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Guerrero: uso electoral de la catástrofe
La tragedia que el huracán Otis generó en Guerrero hizo más evidente el afán de lucro político del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Otis evidenció la ineficiencia del Gobierno Federal morenista para adoptar las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que este tipo de fenómenos naturales, que recurrentemente golpean el territorio de México, provoquen numerosas víctimas humanas y grandes pérdidas materiales.

El citado huracán, de categoría 5, con la mayor potencia de los últimos años, con vientos de 252 kilómetros por hora, golpeó territorio guerrerense entre el 24 y el 25 de octubre de 2023; hasta el cierre de esta edición había causado la muerte de 48 personas y la desaparición de otras 31.

Además, el número de viviendas, en particular las ubicadas en las áreas urbanas populares, las más precarias, aún no es cuantificable, así como el de los servicios urbanos básicos, escuelas, clínicas de salud, calles, caminos rurales, carreteras, comercios y hoteles.

Expertos, instituciones y organismos civiles nacionales e internacionales especializados en fenómenos meteorológicos o terrestres coinciden en afirmar que éstos son naturales, pero no las catástrofes, porque éstas pueden prevenirse y atenuar sus consecuencias implementando estrategias de protección civil.

Estas mismas voces revelaron que en México, los gobiernos, de manera sistemática sólo atienden tales fenómenos cuando ya provocaron desastres; y mencionaron específicamente a la administración encabezada por AMLO, cuyo gasto público no ha atendido este rubro y se ha centrado en otros de menor importancia social.

Señalaron los enormes gastos que, desde 2019, ha destinado a la construcción de sus “magnas obras”, que el Presidente publicita a cada momento a pesar del cuestionamiento de los especialistas por su evidente inutilidad social; en el mismo caso se halla el reparto de dinero en efectivo a través de pensiones y becas del “Bienestar”, que además de otorgarse sin reglas de operación ni trasparencia administrativa, tienen la intención de comprar el voto electoral de sus beneficiarios.

En el periodo de traspaso de poderes a finales de 2018, y bajo su visión personalizada de la “austeridad”, el presidente López Obrador ordenó a los legisladores federales de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ejecutar una reforma para desmontar y compactar la estructura institucional que estaba vigente en prevención de desastres y protección civil, con el fin de reducir gastos presupuestales.

El 21 de octubre de 2020, la bancada de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) votaron por la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1999 para brindar atención oportuna a los damnificados de las frecuentes catástrofes naturales.

Más adelante vino la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), eliminando tanto el programa gubernamental creado en 1996 como el fideicomiso respectivo instaurado en 1999, el cual terminó integrado a los 109 instrumentos financieros con objetivos de beneficio social específicos eliminados por las bancadas morenistas el 21 de octubre de 2020, para extraer de ellos 68 mil millones de pesos (mdp) para destinarlos a los proyectos prioritarios de la 4T con Fondo electoral.