En un contexto mundial, en el que naciones como Suecia, Noruega, Dinamarca, Zimbabue y Sudáfrica, entre otras, están impulsando su transición energética, en México, los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron una reforma a la Constitución que elimina la obligación del Estado de generar energías limpias.

Durante la madrugada de este jueves, los legisladores del oficialismo impulsaron cambios en los artículos 25, 27 y 28, lo que permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevalecer sobre las empresas privadas en el suministro de electricidad, dicha reforma se enviará al Senado para su revisión.

En la discusión particular, la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva presentó una reserva que eliminó un párrafo del artículo 27, que atribuía al Estado la responsabilidad de la transición energética y el uso sustentable de las fuentes de energía disponibles, este también incluía la necesidad de establecer políticas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

La oposición, compuesta por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, denunció que los morenistas habían cambiado el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, calificando la reforma como un grave retroceso. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió la eliminación del párrafo, argumentando que mantenerlo limitaría la inversión privada en la transición energética.

Legisladores de la oposición, como Margarita Zavala y Rubén Moreira, criticaron la reforma, señalando que contradice el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover un programa de transición energética hacia fuentes renovables. Moreira recordó que el párrafo eliminado había sido incluido por Morena en la legislatura anterior y retó a la bancada a respaldar una propuesta que declare la electricidad como un derecho humano.

Cabe destacar que la iniciativa determina que la CFE tendrá un papel predominante en el abasto del servicio eléctrico, con el objetivo de asegurar la transmisión y distribución de energía. También se mencionó que el Estado ofrecerá servicios de internet y no otorgará concesiones para la explotación de litio.