La reproducción y crianza de las ballenas gris y azul se hallan en riesgo desde el pasado 10 de abril, cuando el Gobierno Federal decidió convertir el Parque Nacional Bahía de Loreto en puerto de altura y cabotaje, a pesar de su acondicionamiento como Área Natural Protegida (ANP).

El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF),alentará el tráfico comercial y naval de la Secretaría de Marina (Semar) en esta área, e impactará directamente el criadero de ambas especies que, desde el sexenio anterior (2018-2024), recibía protección gubernamental.

Este golpe al medio ambiente marino se suma a otros que, desde ese periodo, han violentado a las ANP en otras entidades del país para satisfacer principalmente la ambición de los grandes inversionistas privados que sólo buscan lucrar y elevar sus ganancias a costa de la naturaleza y la salud humana.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según información del Gobierno Federal, el número de ANP aumentó de 182 a más de 230 para brindar protección a cerca de 98 millones de hectáreas de bosques, selvas tropicales, áreas desérticas, fluviales y marinas.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), este año dispone de mil 503 millones de pesos (mdp), presupuesto muy reducido que le impide vigilar bien las ANP en el país.

La cifra equivale a 15 pesos por hectárea para la cobertura de los costos para vigilancia ambiental, monitoreo de especies, restauración ecológica y administración de los parques nacionales y reservas naturales. En las más de 230 ANP únicamente hay entre 600 y 700 guardaparques y supervisores especializados.

Pero los especialistas y las organizaciones ambientalistas advierten que el problema no se limita a la falta de presupuesto y vigilancia, sino también a la práctica de políticas mentirosas provenientes del Gobierno Federal, como lo evidenció hace dos meses con su “contradictoria” decisión en Loreto, Baja California Sur; porque mientras amplía el número de las zonas ecológicas sensibles, impulsa la inversión privada en proyectos de infraestructura para el desarrollo económico.

Alarma ambiental

La posibilidad de mayor actividad portuaria y el eventual arribo de grandes embarcaciones a partir del decreto presidencial de abril pasado –suscrito por la Semar– generó preocupación inmediata entre los habitantes, prestadores de servicios turísticos y organizaciones ambientales de Baja California Sur.

Su mayor preocupación se centra en la posibilidad de que el nuevo estatus portuario de Loreto permita el ingreso de cruceros y embarcaciones de gran tamaño, y que éstas destruyan la biodiversidad marina, además de la reproducción y crianza de especies como las ballenas gris y azul.

Las primeras expresiones de inconformidad surgieron a finales de abril, cuando los habitantes, prestadores de servicios turísticos y pescadores se movilizaron en áreas públicas para exigir la revisión del decreto. De acuerdo con los prestadores de servicios náuticos del municipio, el riesgo no se limita al turismo, sino a la transformación total del ecosistema marino.

“Permite que, además de cruceros, vengan buques de carga, embarcaciones comerciales (...) algo que, dentro de un área natural protegida, no es sano”, alertó Noé Gaona González, presidente de la Unión de Cooperativas Grupo GBAL y prestador de servicios náuticos en Loreto.

La primera manifestación ciudadana se organizó el pasado 22 de abril; en ella, los participantes expresaron su rechazo al proyecto porque considera que arriesga el modelo de turismo sustentable de Loreto.

Dos días después, el 24 de abril, se efectuó otra movilización en la que los inconformes reiteraron su exigencia de cancelar o revisar el decreto federal, argumentando falta de una consulta previa a la comunidad.

A partir del siete de mayo se intensificaron las protestas con la participación de cooperativas pesqueras, prestadores de servicios turísticos y organizaciones civiles, quienes advirtieron que la ampliación portuaria podría modificar irreversiblemente el equilibrio ambiental del área protegida.

El 18 de mayo se sumaron otros sectores productivos locales, entre ellos el del turismo náutico; y, entre el 20 y el 22 de mayo de 2026 el conflicto escaló al ámbito político con pronunciamientos de autoridades estatales y municipales que solicitaron la revisión del decreto federal.

 ¿Ballenas o gas? 

La coalición ¿Ballenas o Gas? (integrada por más de 40 organizaciones ambientales, climáticas y sociales) expresó su solidaridad con los trabajadores y habitantes de Loreto ante el decreto presidencial, porque su preocupación persiste desde hace dos años, y siempre se han planteado los riesgos del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de California: se destruye el equilibrio ecológico, el hábitat de la ballena azul y la economía de quienes dependen del avistamiento de estas especies marinas en la Bahía.

Hicieron un llamado urgente a revertir la decisión porque los cruceros de gran calado tienen una larga historia de impactos ambientales negativos, ya que destruyen los hábitats marinos y generan contaminación acústica que desorienta y ensordece considerablemente a los mamíferos marinos.

También denunciaron que las operaciones de carga y descarga de agua de lastre –utilizada para estabilizar los buques en navegación– pueden introducir especies invasoras y contaminar severamente los ecosistemas marinos.

Las organizaciones destacaron, asimismo, que el decreto contradice la vocación ambiental de la Bahía de Loreto, reconocida como Parque Nacional y Patrimonio Mundial de la Humanidad. Recordaron que el programa para administrarlo recomienda claramente que los cruceros y megacruceros representan una amenaza para la conservación de la ballena azul.

Con respecto al ámbito económico, subrayaron que buena parte de las actividades laborales de Loreto están estrechamente relacionadas con el turismo ecológico, la pesca y los servicios comerciales y el turismo de pequeña escala, a los que la frecuencia de cruceros desplazaría de forma considerable.

Ante este escenario, la población de Loreto se ha organizado para exigir la protección efectiva de sus medios de vida y de los ecosistemas marinos que sostienen la riqueza natural del Golfo de California.

Las organizaciones firmantes exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades ambientales federales actuar conforme a sus atribuciones y priorizar en la protección ambiental y comunitaria por encima de intereses económicos externos que amenazan con profundizar el deterioro de los territorios y mares del país.

Reconocen negligencia 

El gobierno de Baja California Sur reconoció públicamente omisiones y falta de consulta ciudadana en el decreto federal que modificó el estatus del puerto de Loreto para permitir operaciones de altura y el eventual arribo de megacruceros.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío admitió que la medida “ocasionó una serie de controversias” y que el decreto “quizá deba revisarse” luego de la inconformidad expresada por los habitantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos de Loreto.

El mandatario reconoció que el cambio de categoría portuaria se efectuó sin consulta ciudadana previa y aceptó que existió “una omisión y un error administrativo” de las instancias promotoras de la medida, entre ellas la Semar y la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS).

“Faltó socializar e informar adecuadamente a la población sobre sus alcances”, agregó, en relación al decreto cuestionado; la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, reconoció que la inconformidad sobre el decreto se debe a que la población no fue informada ni considerada.

Por su parte, Sheinbaum Pardo declaró que el decreto que reclasificó al puerto de Loreto no tiene el objetivo de abrirlo al arribo masivo de megacruceros ni afectar el hábitat de la ballena azul.

En una de sus conferencias matutinas afirmó que la modificación solamente respondió a una actualización administrativa y rechazó que exista un proyecto para convertir a Loreto en un puerto de gran tráfico marítimo. “No es el objetivo que ahora a Loreto vayan a llegar 500 barcos al convertirlo en un puerto de altura; nada que ver”, sentenció.

Se comprometió, además, a que la Semar revisará y corregirá el decreto para evitar interpretaciones erróneas sobre sus alcances; y subrayó que el Gobierno Federal “no quiere afectar a las ballenas, ni nada de eso”; y que no existe intención de modificar el carácter turístico y ecológico de Loreto.

Exhiben a Semar

Durante una mesa de diálogo instalada en Loreto, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar y funcionarios de la API-BCS, defendieron el decreto presidencial con el argumento de que busca regularizar las operaciones marítimas internacionales que durante años se han dado sin sustento legal en torno al Parque Nacional Bahía de Loreto.

Morales incluso admitió que “desde 2006, el Puerto de Loreto se mantenía operando en una condición irregular debido a que recibía embarcaciones en navegación de altura, pese a estar habilitado únicamente como puerto de cabotaje”; y que, por tal motivo, el decreto busca “formalizar jurídicamente las operaciones que ya se realizaban en el puerto”.

El titular de la Semar confirmó que la solicitud para reclasificar el puerto fue promovida desde mayo de 2024 por la API-BCS, dirigida por Narciso Agúndez Gómez bajo el argumento de “impulsar el desarrollo económico de la región”.

Durante las reuniones, representantes de la Semarnat –coordinada– por Alicia Bárcena Ibarra, y de la Conanp –dirigida por Pedro Álvarez Icaza Longoria– intentaron explicar que el decreto no implicaba la llegada masiva de megacruceros ni la construcción de nuevas obras de infraestructura.

Sin embargo, habitantes, pescadores, científicos y organizaciones ambientales respondieron que esa admisión confirmaba la gravedad del problema: las autoridades federales pretendían “regularizar” una actividad incompatible con el carácter de ANP del Parque Nacional Bahía de Loreto.

La población recordó que el propio programa para supervisar el parque nacional identifica a los megacruceros y cruceros como una amenaza para la conservación de la ballena azul y de los ecosistemas marinos del Golfo de California.

Frente a los reclamos, los funcionarios de la Semar insistieron en que la declaratoria era “un acto de carácter administrativo que formaliza la operación actual del puerto” y que “lo único que regula es la navegación”.

Pero los asistentes no oficialistas cuestionaron que la reclasificación legitima el incremento de operaciones marítimas internacionales porque permite la llegada de megacruceros y justifica futuras ampliaciones portuarias en una de las zonas ecológicas más sensibles del país.

La simulación 

La mesa de diálogo celebrada en Loreto desnudó la intención oculta en la política ambiental del Gobierno Federal de Morena: la alarmante facilidad con que “de un plumazo” administrativo se destruya un santuario natural.

Mientras el discurso oficial presume la creación en el papel de decenas de ANP, estas áreas territoriales se hallan en extremo vulnerables frente a las decisiones burocráticas y las ambiciones de los inversionistas privados.

En Loreto, el drama de disculpas institucionales evidenció que la protección ecológica luce frágil. El gobernador Víctor Castro se disculpó por la “omisión” de socializar el proyecto, mientras que Narciso Agúndez Gómez, director de la API-BCS, pasó horas midiendo palabras frente a su computadora y conteniendo la respiración ante los reclamos ciudadanos.

 Agúndez asumió el costo político de haber promovido una reclasificación portuaria desde 2024 que pretendía “regularizar” el tránsito de grandes embarcaciones sobre un parque nacional sin “salpicar” las responsabilidades federales.

Pero el problema de fondo está más allá de la presión a cualquier funcionario local. Resulta inverosímil creer que un decreto con firma presidencial, capaz de alterar las rutas de la ballena azul y desestabilizar la economía local, se formuló a ciegas en un escritorio.

Si en las altas esferas del Gobierno Federal no sabían lo que firmaban, la ceguera técnica resulta alarmante; y si conocían la contradicción, esto luce todavía más irresponsable, coincidieron activistas y defensores de la Bahía.

El caso de Loreto evidencia que, en México, las ANP no están aseguradas; operan con presupuestos de miseria y bajo la constante amenaza de decretos externos, cuyos programas administrativos buscan regularizar actividades comerciales prohibidas.

La unidad entre los pescadores, prestadores de servicios y habitantes logró frenar este golpe y la lección resulta contundente: de nada sirve decretar millones de hectáreas protegidas si los gobiernos mismos permiten la destrucción de zonas ecológicas. La lucha de Loreto no solamente radica en frenar los barcos de gran calado, sino en demostrar que la protección ambiental mexicana no sea una simulación de papel.