El precio demasiado alto de uniformes, libros de texto y útiles escolares ha obligado a muchas familias de Michoacán a efectuar sacrificios inconcebibles para comprarlos y desgraciadamente, a considerar la posibilidad de que sus hijos abandonen los estudios. 

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) sostiene que el gasto por alumno en estas mercancías subió dos mil 500 pesos de un ciclo escolar a otro, pasando de siete mil 200 a nueve mil 689 pesos por alumno, aumento equivalente al 35 por ciento.

La Anpec informó que las listas de útiles se incrementaron 6.5 por ciento con un costo aproximado de cuatro mil pesos por alumno; en cuanto al gasto de esos materiales se calcula un total de dos mil 902 pesos.

Estos gastos han reducido la capacidad de los padres de familia con ingresos de salario mínimo para cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda y salud, porque son trabajadores informales.

Frente a esta situación, las familias de bajos recursos son obligadas a comprar materiales de segunda mano o a reutilizar los de años anteriores; a solicitar préstamos, vender objetos personales o a trabajar horas extras.

“Siento que cada vez es más difícil mantener en la escuela a los hijos. Muchos dicen que las cantidades que se manejan no son ciertas y que son exageradas; pero tampoco esto es muy distante de la realidad. Los precios de los útiles siguen subiendo y la calidad en la educación va disminuyendo. Ya no nos alcanza para vivir y, al mismo tiempo, surtir útiles; y el dinero que ganamos es poco a pesar de trabajar mucho”, lamentó a buzos la señora Julieta, cuyos ahorros y los de su esposo sirvieron para adquirir los uniformes diarios y deportivos de sus tres hijas, que estudian secundaria (la mayor de ellas) y primaria.

El representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Michoacán, Javier Sánchez García, reconoció que esta oficina espera recibir y encausar entre 40 y 50 denuncias durante la actual temporada de regreso a clases.

Detalló que buena parte de estas denuncias se produce por el alza injustificada de los precios, o porque éstos no corresponden a las ofertas; e informó también que la mayoría se concentra en Morelia y se reciben después del primer mes de clases.

Esto se debe, explicó, a que, las familias cuidan sus gastos y deciden que, ya sea con estados de cuenta en sus plásticos bancarios o mediante un cálculo aritmético a mano.

Los comerciantes dedicados a la venta de uniformes escolares en el centro histórico de la capital michoacana confirmaron a buzos que el precio de éstos aumentó, y que oscilaron entre el 10 y 15 por ciento.

“Sí, subieron los uniformes. Por ejemplo, tenemos camisas económicas desde 120 hasta 500 pesos; pantalones de 199 hasta 300 o 450 pesos. Los costos dependen de las tallas y la calidad; entre más barata es la tela, suele durar menos o verse diferente. También tenemos batas de laboratorio, jumpers, uniformes de técnicas. Por ejemplo, el pantalón ha aumentado un poquito”, explicó Ignacio, trabajador de una tienda de uniformes.

“Esperemos que sí haya muchas ventas. Ahorita sí hay venta, pero no es igual que la del año pasado. Igual esperamos que sí haya más ventas, las clases iniciarán y al parecer a las personas no les alcanza para todo”, agregó Ignacio.

Las cuotas “voluntarias”

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán ha afirmado que las cuotas escolares aportadas por los padres de familia son voluntarias y que su monto es definido por ellos, docentes y directivos. 

“El derecho a la educación es gratuito. Sabemos de las necesidades de los más de nueve mil planteles; y los estamos atendiendo de forma progresiva, dando prioridad a los que se encuentran en zonas más vulnerables. Nuestro proyecto de trabajo es a largo plazo. Por eso, si las madres y padres pueden aportar en algo, está bien; y si no les es posible, también está bien. No se puede condicionar la educación”, aclaró la Secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar.

En una circular, la Subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo Pérez, reiteró posteriormente tal declaración e insistió en que las cuotas escolares no son obligatorias y que los padres de familia no pueden cubrirlas; así que los maestros y directores de las escuelas no deberían prohibir la preinscripción, inscripción, asistencia, exámenes y la entrega de documentos a los alumnos.

Sin embargo, en varias escuelas de los municipios de Michoacán, docentes y directivos están exigiendo a los padres de familia que cubran las cuotas y, de facto, le están dando carácter obligatorio, con lo que violentan el derecho a la educación gratuita establecido en la Carta Magna. 

Esta actitud, además, está “obligando” a algunos padres de familia a distraer sus magros ingresos de la compra de artículos de consumo básico (alimentos, consultas médicas, medicinas, etc.) para priorizar los gastos educativos de sus hijos.

Varios de ellos advirtieron a buzosque las cuotas de inscripción “voluntarias” en la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, del fraccionamiento Puerta del Sol, en Tarímbaro, fueron “excesivas”; y que ello los obligó a diferir la compra de libros, cuadernos y otros materiales escolares. 

“Cuando mi hija mayor era hija única, le compraba todos sus útiles y uniformes a tiempo; ahora que tiene hermano menor y que ingresó al kínder, sólo les compré los uniformes a los dos y cosas básicas como libretas. Los materiales para forrar, los colores, sus mochilas y lapiceras, conforme pase el tiempo las iré comprando. Al de kínder, sus materiales como las plastilinas que le piden al niño, los papeles de colores, pinturas, limpiapipas y lentejuela. La niña que ahorita va a la primaria tendrá que esperar a que le compremos lo extra que le pidieron. Me gustaría comprarles todo; pero eso de las cuotas que según son voluntarias, no aplica para todos. A mí me pidieron obligatoriamente 800 pesos en la escuela de la niña y no nos alcanza para todo”, contó una madre, cuyo nombre se mantiene en el anonimato.

A ella misma y a otros padres les solicitaron distintas cantidades para la inscripción de los infantes, en unos casos fueron 400 pesos, en otros 600 y hasta 900 pesos. También informó que la escuela tiene un director interino que, desde hace dos años, no ha dejado que lo sustituya un profesor designado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la escuela primaria rural federal Profesor Rafael Ramírez, en la colonia San Pascual de Morelia, los maestros amenazaron a los padres de familia con no inscribir a sus hijos en el ciclo escolar 2024-2025 si no pagaban cuotas “voluntarias” de 350 pesos; además de que, sin previo aviso, les impusieron el cambio de uniforme. 

“El desacuerdo que tenemos es que de un día a otro el personal de la escuela decidió cambiar los uniformes, además, en esta modificación, los responsables eligieron colores que se ensucian fácilmente. No es que no queramos lavarlos; como sea, se lavan diario sin problema. No podemos comprar más uniformes porque vivimos al día, no tenemos lavadora ni secadora; todo lo lavamos a mano; en estos tiempos de lluvia, la ropa no se seca de un día para otro; ojalá que la SEP investigue esta modificación”, demandó otro padre inconforme, quien agregó que, si bien es cierto, la cuota de 350 pesos no es muy alta, para él resulta muy complicado cubrirla porque tiene dos hijas; y el pago doble supera la mitad de sus ingresos como obrero. Y lamentó a buzos que estos incrementos pueden ser el inicio de la privatización de la escuela pública en la entidad.

La deserción escolar

En los medios rurales de Michoacán, donde los ingresos de las familias son más bajos, la situación resulta grave. Las escuelas están muy distantes de los domicilios; para acceder a ellas, los alumnos deben pagar transporte tanto de ida como de vuelta. Este problema, así como la falta ingresos en las familias, provoca la deserción escolar, especialmente entre adolescentes que en muchos casos deben trabajar para ayudar a sus padres.

Frente a los costos, muchas familias michoacanas deben tomar decisiones difíciles. Y en algunos casos, los padres optan por retirar a uno o más hijos de la escuela para reducir gastos.

“Mi mejor amigo y yo entramos a estudiar ingeniería aeronáutica. Pero esta carrera no la hay en Morelia, aplicamos examen en Querétaro e iniciamos un ir y venir de Querétaro a Morelia cada fin de semana. La familia de él es de bajos recursos, ahorraron y le pagaron a un coyote para que pasara al hermano mayor de mi amigo a Estados Unidos, justo para que se fuera a trabajar y aportara con los gastos. Lamentablemente, lo agarraron a él y al coyote y está preso.

“Ahora mi amigo se saldrá de estudiar, pues su familia debe pagar la fianza para que salga libre su hermano y no podrá pagarle más la universidad”, narró a esta revista un joven de quien no se menciona el nombre y quien lamentó sentirse impotente ante la situación económica de su familia porque no es mucho mejor; y el dinero que le envían apenas le alcanza para cubrir sus gastos.

La deserción escolar en Michoacán resulta alarmante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa en Michoacán es una de las más altas del país; y la causa principal deriva de las situaciones económicas por algún miembro de familia.

Pero el impacto de este problema no sólo afecta a los jóvenes que desertan, ya que además de renunciar a un futuro promisorio y estar expuestos a un nivel de pobreza mayor, truncan o limitan la posibilidad de contribuir al desarrollo económico y social de sus comunidades, de la entidad y el país.

“Es un círculo vicioso –comentó a buzos Vanessa Mendoza, profesora de una primaria de Morelia–. La mayoría de los estudiantes que dejan la escuela terminan trabajando en empleos mal pagados, lo que perpetúa la pobreza en sus familias. Es un problema que afecta a toda la sociedad”.

Esta dificultad se debe también, como testimonian las familias pobres de Michoacán, a que los apoyos gubernamentales, entre ellos las becas y el programa para adquirir útiles escolares, resultan insuficientes y no siempre llegan a quienes más lo necesitan. 

“El gobierno dice que apoya a los estudiantes, pero la realidad es que muchas familias no reciben nada”, denunció a este semanario el señor Luis, padre de una alumna de preparatoria. 

“Nos sentimos abandonados y sin opciones. Mi hija metió sus datos para una beca estudiantil, a todos sus amigos se la dieron menos a ella. Uno de ellos hasta carro trae porque sus papás se lo compraron de cumpleaños y es un buen carro, viven mejor que nosotros. ¿Y a mi hija por qué no se la dieron? Los cuatro integrantes de mi familia andamos en transporte público, vivimos en un departamento rentado y al día. Mi hija no sale a fiestas porque entiende la situación y, al contrario, en tiempo de clases a veces se lleva dulces para vender y ganar un extra. Me gustaría que el gobierno verdaderamente investigara a quién le da becas, y que las dé a los verdaderos necesitados. Eso nos ayudaría mucho”.

En Michoacán, los altos costos del regreso a clases están privando de esta oportunidad a miles de estudiantes y contribuyendo a perpetuar la desigualdad y la pobreza, porque la educación es fundamental para el desarrollo de las sociedades.