La transición del sistema de salud estatal de Michoacán hacia el modelo Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar está marcado por inconsistencias, el abandono burocrático, la falta de personal médico, equipo e insumos; y una vez más, los afectados son millones de enfermos para quienes el derecho a la salud se ha vuelto letra muerta y deben elegir entre ver cómo avanzan sus padecimientos o sacrificar sus ingresos para recurrir a la medicina privada.

El nuevo modelo de salud federal, ambicioso proyecto que se presentó como la solución a las deficiencias históricas del sistema estatal y con el que se garantizaría la gratuidad y eficiencia a toda la población sin seguridad social, no ha hecho sino agravar los problemas de los enfermos que solicitan atención médica y sólo encuentran carencias y desabasto.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, respaldó el cambio y cedió a IMSS-Bienestar la operación de los hospitales y el personal médico del sistema sanitario de Michoacán. Sin embargo, el proceso únicamente ha evidenciado la incapacidad de las autoridades sanitarias para decidir políticas que ofrezcan buenos resultados y enfrenten problemas estructurales que afectan a la población.

La crisis profunda del sistema de salud michoacano está documentada por sus trabajadores y pacientes. En 2025 y lo que va de 2026, los sindicatos del sector salud han elevado el tono de las denuncias:

Los gobiernos estatal y federal han debilitado al límite la atención médica, provocado el desabasto de medicamentos y precarizado la situación laboral de los trabajadores de la salud.

A decir de los líderes sindicales, el llamado “abasto completo” de medicamentos que tanto presumen las autoridades es realmente una simulación construida mediante la reducción del cuadro básico de insumos.

Aseguran que la disminución ha sido hasta del 30 por ciento de los medicamentos esenciales, lo que permite a los gobiernos reportar cifras positivas, pero no cubren las necesidades de hospitales y clínicas.

Las consecuencias son visibles y fatales en muchos casos. Los representantes laborales afirman que hasta el 20 por ciento de las muertes en hospitales públicos podrían estar relacionadas con la falta de insumos, equipos y personal.

Aunque alarmante, esta cifra se sostiene en testimonios del personal médico que se ve obligado a trabajar forzadamente, sustituir materiales e improvisar instrumentales por la escasez de insumos y medicamentos.

“Nos dicen que hay todo, pero la realidad es diferente. No tenemos ni lo básico, y muchas veces tenemos que pedirle a los familiares que compren el material. Esto ya no es nuevo; ya nos da pena esta situación ante los pacientes y sus familiares”, lamentó una trabajadora sindicalizada de Morelia durante una protesta pública.

Su testimonio refuerza la denuncia popular sobre una práctica sistemática de los gobiernos morenistas: trasladar la responsabilidad del sistema público de salud a los bolsillos de los pacientes.

La falta de personal médico especializado y las condiciones laborales precarias provienen de un mismo entramado. A estas deficiencias se suma la existencia de cientos de trabajadores sin regulación laboral, con pagos atrasados e incumplimiento de laudos.

Estas condiciones generan incertidumbre y afectan las tareas hospitalarias. En el pasado reciente, cerca de tres mil trabajadores denunciaron retrasos e irregularidades en sus pagos, evidenciando un problema estructural en la administración de recursos.

Un trabajador del Hospital Civil de Morelia, quien pidió el anonimato, brindó a buzossu testimonio del panorama crítico que los médicos y las enfermeras de este nosocomio enfrentan diariamente:

Hay jornadas en las que deben decidir qué pacientes atender primero; pero no por su gravedad, sino por la disponibilidad de insumos. “No es medicina, es sobrevivencia. Hay días en que simplemente no hay con qué trabajar hasta que se consigue lo que el paciente necesita”, denunció.

La crisis también ha impactado directamente en la población. En abril de este año, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron, en Morelia, esperas mayores a cuatro horas debido a la falta de insumos y a la saturación de pacientes.

Para muchos de ellos, acudir a un hospital público implica no sólo formarse en largas filas, sino enfrentarse a la posibilidad de no recibir la atención adecuada.

Una mujer que acompañaba a su esposo se enfermó y narró a este medio que les “pidieron comprar hasta las gasas. Si no traes dinero, no te atienden bien. Entonces, ¿para qué sirvió afiliarnos al IMSS-Bienestar?”.

Estas quejas se escuchan en todos los municipios del estado, donde cada vez más personas optan por acudir a médicos privados, aun cuando esto represente un gasto que muchas familias no pueden afrontar.

A este escenario se agregan los conflictos entre las autoridades y los sindicatos, que han escalado en 2026. El gobierno estatal acusa a éstos de obstaculizar servicios como campañas de vacunación, pero los trabajadores afirman que sus protestas únicamente son para denunciar la crisis.

En marzo pasado, las autoridades aseveraron que los bloqueos sindicales frenaron la distribución de vacunas contra el sarampión y otras epidemias, con lo que impidieron cumplir su meta de inmunizar a 800 mil personas en 10 semanas.

Sin embargo, a finales de abril, el personal de enfermería en varios centros de salud en Michoacán, entre ellos Tarímbaro y Morelia, advirtieron que no contaron con el abasto suficiente de todas las vacunas.

Y mientras el gobierno insiste en que el sistema opera establemente para ocultar la ruptura profunda que lo separa del personal de salud, los trabajadores sostienen que laboran en condiciones mínimas y con graves deficiencias.

“No estamos bloqueando por gusto, estamos exigiendo lo indispensable para trabajar”, señaló durante una movilización un integrante del sindicato del IMSS. Los sindicatos aseguran que detrás de todo esto hay un problema de fondo: la transición al modelo IMSS-Bienestar y la mala administración de los recursos financieros.

Denuncian que los fondos prometidos no llegan adecuadamente y que el gobierno estatal ha tenido que cubrir pagos con recursos propios, generando un desorden financiero que impacta a los hospitales y a sus trabajadores.

Por ello, en cada protesta pública repiten esta pregunta socarrona: “¿dónde está el dinero destinado a la salud?”. La respuesta, hasta ahora, no se ha revelado, pero sí se evidencia la crisis que ha rebasado el ámbito laboral y se ha convertido en un problema social.

La población, atrapada entre la falta de atención y la imposibilidad de pagar servicios privados enfrenta un sistema que no garantiza el derecho básico a la salud. Esta realidad se vive en cada hospital sin medicamentos, en cada médico que trabaja sin recursos y en cada paciente que espera, sin certeza, ser atendido.

Centralización

El principal cambio generado por el nuevo modelo es la centralización del sistema de salud. En teoría, busca mejorar la coordinación y reducir la corrupción; pero en la práctica, ha provocado un problema crítico: la falta de claridad en torno a quién es el responsable cuando el sistema falla.

Con la transferencia al Gobierno Federal del control sanitario, los estados han reducido su capacidad de respuesta a los problemas médicos. Esto ha provocado que ninguna autoridad asuma plenamente la responsabilidad para resolverlos, es decir, existe un vacío institucional.

Un trabajador administrativo de un hospital público lo explica así: “Cuando falta medicamento, nos dicen que es problema federal; pero el paciente está aquí, no allá. Y nadie da una solución inmediata”. Otro trabajador añade: “antes se resolvía más rápido a nivel estatal; ahora todo depende de decisiones centrales que tardan más”.

Este problema se agrava con la concentración del sistema. La federalización implicó la transferencia de cientos de hospitales y miles de centros de salud, lo que ha dificultado la coordinación de éstos. El resultado es un sistema más grande, pero menos eficiente.

Las fallas del sistema no afectan a todos por igual. En Michoacán, las comunidades rurales enfrentan consecuencias más severas. La falta de infraestructura, combinada con la escasez de recursos, representa un desafío constante para atender la salud de las personas.

Juana López, habitante de El Puerto del Tigre, una comunidad rural, reveló a buzosque tarda hasta dos horas para llegar al hospital civil. “A veces llegas y no hay doctor o no hay medicamento. Regresas con las manos vacías”, informó.

Otro habitante denunció: “aquí no tenemos otra opción: si el sistema falla, simplemente no hay atención”.

Un joven padre de familia reportó que cuando enfrentó una emergencia médica tuvo que trasladarse a otra ciudad porque el centro de salud local no poseía personal suficiente. “Perdimos tiempo valioso. Mi hijo estaba mal y no podían atenderlo”.

Los testimonios demuestran que el sistema de salud de Michoacán no sólo tiene fallas operativas técnicas, sino que además profundiza las desigualdades, porque las decisiones tomadas tanto a nivel estatal como federal no han logrado traducirse en mejoras reales.

Las cifras muestran avances parciales, pero también evidencian retrocesos. Miles de recetas sin surtir, problemas logísticos persistentes, pacientes que están pagando médicos particulares; personal médico que trabaja sin recursos y comunidades enteras que enfrentan barreras para acceder a servicios básicos.

En resumen: la centralización del sistema no ha resuelto los problemas de fondo. Ha cambiado su funcionamiento burocrático, pero no la realidad. Y mientras el sistema transita, millones de personas están esperando una solución que no llega.

Cuando un sistema depende de la improvisación, del esfuerzo extraordinario del personal médico y del bolsillo de los pacientes para sostenerse, ya no está cumpliendo como garante del derecho a la salud.

Por otro lado, el conflicto entre el gobierno y los sindicatos exhibe la ausencia de mecanismos efectivos de diálogo; y la confrontación constante, lejos de resolver conflictos, agrava las dificultades que, a su vez, se profundizan e impactan en la salud de los michoacanos.

La viabilidad del sistema sanitario en Michoacán dependerá, en gran medida, de la capacidad de las autoridades para reconocer la magnitud del problema y actuar con base en diagnósticos reales, no en indicadores maquillados.

Estadísticas en rojo 

En el discurso oficial, el Gobierno Federal declara que el sistema de salud ha alcanzado niveles de abasto de medicamentos cercanos al 97 por ciento. Sin embargo, los datos más recientes muestran que su contabilidad resulta fallida o está alterada.

En 2023, el sistema farmacéutico público no surtió más de 7.5 millones de recetas, cifra con la que se logró reducir el déficit registrado en 2022, cuando el número de las recetas incompletas superó los 11 millones. Pero en 2024, únicamente el IMSS desatendió más de 4.5 millones de recetas y el total nacional de éstas fue mayor a 11.5 millones.

En 2023, el porcentaje de recetas surtidas en algunas unidades del sistema llegó apenas al 74 por ciento, cifra inferior a años previos. En el caso específico del IMSS-Bienestar, el propio gobierno reconoció que en su fase inicial operaba con niveles cercanos al 54 por ciento de recetas surtidas, lo que evidencia una base débil desde su implementación.

Estos números reflejan una tendencia clara: aunque el discurso institucional difunde mejoras, el acceso efectivo a los medicamentos se muestra irregular. La experiencia de los pacientes confirma esta brecha entre las cifras y la realidad.

María Hernández, madre de familia en Morelia, relató a buzos que acudió al Hospital Infantil para atender a su hijo enfermo y recibió sólo una parte del tratamiento. Regresó en varias ocasiones sin obtener el resto de los medicamentos, hasta que se vio obligada a comprarlos.

“Fueron más de 800 pesos en una sola semana, y eso porque no podía esperar más”, añadió. El padre de familia de otro menor, paciente de diabetes, se halla en la misma situación recurrente: “cada mes es lo mismo, nunca te dan todo. Siempre falta algo y ese algo es el que tienes que pagar”.

En el Hospital Civil de Charo, una mujer adulta mayor compartió a este semanario que debe limitar el presupuesto destinado a su alimentación para poder comprar los medicamentos para atender la artritis que padece, porque el sistema no ha surtido su receta.

“Prefiero comer menos, pero comprar mis pastillas porque si no, me pongo peor; los dolores en mis manos y rodillas son insoportables cuando no me tomo el medicamento. Es discapacitante”, lamentó.

Estos testimonios reflejan que más allá de las cifras, los discursos y los conflictos políticos, está en juego el derecho a la salud, fundamental para muchos mexicanos pobres y marginados.