Hoy, todos admiten que la crisis de vivienda en España es estructural. Los españoles adultos y jóvenes que rentan vivienda, aparecen como las víctimas principales de la especulación del sector.
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La extrema derecha crece cuando millones de trabajadores sienten que viven cada vez peor. No es una explicación suficiente de su avance, pero sí una parte fundamental del mismo. Y el peligro es mayor cuando el deterioro del nivel de vida ocurre rápidamente: en unos meses el salario alcanza para menos comida, la renta consume una proporción mayor del ingreso y pagar la electricidad, la gasolina o el transporte se vuelve más difícil.
Eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo a partir del más reciente episodio inflacionario. Desde la pandemia, y con particular fuerza a partir de 2022, la economía mundial fue golpeada por una sucesión de perturbaciones. Las cadenas globales de suministro fueron interrumpidas, el transporte se encareció y los precios de la energía y los alimentos aumentaron rápidamente. La guerra en Ucrania agravó varios de estos problemas.
Estos aumentos pronto se extendieron al resto de la economía. La razón es sencilla: algunos bienes son indispensables para producir muchos otros. La energía es el ejemplo más claro. Si aumenta el precio del gas, el petróleo o la electricidad, aumentan también los costos de producir y transportar una enorme variedad de mercancías. Éstos son precios “sistémicamente significativos”, porque sus movimientos pueden propagarse por las cadenas productivas y generar aumentos generalizados en los precios.
Estas situaciones pueden aumentar temporalmente el poder de las grandes empresas para fijar precios. Cuando todo el mundo espera incrementos de precios debido a una guerra, una pandemia o una crisis energética, las empresas pueden trasladar rápidamente sus mayores costos a los consumidores. Algunas pueden aprovechar la situación para aumentar sus márgenes de ganancia. Esta dinámica, que la investigadora Isabella Weber ha denominado “inflación de vendedores”, fue importante para entender la inflación reciente y probablemente lo seguirá siendo, pues la guerra de Estados Unidos contra Irán ha desencadenado una nueva ronda de aumentos en los precios de la energía.
Las causas de la inflación y las políticas necesarias para combatirla pueden ser complejas. Pero, para la mayoría de la población, lo fundamental es cómo ésta afecta directamente sus condiciones de vida: cuando los precios aumentan más rápido que los ingresos, el nivel de vida de los trabajadores se deteriora.
Quizás por ello, una palabra ha comenzado a aparecer insistentemente en la política de los países ricos: affordability, o asequibilidad en español. El “costo de vida” se ha convertido en un tema central de la política estadounidense. El éxito de Zohran Mamdani en Nueva York es el ejemplo más claro. Su programa parte de una preocupación elemental: cuánto cuesta vivir. Vivienda, transporte público, cuidado infantil y alimentos ocupan, por ello, un lugar central en sus propuestas.
El éxito político de este discurso revela algo. Incluso en el país más rico del mundo, millones de trabajadores viven preocupados por si podrán pagar la renta, llenar el refrigerador, transportarse al trabajo o cubrir otros gastos básicos.
El problema es que prometer una vida asequible es mucho más fácil que garantizarla. Si se quiere proteger de verdad el acceso de los trabajadores a los bienes esenciales, habrá que discutir medidas que el consenso neoliberal convirtió durante décadas en tabú: mecanismos de estabilización de precios, reservas estratégicas, regulación de monopolios, provisión pública de ciertos bienes y servicios, inversión pública y fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores.
Una política de este tipo inevitablemente afecta intereses poderosos. Reducir el costo de la vivienda implica enfrentarse a propietarios y grandes empresas inmobiliarias. Intervenir en mercados energéticos afecta a las compañías que operan en ellos. Limitar aumentos extraordinarios de precios y márgenes toca directamente los intereses de grandes corporaciones.
Aquí se encuentra la verdadera prueba de la nueva política de la asequibilidad. Una parte de la izquierda y del establishment de los países ricos parece haber entendido (¡eureka!) que el deterioro del nivel de vida alimenta el descontento que aprovecha la extrema derecha. Pero garantizar la asequibilidad de los bienes esenciales exigirá enfrentarse a poderosos intereses económicos, muchos de los cuales han sostenido y apoyado a estas izquierdas del sistema.
Frente a sus previsibles vacilaciones y renuncias, la izquierda antisistema debe enarbolar radicalmente la bandera de la asequibilidad, denunciar cada concesión que vacíe estas propuestas de contenido y aprovechar estas luchas para mostrar a las grandes masas de trabajadores que garantizar condiciones dignas de vida exige disputar el poder de quienes controlan los recursos y sectores fundamentales de la economía.
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Escrito por Jesús Lara
Licenciado en Economía por El Colegio de México. Doctorante en Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst de EE.UU.