Estamos en plena temporada. Enfrento el riesgo y digo abiertamente lo que la inmensa mayoría de los responsables de la educación pública y muchos de los educandos que reciben su poderosa influencia consideran una completa y censurable herejía, si no es que una estupidez o algo peor. Pero sí. Estoy en contra de los exámenes de admisión a los centros de educación superior, por lo menos, así como están diseñados. Exámenes aquí, exámenes allá, todo es entusiasmo, nerviosismo, pronto aparecerán las listas y se darán a conocer los resultados de los jóvenes que podrán continuar con sus estudios y, si no los dan de baja por mal aprovechamiento o mala conducta o, más frecuentemente todavía, por razones económicas, llegarán a tener su título profesional.

No acaban de terminarse las graduaciones de los centros de educación media superior, no terminan las ceremonias, las felicitaciones por la tarea cumplida cabalmente con éxito y, para algunos, hasta con muy buenas calificaciones. Las palabras cariñosas de maestros, familiares y amigos, van acompañadas de los obligados recordatorios de que los jóvenes empezarán una vida nueva y les comunican sus ardientes deseos de que les vaya siempre muy bien. Pero, hete aquí que no se ha terminado de guardar el traje o el vestido de la ceremonia de fin de cursos, por sencilla que ésta haya sido, cuando ya toca a la puerta la fecha del examen de admisión al nuevo nivel académico y comienzan los golpes de la impertinente realidad. 

¿No era cierto el éxito y no se debían a ello todos los elogios y las alegrías y, sobre todo, no valen nada los documentos firmados y sellados por la autoridad competente que fueron entregados en mano propia al estudiante que se ha graduado? ¿No dicen textualmente, no significan esos documentos que el joven o la joven han acreditado todas las materias y prácticas del nivel medio superior y que están, por tanto, debidamente preparados y autorizados para acceder a la etapa educativa siguiente? ¿Por qué entonces “examen de admisión”? ¿Por qué tiene que arriesgarse el interesado y no pocas veces sufrir y aguantar que le digan “lo sentimos mucho, no tienes el nivel, sigue participando”? ¿Fue entonces una farsa la educación media superior?

Todo eso hay que preguntarse y responder de alguna manera para entender y justificar la aplicación en nuestro país de exámenes especiales para acceder a los niveles superiores de educación. En sí misma, la aplicación de un examen después de otro examen que ya se ha aprobado satisfactoriamente es académicamente una aberración o una chicana. ¿Es cierto o es falso y un invento diabólico que un niño de una pequeña población rural o hijo de una pareja de trabajadores que salen todo el día a ganarse el pan y dejan solos a sus hijos o una criatura egresada de una primaria pequeña y de una secundaria y un bachillerato cursados por televisión en donde no hay computadoras y menos Internet, está menos, evidentemente menos preparada que un niño o joven con todas estas condiciones catalogadas como favorables o muy favorables? ¿No debería entonces ser considerado por lo menos como una grave injusticia ponerlos a competir uno contra otro por un sitio en una universidad? Creo que ya vamos cayendo en la cuenta de que los exámenes de admisión tratan como igual a lo que evidentemente no es igual. Son clasistas.

“Miles de jóvenes egresados de bachillerato no continúan estudios en el nivel superior… en el ciclo escolar 2020–2021 egresaron con bachillerato concluido 1.4 millones de jóvenes… y la matrícula de primer ingreso a las instituciones de educación superior fue de 1.1 millones de estudiantes”. Aquí ya las cuentas no cuadran por 300 mil muchachos. Item más. “El acceso a la educación superior en México continúa siendo un privilegio, más que un derecho… sólo dos de cada 10 personas de 25 y más años cuentan con estudios de tipo superior, mientras que sólo tres de cada 10 jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años cursan una carrera profesional, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Reforma. 16 de octubre de 2023).

La incidencia del atraso educativo es mayor, mucho mayor a medida que se desciende en la escala social. Y son muchísimos los niños y muchachos pobres. Veamos lo que dice, contradiciendo la propaganda oficial, el importante investigador Julio Boltvinik: “En el cuadro, presento la pobreza (P) y la pobreza extrema (PE) a nivel nacional de dos grupos de edad: menores (0 a 17 años) y 3ª edad (60 y +) en 2022, aplicando el Método de Medición Integrada de la Pobreza, adoptado como método oficial durante el gobierno Sheinbaum–Batres en la CDMX. Mientras 86.7 por ciento de los menores vivía en P, en la 3ª edad este indicador fue de 58 por ciento, casi 30 puntos porcentuales menos. En números absolutos, son 32.3 millones los menores pobres y 10.6 millones los adultos mayores pobres” (La Jornada. 30 de marzo de 2024). Que no se nos extravíe el dato: son ¡32.3 millones de menores pobres! Un mundo. Y todavía, cuando llegan a la puerta de la universidad con su certificado de la preparatoria, obtenido con sacrificios indecibles que sólo ellos y sus padres conocen, les imponen un riguroso examen de admisión para que compitan con los que no han vivido en la pobreza, sino en los estratos sociales más altos.

¿Qué hacer? ¿Qué hacer si nos interesa en verdad una sociedad más justa y equitativa? Tomando en cuenta que los espacios educativos son limitados, aplicar exámenes que –además de los conocimientos adquiridos– consideren el nivel sociecónomico del aspirante. Con mucha demagogia y sólo para limpiarle un poco la cara a nuestra democracia, ya se aplican los criterios de apoyar a los menos favorecidos: no olvidar las cuotas de género, de preferencia sexual, de etnia y otras. Llama mucho la atención que se remarquen y publiciten esas diferencias –que desde luego existen y se justifica plenamente que se trate de atenuarlas– y que se ignoren las diferencias más abarcadoras y, por tanto, más devastadoras, que son los antagonismos de clase social. Dice el Senado de la República: “La adopción de acciones afirmativas o medidas especiales temporales en el ámbito electoral son una obligación jurídica del Estado en contextos de discriminación, cuyo objetivo final es acelerar la igualdad entre personas y garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos políticos y electorales, según un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez”. Muy bien. Aplausos. ¿Y por qué no aplicarlo en el ámbito de la educación, que es tanto o más determinante para el progreso social que afianzar lo que no es más que una forma de Estado y, por tanto, una forma de dominación?

En nuestro país, la admisión al nivel superior tomando en cuenta el nivel socioecónomico del apirante es muy rara, pero existe. Tengo noticia de que se practica en la Universidad Autónoma Chapingo desde el año de 1974, en que fue aprobada por el Congreso de la Unión la Ley Orgánica que creó dicha universidad. Miles de jóvenes de origen muy modesto han entrado a la universidad, se han beneficiado durante siete años de su internado, sus servicios asistenciales o sus becas en efectivo, así como de sus actividades deportivas y culturales y, como consecuencia, han terminado una carrera profesional. En Chapingo, el método justiciero surgió como consecuencia de una importante lucha de estudiantes y maestros y se sostiene, seguramente, porque las autoridades saben que hay amplios sectores universitarios y populares dispuestos a defenderlo. No a los exámenes de admisión así como se aplican ahora. ¿Está usted de acuerdo? La respuesta a la pregunta, me queda claro, no será unánime, estará inspirada por los intereses de clase de cada quien, pero ¿no se debe gobernar en interés de las mayorías?