La ambigüedad en algunos artículos de los Lineamientos de Derechos de las Audiencias abre suspicacias para la censura.
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Ya lo había publicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a mediados de junio pasado, hoy, a dos mes de distancia, lo confirma: la Financiera para el Bienestar (Finabien) celebró dos contratos con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para dispersar hasta 252 mil 901 pagos identificados como "apoyos económicos".
Fue a través de una solicitud de transparencia que la organización tuvo acceso a los dos contratos que corresponden a dos etapas de la dirigencia nacional del partido: el primero firmado el 1 de junio de 2022, durante la gestión de Mario Delgado, y el segundo el 21 de abril de 2025, cuando Luisa María Alcalde estaba al frente de Morena, periodo en el que la Secretaría de Organización era ocupada por Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Operación de 252 mil 901 pagos
Tras una auditoría, el Órgano Interno de Control de Financiera para el Bienestar (Finabien) señaló que el CEN de Morena contrató a la institución para dispersar hasta 252 mil 901 pagos bajo el concepto de “apoyos sociales”; sin embargo, la revisión señaló que no se identificaron acciones ni protocolos específicos para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para atender las disposiciones aplicables al sistema financiero.
De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el señalamiento no demuestra por sí mismo que los recursos tuvieran un origen ilícito, pero sí advierte sobre la falta de mecanismos documentados para verificar su procedencia y destino.
El monto total de dinero entregado a través del esquema tampoco está establecido en los contratos; pero, el periodista Francisco Garfias, en su columna Arsenal, señaló que especialistas analizaron la auditoría interna de Finabien y advirtieron que no existe claridad sobre el origen de los recursos ni sobre la manera en que fueron distribuidos; por lo que califican la situación como “lavado de dinero” y estimaron que el dinero dispersado superaría los 600 millones de pesos.
Según MCCI, el primer convenio quedó registrado con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, fue firmado el 1 de junio de 2022 y hasta el 28 de junio de 2024 seguía vigente. Entre sus representantes aparece Francisco Javier Cabiedes Uranga, quien entonces tenía funciones de representación dentro de la Secretaría de Finanzas del CEN de Morena.
El acuerdo estableció la "prestación del servicio asociado al giro telegráfico a grandes usuarios para el pago de 'apoyos económicos'". Sus anexos contemplaban aspectos operativos como las comisiones, la cuenta desde la cual Morena debía depositar los recursos y los datos necesarios para emitir cada orden de pago.
El segundo convenio fue suscrito el 21 de abril de 2025, durante la dirigencia de Luisa María Alcalde. En el documento aparecen como representantes legales de Morena Luis Portillo Bencomo y Alfredo Nader Mena, ambos habían ocupado previamente cargos en dependencias federales durante la administración del expresidente AMLO y posteriormente tuvieron responsabilidades dentro de Morena.
Finalmente, MCCI señaló que mientras Finabien proporcionó copias de los dos contratos celebrados con Morena, el partido político remitió al solicitante a una serie de pasos para localizar los documentos en la Plataforma Nacional de Transparecia; sin embargo, aseguró, que los convenios no fueron localizados en el sitio señalado.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.