La Fiscalía de Campeche solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados el desafuero del actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador, por presunto delito de uso indebido de atribuciones y peculado por un monto total de 83 millones 508 mil pesos.
A través de un comunicado, la Fiscalía confirmó la presentación de la solicitud, en la que se mencionan cuatro carpetas de investigación judicializadas, las cuales refieren presuntas irregularidades en contratos durante su administración en proyectos como la Plaza Colosio por 18.3 millones, la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche por 27.2 millones, Comunicación Social por 14.2 millones y la Administración Portuaria Integral por 23.8 millones.
En el caso de la Secretaría de Seguridad, los recursos utilizados provenían del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Dos personas declararon haber sido utilizadas como prestanombres para emitir facturas por servicios que nunca se prestaron; admitieron haber recibido pagos de cuatro mil pesos a cambio de entregar su documentación personal, mientras que las facturas generadas a su nombre sumaron más de 27 millones de pesos.
Por estos hechos, 17 exfuncionarios fueron vinculados a proceso. Dos personas más accedieron a un criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades.
La decisión final del desafuero quedó en manos de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Por su parte, el dirigente nacional negó los señalamientos y acusó persecución política.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.