Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituyó al Seguro Popular, con el argumento de que éste no era “seguro” y mucho menos “popular”, eliminó de un día para otro uno de los sistemas de salud pública más eficientes del país en lo que va del siglo.

El decreto presidencial con el que se estipuló tal sustitución fue publicado el 29 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF); y el proceso para desarrollarlo se inició el 1° de enero de 2020. En los primeros días de ese año surgieron los problemas que habrían de inhabilitar al Insabi: el Gobierno Federal no publicó el plan para institucionalizarlo, ni difundió el calendario de transición, su financiamiento, la absorción de servicios estatales y sus reglas de operación.

Poco después de que el Presidente, en una de sus conferencias de prensa matutinas, declarara que los servicios y los medicamentos del nuevo sistema serían gratuitos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció, el 30 de diciembre de 2019, la modificación de las cuotas de recuperación en hospitales y clínicas, aunque días más tarde fueron bloqueadas y reembolsada su diferencia al alza con las anteriores.

Fue así como se improvisó la creación del Insabi a pesar de la férrea defensa del Seguro Popular realizada por expertos en políticas de salud, entre los que sobresalió Salomón Chertorivski, su fundador en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien advirtió que en el proyecto del Insabi existía mucha incertidumbre porque carecía de financiamiento alterno y se concentrarían los servicios sanitarios estatales en perjuicio de los pacientes.

Precisó que el Insabi no tenía estructuras firmes para brindar los amplios servicios de atención sanitaria de los que disponía el Seguro Popular, porque no había sido diseñado con base en conocimientos de salud pública. También advirtió que el principal argumento del gobierno morenista para desaparecerlo, la corrupción, carecía de sustento y que si se registraron algunos actos irregulares, se debió a la vulnerabilidad a la que están expuestas muchas instituciones del país frente a ese problema.

Chertorivski argumentó también que así como los actos deshonestos cometidos en Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto para el Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) no vertieron en su desaparición, tampoco debió haberse ordenado el cierre del Seguro Popular.

Con respecto a uno de los señalamientos del documento Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre los Sistemas de Salud: México, que fue difundido en 2016, y en el que se prevé que “sin una reforma de largo alcance, México corre el riesgo de mantener un sistema de salud fragmentado y con inequidades marcadas en el acceso a la calidad”, el experto aclaró que este diagnóstico de ningún modo recomienda o sugiere la desaparición del Seguro Popular.

Carlos Luis Moreno Jaimes, especialista en políticas públicas, reveló por su parte que el Seguro Popular fue muy bien diseñado, pero que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron varios casos de desvío de recursos, decayó la calidad de sus servicios y un montón de infraestructura médica fue infrautilizada.

Moreno Jaimes, con un doctorado en política pública por la Universidad de Texas, explicó que el Seguro Popular fue planteado como un mecanismo de financiamiento sanitario y no como proveedor de servicios médicos. Debía asegurar a la población no asalariada sin que ésta desembolsara grandes cantidades de dinero para enfrentar sus padecimientos de salud.

Recordó que la provisión de servicios quedó a cargo de los sistemas estatales de salud, que fueron creados desde las décadas de los 80 y 90 mediante la descentralización del sistema de salud federal; pero que la idea original del Seguro Popular era muy buena porque los estados que más dinero recibían eran los que tenían más afiliados y podían atenderlos, con lo que se superó la inequidad.

Agregó también que, en el sexenio de Felipe Calderón, la cobertura médica registró un gran crecimiento de la cobertura, pero que ésta todavía era potencial porque los afiliados disponían de una póliza y no de una cobertura física inmediata. Por ello, Calderón presumió que México había alcanzado la cobertura universal sin considerar que tantos afiliados recibieran atención desigual e infame en muchos casos.

El especialista explicó que durante el calderonismo hubo también varios desvíos de recursos, que se repitieron en el sexenio posterior (el de Enrique Peña Nieto) a los que se sumó una brutal caída en la calidad de los servicios de salud, la desatención de la infraestructura médica y la inauguración de hospitales y clínicas con personal y equipos ficticios.

Moreno Jaimes puntualizó que estas deficiencias indujeron a AMLO a sustituir al Seguro Popular con el Insabi; y aunque reconoce que no dispone de la información indispensable para sugerir que el Seguro Popular debió ser rescatado, es posible suponer que sí, porque su financiamiento, a través de la afiliación, lo hacía sustentable y porque su administración fue bastante transparente.

Sistema de salud fallido

El exsecretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Héctor Ramírez Barba, aclaró en su momento que el Insabi provocaría la recentralización de los servicios de salud –que sería un desatino absoluto– y que su financiamiento resultaría insostenible.

El también integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados y quien ha sido dos veces Secretario de Salud de Guanajuato, informó que la razón de fondo en esa decisión fue que el gobierno morenista quería tener también un control político de la población a través de los servicios de salud.

Ramírez Barba recordó que, en las últimas décadas, México había avanzado en los servicios de salud a los estados y municipios; y que éstos los operaban responsablemente; pero que este proceso fue desechado por un gobierno que ni siquiera ha sido capaz de operar bien una sola licitación pública.

El legislador panista reportó que el Gobierno Federal morenista ofreció atención y medicamentos gratuitos para todas las enfermedades, lo que resulta financieramente insostenible a través del Insabi, porque la administración actual carece de los recursos fiscales suficientes para sufragar esos gastos.

El presupuesto para salud resultó insuficiente; además, había más de 80 mil trabajadores del sector salud con contratos precarios; y la infraestructura hospitalaria estaba mal diseñada y era insuficiente, un problema que debía corregirse progresivamente.

Otras fallas en la prestación de los servicios del nuevo sistema, denunciadas por los pacientes y personal médico –entre las que destaca el desabasto de medicamentos y la negación de tratamientos a ciertas enfermedades– fue precisamente la falta de recursos financieros del Insabi.

Además, algunos de los establecimientos privados de salud, sus costos de servicios de cirugías, hospitalización, radioterapias y medicamentos… muchos pacientes no entendieron los criterios de elegibilidad y afiliación al Insabi porque no aclararon sus reglas de operación.

El médico y legislador sostuvo que el Insabi no planteó la gratuidad de los problemas médicos complejos bajo ningún parámetro, únicamente se responsabilizó de la atención de primer nivel o clínica y de la de segundo nivel, como partos y cirugías sencillas a través de los hospitales generales. Es decir, no se responsabilizó de la atención a los padecimientos de tercer nivel, que son de alto costo y entre los que se halla el tratamiento del cáncer, la diabetes y los problemas cardiovasculares, entre otros males complicados.

También falla el IMSS-Bienestar

Cuando la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Insabi con 266 votos a favor y 222 en contra, y el traslado de sus funciones al IMSS-Bienestar (programa al que ahora le corresponde brindar servicios médicos y medicinas a las personas que no cuentan con afiliación laboral), los legisladores de la oposición advirtieron ante los de Morena que con esta iniciativa aceptaban que el Insabi había sido “un rotundo fracaso”. Salomón Chertorivski, quien ahora es legislador del partido Movimiento Ciudadano (MC), advirtió además que las fallas del Insabi pasarían al IMSS-Bienestar y que también provocarían el fracaso de éste:

“A más de tres años de su mal funcionamiento, el Gobierno Federal aborta al Insabi y ahora crea el llamado IMSS-Bienestar. Una imposición acelerada y aventurada al deteriorado sistema de salud, a un año y medio del cierre de la administración del gobierno de la 4T, que causa incertidumbre entre los mexicanos que no cuentan con la atención médica del IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros sistemas de salud públicos de atención médica.

“Este sistema volverá a fracasar, porque las mismas fallas, los mismos vicios que se establecieron en el Insabi, se están trasladando al IMSS-Bienestar, y eso simplemente será una nueva y trágica etapa para la salud de los mexicanos. Al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó; pero en lugar de estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas a otra institución”, denunció Chertorivski.

El decreto presidencial mediante el cual se creó el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar fue publicado el 31 de agosto de 2022; y explica que su objetivo consiste en brindar atención médica y hospitalaria, así como medicamentos e insumos de forma gratuita a las personas de todo el país que no estén afiliadas a alguna institución de seguridad social. El número de éstas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de 32 millones 999 mil 713.

Con esta decisión, la Secretaría de Salud (SS) trasladó las tareas del Insabi al IMSS-Bienestar, una institución que brinda servicios a personas sin seguridad social en mil 328 municipios (el 54 por ciento del total) de 19 estados de la República; y desde finales del año pasado debe otorgarlos en otras 13 entidades: Baja California Sur, Colima, Ciudad de México,Aguascalientes,  Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

Por ello el IMSS, cuyas capacidades están al límite, ahora debe prestar su infraestructura médica al IMSS-Bienestar para que éste solvente el desafío que el gobierno encabezado por AMLO planteó primero con la creación del Insabi y ahora con la conversión de éste en IMSS-Bienestar, cuya infraestructura y equipamiento han ido a la baja en años recientes.

Un hospital que es víctima

En San Luis Potosí hay un nosocomio de tercer nivel, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, que brinda atención médica a pacientes con cáncer, realiza cirugías a corazón abierto, trasplantes de órganos, etc., y que preferentemente atiende a personas de muy escasos recursos económicos de esta entidad y de estados cercanos.

Hoy, debido a los cambios operados en el sistema de salud nacional, el prestigiado hospital potosino enfrenta alta demanda, está saturado y no tiene personal médico, equipo, instrumentos y los insumos suficientes para cumplir con sus tareas de alto riesgo. Además, la falta de apoyos de los gobiernos Federal y estatal genera incertidumbre en médicos, pacientes y sus familiares.

En abril de 2022, la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social, reveló que era urgente que el Gobierno Federal –entonces a través del Insabi– aportara más recursos de todo tipo al Hospital Central Ignacio Morones Prieto porque atiende no solo a la población de San Luis Potosí, sino también a los pacientes de otros estados.

“Tenemos el Hospital Central que necesita recursos para operar al 100 por ciento y atender la demanda; y esperemos que pronto volteen a verlo porque la gente sigue necesitando este apoyo de salud para todos; si bien seguimos con esta situación del Covid-19, los demás aspectos de salud no han mermado. Urge que ya volteen a verlo y le den el recurso para que opere”, resaltó.

La legisladora afirmó también que el Gobierno Federal debe fortalecer el sistema de salud nacional y, en específico, a instituciones como el IMSS, afectados debido a la pandemia y a la creación de nuevos programas de atención, como el caso del Insabi. “Hemos visto que el IMSS también necesita fortalecerse; son instancias de salud y creo que todos deberían funcionar para atender a la población y estén a disposición de todos los que los necesitan”.

En marzo de este año, los trabajadores del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto denunciaron, durante una manifestación pública, que carecían de personal médico suficiente, insumos para atender a los pacientes y que sus condiciones laborales eran difíciles.

La secretaría general del sindicato, Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, hizo un llamado directo al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para criticar “el mal desempeño del Secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, y del director general del Hospital Central, Jorge Aguilar García”.

“Con esto externamos las carencias que se viven en el interior del hospital; tenemos necesidades día con día y al momento no hay una respuesta eficiente y eficaz. No se está cumpliendo con las indicaciones de salvaguardar a los potosinos”.

El sindicato del Morones Prieto solicitó la cobertura de 200 plazas faltantes, equipo biomédico, de curación, medicamentos e infraestructura. “No hay antibióticos ni esquemas de quimioterapia, tampoco material para cirugías, falta personal para poder asistir en las cirugías y procedimientos”. Además, lamentó que no les dan vacaciones, tampoco descansos, equipo de protección ni uniformes.