los recursos del Plan Nuevo Guerrero; se supone que hubo bastantes recursos y la gente no puede pagar esa cantidad.

En 2013, las viviendas de Balsamar fueron destruidas por las lluvias; tierras cultivadas con maíz y quelite fueron arrasadas, y el agua limpia de los arroyos y ríos se convirtió en un lodazal.

Los daminificados guerrerenses elevan nuevamente la voz para pedir a las autoridades federales, estatales y municipales que entiendan su situación de miseria y ordenen las acciones necesarias para mejorar sus condiciones de vida.

En tanto esto ocurra, se movilizarán en demanda de que se concluya la construcción de sus precarias viviendas –muchas presentan severas cuarteaduras y daños estructurales– y los servicios públicos básicos: redes de agua potable, drenaje, electricidad, vías de comunicación asfaltadas y transporte colectivo.