El centro de investigación México Evalúa aseguró que el paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso carece de un diagnóstico basado en evidencia, no hay correspondencia entre su objetivo expreso y las modificaciones constitucionales, siembra incertidumbre que afecta al desarrollo económico y condenada a desaparecer la democracia mexicana.

Tras realizar el análisis de las propuestas, México Evalúa identificó una disociación entre la política pública (o su modificación) expuesta en la iniciativa y su propósito, principalmente en materia de justicia penal, que plantea la reforma del artículo 19 constitucional “pretende ampliar el catálogo de delitos para los que se impone la prisión preventiva de manera oficiosa (PPO) o automática con el fin de prevenir y combatir dichos delitos que han aumentado y, con ello, garantizar la paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población. Sin embargo, no hay evidencia (ni se presenta en la iniciativa) de que la imposición de la PPO sea una ‘herramienta jurídica’ que hará más efectivo el combate de los fenómenos delictivos y su prevención”.

Por el contrario, indicó que la reforma “pervierte la naturaleza de la prisión preventiva, al pretender utilizarla como un castigo anticipado contra las personas involucradas en un proceso penal y en mayor escala representa un revés a la presunción de inocencia y a los principios del sistema penal acusatorio. Es del todo contraria a la aspiración por una justicia con enfoque de derechos humanos”.

Situación similar observó con la iniciativa que plantea el reconocimiento de la Guardia Nacional (GN) como cuerpo de fuerza armada que apoye a la seguridad pública de manera permanente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

“Por un lado, se justifica a partir de la confianza y aceptación que generan la Armada, el Ejército y la GN, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), pero una revisión de la propia Envipe desde su primer levantamiento (2011) a la fecha revela que se comienza a mostrar un proceso de desgaste de esa confianza. Por otro lado, en la propuesta se aduce que la GN sí obedece a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial.

“Resulta materialmente imposible disociar una formación militar de su acción: como lo han referido múltiples estudios académicos sobre las relaciones cívico-militares y el control civil, las prácticas militares suelen chocar con las libertades individuales y las libertades civiles, valores fundamentales para las democracias. No es casual que en el fuero federal sólo el 82.3 por ciento de las detenciones fuera determinada como legal (2022) después del control judicial, un retroceso de ocho puntos respecto de 2021”, explicó México Evalúa.

En lo que respecta al gasto público, la propuesta de reforma en pensiones se enfoca en brindar apoyo a los futuros pensionados que se jubilen con una pensión inferior al salario promedio; tiene aspectos positivos; pero, carece de una estimación del impacto presupuestario, es decir, no se especifica cuánto costará, ni considera posibles fuentes de ingresos para financiarla de manera sostenible, lo cual podría comprometer la estabilidad financiera del Gobierno, especialmente en un momento en el que se ha solicitado el mayor endeudamiento para un solo año en los últimos 30 años, según lo previsto para 2024.

Con respecto a la reforma del artículo 4 constitucional relacionado con la salud, México Evalúa celebra la pretensión de establecer que toda persona tenga derecho a la atención médica universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, cirugías y medicamentos necesarios; pero, considera que se debe prever los recursos para garantizar este derecho o “la ley quedará en letra muerta”.

Por último, la organización analizó la iniciativa de reforma de simplificación orgánica, a través de la cual se pretende regresar a las dependencias de la Administración Pública Federal las atribuciones de órganos autónomos “transversalizar este tipo de política de ‘austeridad republicana’ sólo es un pretexto para debilitar los contrapesos al Poder Ejecutivo. La pretensión final es concentrar más atribuciones, evitar los controles que ejercen los organismos independientes y trasladar un proyecto político a las esferas que actualmente son protegidas por estos órganos”.