Otis evidenció la ineficiencia del Gobierno Federal morenista para adoptar las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que este tipo de fenómenos naturales, que recurrentemente golpean el territorio de México, provoquen numerosas víctimas humanas y grandes pérdidas materiales.
El citado huracán, de categoría 5, con la mayor potencia de los últimos años, con vientos de 252 kilómetros por hora, golpeó territorio guerrerense entre el 24 y el 25 de octubre de 2023; hasta el cierre de esta edición había causado la muerte de 48 personas y la desaparición de otras 31.
Además, el número de viviendas, en particular las ubicadas en las áreas urbanas populares, las más precarias, aún no es cuantificable, así como el de los servicios urbanos básicos, escuelas, clínicas de salud, calles, caminos rurales, carreteras, comercios y hoteles.
Expertos, instituciones y organismos civiles nacionales e internacionales especializados en fenómenos meteorológicos o terrestres coinciden en afirmar que éstos son naturales, pero no las catástrofes, porque éstas pueden prevenirse y atenuar sus consecuencias implementando estrategias de protección civil.
Estas mismas voces revelaron que en México, los gobiernos, de manera sistemática sólo atienden tales fenómenos cuando ya provocaron desastres; y mencionaron específicamente a la administración encabezada por AMLO, cuyo gasto público no ha atendido este rubro y se ha centrado en otros de menor importancia social.
Señalaron los enormes gastos que, desde 2019, ha destinado a la construcción de sus “magnas obras”, que el Presidente publicita a cada momento a pesar del cuestionamiento de los especialistas por su evidente inutilidad social; en el mismo caso se halla el reparto de dinero en efectivo a través de pensiones y becas del “Bienestar”, que además de otorgarse sin reglas de operación ni trasparencia administrativa, tienen la intención de comprar el voto electoral de sus beneficiarios.
En el periodo de traspaso de poderes a finales de 2018, y bajo su visión personalizada de la “austeridad”, el presidente López Obrador ordenó a los legisladores federales de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ejecutar una reforma para desmontar y compactar la estructura institucional que estaba vigente en prevención de desastres y protección civil, con el fin de reducir gastos presupuestales.
El 21 de octubre de 2020, la bancada de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) votaron por la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1999 para brindar atención oportuna a los damnificados de las frecuentes catástrofes naturales.
Más adelante vino la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), eliminando tanto el programa gubernamental creado en 1996 como el fideicomiso respectivo instaurado en 1999, el cual terminó integrado a los 109 instrumentos financieros con objetivos de beneficio social específicos eliminados por las bancadas morenistas el 21 de octubre de 2020, para extraer de ellos 68 mil millones de pesos (mdp) para destinarlos a los proyectos prioritarios de la 4T con Fondo electoral.
Lamentable subestimación
Analistas e investigadores especializados criticaron el hecho de que se menosprecie la protección civil, especialmente en prevención de desastres, actitud que desde el principio ha caracterizado al gobierno de AMLO, en el que además se ha registrado una reducción importante de presupuesto para ese rubro.
Esta disminución en la prioridad de esos temas se dio a pesar de que, de acuerdo con los expertos en la materia, la localización geográfica México, ubicado entre dos océanos, Pacífico y Atlántico, y las características especiales de su territorio físico, fallas geológicas, etcétera, es un país altamente vulnerable a las catástrofes humanas originadas por diversos fenómenos de la naturaleza, como huracanes y sismos, y que entre los más afectados están los mexicanos más pobres.
Sobre este hecho, el 10 de noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) emitió un estudio en el que se destaca: “un factor determinante de la vulnerabilidad social en México es la pobreza”, y detalla que en este país, donde aproximadamente la mitad de sus habitantes viven con esa condición, el 68% de estos ha padecido al menos un estrago en su vida, ocasionado por un fenómeno natural.
En su estudio Los desastres recurrentes en México: El huracán Pauline y la tormenta Manuel en Acapulco, Guerrero, fechado en 2017, Manuel Rodríguez Esteves, especialista del Colegio de la Frontera Norte, expone que las tormentas tropicales, y los huracanes en particular, en las costas del océano Pacífico, constituyen una dinámica natural en la región. “Sin embargo, la presencia de comunidades próximas a las costas representa un desafío en la medida en que se generan contextos de vulnerabilidad y, por lo tanto, de asentamientos inseguros.
“Debemos trabajar en cómo reducimos la vulnerabilidad y aumentamos la resiliencia (capacidad de superar la adversidad) de los asentamientos humanos para lograr que las ciudades sean más seguras ante los fenómenos naturales intensos en un contexto de cambio climático (que se registra actualmente en el mundo)”, plantea Rodríguez.
Daniela Balbino, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), centro de investigación especializado en política pública, explicó a buzos que ante una emergencia como la suscitada en Guerrero, los gobiernos estatales y municipales han actuado conforme a sus atribuciones legales y condiciones económicas, pero que “el responsable último es el Gobierno Federal.
“Cabe preguntarnos: ¿cuál es el esfuerzo que se hace en coordinación con los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y Federal)?… Buena parte de la atención inmediata, especialmente por el impacto de este tipo de desastres, tiene que ver con el Gobierno Federal… Habría que ver cuáles fueron las fallas, e intentar, en la medida de lo posible, hacer inversiones, justamente previendo próximos desastres”.
En este marco, detalló, “una parte importante de lo que tenga que hacer el Gobierno más allá de reconstrucción, es una planeación, porque estamos también en un contexto donde el cambio climático cada vez trae fenómenos naturales más fuertes; y si no son controlados, desembocan en desastres”, indicó la investigadora.
La doctora en ingeniería civil Claudia Rojas Serna, especialista en materia de prevención de desastres y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), planteó a buzos que aunque el Plan Nacional de Protección Civil (PNPC) advierte que la información preventiva es fundamental, sus avances han sido insuficientes.
“Debemos tratar de que el conocimiento sobre los riesgos llegue a todos los niveles y principalmente a las personas que pueden ser afectadas… la mejor forma de estar protegidos es conocer a qué riesgos estamos expuestos; hacer muchísima divulgación a todos los niveles pero, sobre todo, entre la gente que está expuesta y que no sabe reaccionar”.
Sobre el PNPC, la doctora Rojas agregó: “Realmente su avance es muy lento. En mi opinión es por falta de conocimiento en todos los niveles… Habría que hacer mucha labor de divulgación sobre estos eventos, de todas las consecuencias que puede traer consigo y la forma de reaccionar”.
La doctora Rojas expuso que en gestión de riesgos se ha avanzado mucho en cuestión de sismos con el desarrollo de la alerta sísmica en zonas vulnerables, simulacros periódicos, etcétera, pero no en otros casos como ante los huracanes.
Operación electoral de Morena en Acapulco
La reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez coincidirá con el proceso electoral estatal 2023-2024, que comenzó el ocho de septiembre y culminará con las votaciones del dos de junio de 2024. Las precampañas para elegir candidatos de los partidos serán entre enero y febrero y las campañas entre abril y mayo del año entrante.
En los comicios se elegirán 46 diputados estatales y 85 presidentes municipales y coincidirán con las elecciones federales para designar nuevo Presidente de la República y renovar las Cámaras de Diputados y Senadores.
Después de la catástrofe en Guerrero, las fracciones parlamentarias de Morena, PVEM y PT conminaron a los partidos de oposición a no lanzarse a “sacar raja política”, incluso les propusieron una “tregua” política.
El huracán Otis no sólo destruyó el puerto turístico de Acapulco, también golpeó severamente municipios con bajo desarrollo económico y marcada pobreza, como Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y Xalpatláhuac.
De acuerdo con el Artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, la Declaratoria de Desastre Natural implica que los sitios considerados en esa situación pueden obtener, además de los recursos previstos para superar su emergencia, una bolsa adicional extraordinaria de dinero federal destinada a la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública.
El huracán que golpeó la costa de Guerrero en octubre de 2023, no solamente perjudicó al turístico puerto de Acapulco, sino municipios con bajo desarrollo y de marcada pobreza como Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y Xalpatláhuac, que tras la devastación por el huracán, el 26 de octubre de 2023 el gobierno de la 4T integró junto con Acapulco a una lista de seis municipios declarados como zonas de desastre.
De acuerdo con el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, la “Declaratoria de Desastre Natural” implica que los sitios considerados en esa situación pueden obtener, además de los recursos previstos para superar su emergencia, una bolsa adicional de dinero federal de manera extraordinaria, destinada a la reconstrucción de viviendas y de infraestructura pública.
Inicialmente, con una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de octubre de 2023, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno de la 4T, que desde 2018 se hizo cargo también de asuntos de protección civil, hizo la citada declaratoria de los seis municipios mencionados.
Sin embargo, el dos de noviembre de 2023, en esta lista aumentó a 47 el número de los municipios afectados por “la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes, inundación fluvial (por desborde de ríos) y pluvial (por la cantidad de lluvia); los días 24 y 25 de octubre”, que recibirían financiamiento adicional para reconstrucción de viviendas y recuperación de infraestructura básica, caminos, servicios públicos, etcétera.
Entre los 47 municipios afectados se encontraban varios marcadamente pobres como Metlatónoc, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuautepec, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Igualapa, Ometepec, Tecoanapa, San Luis Acatlán, San Marcos, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Coahuayutla de José María Izazaga y Petatlán.
Pero al día siguiente, el tres de noviembre de 2023, la SSPC modificó su publicación en el DOF mediante la inserción de una Nota Aclaratoria, en la que se precisó que no serían 47 municipios, sino solamente dos, los considerados como zona de desastre: Acapulco y Coyuca de Benítez.
“Se declara como zona de desastre por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023 e inundación pluvial el 25 de octubre de 2023 para los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez del estado de Guerrero”, precisa la aclaración.
Raja electoral del “Bienestar”
Días antes de esa declaratoria de emergencia reducida, el Presidente había anticipado, en su conferencia de prensa matutina del 1° de noviembre, que su gobierno daría apoyo a los damnificados a través de las mismas prácticas utilizadas en sus programas del “Bienestar”.
López Obrador indicó que se destinarían más de 61 mil 313 millones de pesos, entre otros fines, para adelantar dos meses de las pensiones y becas, duplicando entre estas de 45 mil a 90 mil las destinadas a estudiantes de nivel básico en el estado.
Se repartirían masivamente electrodomésticos como camas, refrigeradores, pantallas de TV, estufas, lavadoras, ventiladores y vajillas, así como despensas con 24 productos de la canasta básica a los damnificados durante tres meses.
También se distribuirían ocho mil pesos en efectivo por casa para limpieza y pintura. Se darían entre 35 y 60 mil pesos de acuerdo con los daños registrados en las viviendas, conforme a un padrón que se preparaba.
Se pagaría un salario mínimo a 10 mil muchachos mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que se ocupen en labores de reconstrucción de viviendas y otras actividades.
A los minicomerciantes, propietarios de talleres y fondas se darían 20 mil créditos a la palabra (sin garantías de pago) por 25 mil pesos, sin intereses, a pagarse en tres años y seis meses; y Nacional Financiera daría créditos, sin intereses, a las pequeñas y medianas Industrias (Pymes).
Además, habría prórrogas en los pagos de créditos del Instituto Nacional para el Fomento para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit); del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y la condonación de pagos correspondientes a los servicios públicos otorgados en los próximos seis meses.
Es decir, la condonación se extenderá hasta el 1° de mayo de 2024, justo un mes antes de las elecciones federales del dos de junio y en nueve entidades de la República.
Todo este plan será coordinado por la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel Reyes; la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien recientemente manifestó ante legisladores federales el “compromiso histórico” de la 4T de no usar los programas sociales con fines electorales, garantizando la transparencia y la equidad entre los participantes en los comicios de 2024.