Las Fuerzas Armadas mexicanas dejaron de ser únicamente instituciones de seguridad para convertirse en un actor económico con creciente influencia sobre recursos públicos, infraestructura estratégica y funciones civiles, concluye la tercera edición del estudio El Negocio de la Militarización: Opacidad, poder y dinero, elaborado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

La organización advierte que este proceso se desarrolla en un contexto de opacidad creciente y de debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, lo que representa un riesgo para el equilibrio entre el poder civil y el militar.

Entre los principales hallazgos, el informe destaca que el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) creció a una tasa promedio anual de 7.9 por ciento entre 2006 y 2026, mientras que el de la Secretaría de Marina (SEMAR) aumentó 6.5 por ciento, muy por encima del crecimiento del gasto público federal.

En 2024 ambas dependencias alcanzaron sus niveles presupuestales más altos de la historia. Aunque durante el gobierno de Claudia Sheinbaum hubo ajustes a la baja, los recursos asignados continúan por encima de cualquier nivel registrado antes de ese año.

El estudio también señala que México se convirtió en 2024 en el segundo país de América Latina con mayor gasto militar, sólo detrás de Brasil, luego de que el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas creciera 120 por ciento entre 2015 y 2024, más del triple del promedio mundial.

MUCD sostiene que el poder económico de las instituciones castrenses ya no depende únicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino también de fideicomisos, empresas públicas, convenios con gobiernos y la administración de infraestructura estratégica.

Al cierre de 2025, SEDENA y SEMAR administraban conjuntamente 87 mil 706 millones de pesos mediante fideicomisos públicos, mientras que el fideicomiso destinado al equipamiento militar acumulaba más de 52 mil millones de pesos.

Respecto al manejo del gasto, el informe identifica patrones recurrentes de sobreejercicios presupuestales y reasignaciones de recursos durante el ejercicio fiscal. Destaca que la SEMAR ejerció 37por ciento más recursos de los autorizados en 2023 y que la SEDENA registró un sobreejercicio de 111por ciento en 2024.

Además, documenta que partidas sin presupuesto aprobado originalmente terminaron absorbiendo miles de millones de pesos. Uno de los casos citados es el de las aportaciones a fideicomisos públicos de la SEDENA, que ejercieron más de 76 mil millones de pesos pese a no contar con asignación inicial.

Aunque el estudio dedica un apartado al desempeño de las 25 empresas públicas bajo control militar, concluye que varias mantienen una fuerte dependencia de recursos públicos y aún no muestran condiciones de autosuficiencia financiera, entre ellas el Mexica de Aviación y el Tren Maya. Esta última reportó que solo el 2 por ciento de sus ingresos provino de la venta de servicios, mientras que el 98 por ciento provinieron de transferencias del gobierno federal.

Otro de los puntos relevantes es la militarización de las aduanas. El informe recuerda que las Fuerzas Armadas tienen actualmente el control operativo de las 47 aduanas del país y sostiene que casos recientes, como el denominado "huachicol fiscal", evidencian que la transferencia de estas funciones no eliminó los problemas de corrupción.

MUCD considera que la reforma constitucional de 2024, que eliminó la restricción expresa para que militares desempeñen funciones civiles en tiempos de paz y formalizó el traslado de la Guardia Nacional a la SEDENA, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre el poder civil y el militar.

Asimismo, advierte que la desaparición del INAI coincidió con un mayor uso de fideicomisos, gastos extrapresupuestarios y una reducción de los mecanismos de acceso a la información, lo que dificulta el seguimiento del destino de los recursos públicos asignados a las Fuerzas Armadas.

Para la organización, el análisis de las tres ediciones del estudio confirma que el fortalecimiento económico de las instituciones militares responde a una lógica de acumulación y permanencia, por lo que plantea la necesidad de reestablecer controles democráticos y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.