Desde hace un par de años, Chiapas se ha convertido en una de las entidades más violentas de México debido a las disputas entre grupos del crimen organizado para controlar el tráfico de drogas, armas y personas de Centroamérica hacia Estados Unidos (EE. UU.).

La población infantil es la más afectada por los choques armados, asesinatos directos, desapariciones, desplazamientos y reclutamientos forzados, ya que, por su vulnerabilidad, no pueden eludir las cotidianas pugnas criminales.

De acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias de Chiapas (Redias), 14 niños y adolescentes fueron asesinados y otros siete resultaron heridos porque, entre el 13 de mayo y el 14 de junio se encontraron entre el fuego cruzado de las bandas delictivas en seis municipios.

La asociación civil marca los sitios más conflictivos en 10 puntos donde, además de las refriegas y las persecuciones a balazos, son frecuentes los incendios y secuestros, así como las torturas individuales y masivas en escenarios públicos.

Por lo anterior, organizaciones civiles y defensores de derechos de los menores se han manifestado para exigir a los gobiernos estatal y Federal que pongan freno a la violencia.

Durante una conferencia de prensa, Graciela Osornio –integrante de Redias y de Voces Mesoamericanas (Vemo)– y Jennifer Haza, directora de la asociación Melel Xojobal (MX), denunciaron que la situación de violencia está desbordada, por lo que es urgente la aplicación de seguridad para proteger a los niños y adolescentes.

Las luchadoras sociales revelaron que los municipios en mayor peligro son Tila y Pantelhó; explicaron que los conflictos poselectorales están contribuyendo también a que se expanda la ola de violencia, por lo que demandaron la reparación del daño para las víctimas.

Además, propusieron la construcción de albergues donde los niños sean escuchados y participen en la construcción de paz y la seguridad, “desarrollar una vida colectiva y social más compasiva y generar espacios donde se geste la ternura”.

Silencio y minimización 

Entrevistado por buzos, Óscar González, también integrante de Melel Xojobal, con sede en San Cristóbal de Las Casas, dijo que resulta preocupante el hecho de que el gobierno minimice la espiral de violencia predominante en el estado; y que, sobre todo, no atienda especialmente al sector infantil, víctima del “ambiente de guerra” existente en Chiapas debido al crimen y a los conflictos poselectorales.

El activista lamentó que desde 2021 Chiapas se haya convertido en “el centro de una pugna cruenta entre grupos criminales”, que ésta se recrudeció a partir de 2023 y se produce en un marco de desinformación, porque “la población no entiende lo que está sucediendo. No hay una explicación clara y convincente de las instituciones a los hechos violentos que presencian día a día.

“Chiapas vive en la minimización y el silenciamiento de los gobiernos Federal y estatal, cuyos titulares dicen que las noticias sobre estos casos son falsas y que su impacto es menor”, denunció González, quien afirmó además que “ya es hora de que los gobiernos acepten la realidad y su responsabilidad, porque minimizar la situación es muy grave.

“No podemos contrariar la palabra de los pueblos. Es un grave riesgo que desde el Ejecutivo guarden silencio. Por ello, las organizaciones se coordinan, el pueblo marcha; existen propuestas de colectivos, de organizaciones; pero esto queda opacado frente a las notas de violencia y la omisión del Estado”, sentenció.

Chiapas se ha transformado en un territorio estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas, lo que ha trastocado la vida cotidiana de las comunidades rurales y barrios urbanos de varios municipios, donde los niños y adolescentes no pueden ser libres, porque sus vidas están en riesgo.

Los enfrentamientos con armas de grueso calibre y los retenes de los grupos delictivos dificultan la movilidad y han vuelto inseguras las carreteras; en los enfrentamientos se aplican estrategias y tácticas de guerra, incluso en los centros de las poblaciones, donde el fuego cruzado mata a personas, particularmente a niños y adolescentes.

González reiteró que la violencia delictiva en Chiapas está golpeando directamente al turismo y que, en el campo, “la gente ya no puede hacer tranquilamente sus labores, como sembrar y cosechar de manera cotidiana, lo que provoca el encarecimiento y la escasez de alimentos”.

Asfixia en las comunidades

En uno de sus comunicados, Melel Xojobal difundió los hechos violentos más relevantes en Chiapas de 2023 a la fecha; citó los más dramáticos, en los que hubo desplazamientos masivos, suscitados en Frontera Comalapa y Tila, donde al menos 400 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas estimó dos mil 300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 16 de enero pasado en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, aunque la Secretaría de Protección Civil (SPC) sostiene que fueron mil 884.

Sin embargo, la misma institución reporta que en Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina y Santo Domingo, nueve mil 98 niños han sido afectados por la violencia delictiva; también percibe esta situación en Altamirano, Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Berriozábal, Chenalhó, Chicomuselo, El Parral, El Porvenir, Honduras de la Sierra, Ocozocoautla, La Concordia, La Grandeza, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Mazapa, Motozintla, Pantelhó, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Siltepec y, entre otros, Socoltenango.

En febrero pasado, 105 familias de Chenalhó tuvieron que refugiarse en una escuela para protegerse durante una balacera; en marzo se registraron varias refriegas en Pantelhó; y en junio, tres menores murieron a causa del fuego cruzado.

La violencia armada en Pantelhó afecta a 13 mil niños y adolescentes que, además de encontrarse en riesgo de muerte por el desplazamiento forzado, hoy prácticamente ven vulnerado su acceso a derechos fundamentales como la alimentación, salud y educación.

Desde 2023, en Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal se ha incrementado el crimen organizado; lo mismo ocurre en comunidades rurales de Maravilla Tenejapa donde, en noviembre, varias familias debieron refugiarse en otra región.

Asesinados, desaparecidos, reclutados

Violeta Galicia, coordinadora de Redias, informó, durante una conferencia de prensa, que cuatro adolescentes resultaron heridos por balaceras suscitadas en Rincón Chamula y San Cristóbal; el día 26 de mayo, otro joven, de 16 años, fue asesinado durante una refriega entre grupos criminales y el 28 de mayo fue herida una niña en su domicilio de Simojovel.

Entre el tres y el 11 de junio fueron asesinados cinco adolescentes en Tila; dos murieron en un incendio provocado en Oxchuc; y en Motozintla y La Concordia, cuatro menores fueron asesinados en la semana del 13 al 19 de mayo.

El nueve de junio fueron reportados como desaparecidos dos adolescentes de 16 y 17 años en Villaflores; sus cuerpos, con señales de tortura, fueron localizaron hasta el 11 de junio. A estos crímenes se suman los cometidos la madrugada del 14 de junio contra dos niños y dos adolescentes en su domicilio del barrio Guadalupe, en Pantelhó.

El comunicado de Redias denuncia que el número de niños y adolescentes asesinados entre el 13 de mayo y el 14 de junio superó a los registrados durante 2023; y que equivale al 67 por ciento de los homicidios acumulados en lo que va de 2024. El informe explica que los adolescentes entre 15 y 17 años son los más expuestos a homicidio y lesiones por armas de fuego.

En su página web, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indica que los niños y adolescentes son también víctimas de otras acciones violentas como los abusos sexuales, secuestros y trata de personas, además de la falta de alimentación y atención sanitaria.

A decir de las organizaciones civiles consultadas, los infantes y adolescentes son las principales víctimas de la violencia delictiva; y los estados con mayor incidencia son Hidalgo, Puebla y Chiapas.

En Chiapas desaparecieron dos mil 64 niños y adolescentes entre 2020 y lo que va de 2024; 2021 fue el año con más de casos (619), cifra equivalente al 74 por ciento de las desapariciones.

El grupo con más víctimas fue el de las mujeres adolescentes con edades entre los 12 y 17 años, ya que sumaron mil 534 casos; y las ciudades con mayor incidencia fueron Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas.

La investigación reporta que en 30 municipios de la entidad hay aproximadamente 390 mil niños y adolescentes en riesgo de desaparición forzada, monto equivalente al 19 por ciento de la  población en Chiapas con estas edades.

La Redim calcula, asimismo, que cerca de 200 mil infantes y adolescentes chiapanecos están en riesgo de reclutarse por el crimen organizado; en tanto que Melel Xojobal estima que en San Cristóbal de las Casas están expuestos a este peligro al menos dos mil 500 menores, debido a que esta ciudad vive fundamentalmente del turismo.

Sobre estos mismos datos, Jennifer Haza pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que definan un plan de acción para contener la violencia delictiva y que impulsen políticas públicas para garantizar la seguridad de los chiapanecos; poniendo énfasis en el cuidado de su población infantil y juvenil.

El estado emocional de este sector poblacional en Chiapas fue reseñado recientemente por una niña tzotzil con las siguientes líneas: “Muchos nos sentimos con constante miedo cuando hay enfrentamientos, ya sea cuando estamos con familiares o con quien nos encontremos en el momento donde están sucediendo. No nos sentimos seguros en ningún lado y nos la vivimos preguntando: si voy a este lugar, ¿estaré bien”.