Las insurrecciones, como las lluvias, por fin han llegado.
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Entre protestas, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular y general, durante la madrugada del miércoles, la controvertida reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada por su partido Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista.
Con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones en ambas votaciones, los senadores aprobaron el dictamen en la antigua Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue usada como sede alterna luego de que manifestantes tomaran la tarde del martes sus instalaciones principales sobre Paseo de la Reforma.
El oficialismo logró la mayoría calificada con el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez que denunció presiones y amenazas de su bancada y la ausencia del emecista Daniel Barreda que se encontraba detenido, junto a su padre, en un juzgado de Campeche pese a contar con fuero. Para esto último, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitó aplazar la sesión hasta conocer la situación legal del legislador, pero fue denegada por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.
Para concluir el proceso legislativo de la aprobación de la reforma, fue enviado a los Congresos estatales, y al menos 17 de ellos deben aprobarla para regresar al Ejecutivo federal y hacerse ley.
El debate del dictamen estuvo marcado por cruzar ataques entre las bancadas y denuncias de presiones y amenazas que realizó Morena a través de las Fiscalías estatales contra los senadores de la oposición. Asimismo, la represión de la policía capitalina contra manifestantes frente a Xicoténcatl calentó los ánimos dentro del recinto legislativo con una guerra de porras y la toma de la tribuna.
Las insurrecciones, como las lluvias, por fin han llegado.
Ése es el enemigo principal del neoliberalismo; por ello se ha encargado de censurar y desarticular todo intento de organización por todas las vías a su alcance.
La mandataria promete cambios económicos y políticos, pero no fija plazos para la restitución de bienes ni para las elecciones.
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El partido gobernante registra 46% de intención de voto, frente a 8% del PAN, 6% del PRI y 5% de MC, según una encuesta nacional de El Financiero. El estudio también reporta 31% de personas sin una preferencia partidista definida y 52% de confianza en el INE.
No debe sorprendernos que los políticos salten de un partido a otro como chapulines. Cambian de siglas, de colores y de discursos, pero no de los intereses esenciales que representan.
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Escrito por Pedro Márquez Rosales
Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubre temas de geopolítica, migración y derechos humanos. | @PedroMarquezRos