Otis evidenció la ineficiencia del Gobierno Federal morenista para adoptar las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que este tipo de fenómenos naturales, que recurrentemente golpean el territorio de México, provoquen numerosas víctimas humanas y grandes pérdidas materiales.

El citado huracán, de categoría 5, con la mayor potencia de los últimos años, con vientos de 252 kilómetros por hora, golpeó territorio guerrerense entre el 24 y el 25 de octubre de 2023; hasta el cierre de esta edición había causado la muerte de 48 personas y la desaparición de otras 31.

Además, el número de viviendas, en particular las ubicadas en las áreas urbanas populares, las más precarias, aún no es cuantificable, así como el de los servicios urbanos básicos, escuelas, clínicas de salud, calles, caminos rurales, carreteras, comercios y hoteles.

Expertos, instituciones y organismos civiles nacionales e internacionales especializados en fenómenos meteorológicos o terrestres coinciden en afirmar que éstos son naturales, pero no las catástrofes, porque éstas pueden prevenirse y atenuar sus consecuencias implementando estrategias de protección civil.

Estas mismas voces revelaron que en México, los gobiernos, de manera sistemática sólo atienden tales fenómenos cuando ya provocaron desastres; y mencionaron específicamente a la administración encabezada por AMLO, cuyo gasto público no ha atendido este rubro y se ha centrado en otros de menor importancia social.

Señalaron los enormes gastos que, desde 2019, ha destinado a la construcción de sus “magnas obras”, que el Presidente publicita a cada momento a pesar del cuestionamiento de los especialistas por su evidente inutilidad social; en el mismo caso se halla el reparto de dinero en efectivo a través de pensiones y becas del “Bienestar”, que además de otorgarse sin reglas de operación ni trasparencia administrativa, tienen la intención de comprar el voto electoral de sus beneficiarios.

En el periodo de traspaso de poderes a finales de 2018, y bajo su visión personalizada de la “austeridad”, el presidente López Obrador ordenó a los legisladores federales de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ejecutar una reforma para desmontar y compactar la estructura institucional que estaba vigente en prevención de desastres y protección civil, con el fin de reducir gastos presupuestales.

El 21 de octubre de 2020, la bancada de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) votaron por la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1999 para brindar atención oportuna a los damnificados de las frecuentes catástrofes naturales.

Más adelante vino la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), eliminando tanto el programa gubernamental creado en 1996 como el fideicomiso respectivo instaurado en 1999, el cual terminó integrado a los 109 instrumentos financieros con objetivos de beneficio social específicos eliminados por las bancadas morenistas el 21 de octubre de 2020, para extraer de ellos 68 mil millones de pesos (mdp) para destinarlos a los proyectos prioritarios de la 4T con Fondo electoral.

Lamentable subestimación 

Analistas e investigadores especializados criticaron el hecho de que se menosprecie la protección civil, especialmente en prevención de desastres, actitud que desde el principio ha caracterizado al gobierno de AMLO, en el que además se ha registrado una reducción importante de presupuesto para ese rubro.

Esta disminución en la prioridad de esos temas se dio a pesar de que, de acuerdo con los expertos en la materia, la localización geográfica México, ubicado entre dos océanos, Pacífico y Atlántico, y las características especiales de su territorio físico, fallas geológicas, etcétera, es un país altamente vulnerable a las catástrofes humanas originadas por diversos fenómenos de la naturaleza, como huracanes y sismos, y que entre los más afectados están los mexicanos más pobres.

Sobre este hecho, el 10 de noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) emitió un estudio en el que se destaca: “un factor determinante de la vulnerabilidad social en México es la pobreza”, y detalla que en este país, donde aproximadamente la mitad de sus habitantes viven con esa condición, el 68% de estos ha padecido al menos un estrago en su vida, ocasionado por un fenómeno natural.

En su estudio Los desastres recurrentes en México: El huracán Pauline y la tormenta Manuel en Acapulco, Guerrero, fechado en 2017, Manuel Rodríguez Esteves, especialista del Colegio de la Frontera Norte, expone que las tormentas tropicales, y los huracanes en particular, en las costas del océano Pacífico, constituyen una dinámica natural en la región. “Sin embargo, la presencia de comunidades próximas a las costas representa un desafío en la medida en que se generan contextos de vulnerabilidad y, por lo tanto, de asentamientos inseguros.

“Debemos trabajar en cómo reducimos la vulnerabilidad y aumentamos la resiliencia (capacidad de superar la adversidad) de los asentamientos humanos para lograr que las ciudades sean más seguras ante los fenómenos naturales intensos en un contexto de cambio climático (que se registra actualmente en el mundo)”, plantea Rodríguez.

Daniela Balbino, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), centro de investigación especializado en política pública, explicó a buzos que ante una emergencia como la suscitada en Guerrero, los gobiernos estatales y municipales han actuado conforme a sus atribuciones legales y condiciones económicas, pero que “el responsable último es el Gobierno Federal.

“Cabe preguntarnos: ¿cuál es el esfuerzo que se hace en coordinación con los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y Federal)?… Buena parte de la atención inmediata, especialmente por el impacto de este tipo de desastres, tiene que ver con el Gobierno Federal… Habría que ver cuáles fueron las fallas, e intentar, en la medida de lo posible, hacer inversiones, justamente previendo próximos desastres”.

En este marco, detalló, “una parte importante de lo que tenga que hacer el Gobierno más allá de reconstrucción, es una planeación, porque estamos también en un contexto donde el cambio climático cada vez trae fenómenos naturales más fuertes; y si no son controlados, desembocan en desastres”, indicó la investigadora.

La doctora en ingeniería civil Claudia Rojas Serna, especialista en materia de prevención de desastres y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), planteó a buzos que aunque el Plan Nacional de Protección Civil (PNPC) advierte que la información preventiva es fundamental, sus avances han sido insuficientes.

“Debemos tratar de que el conocimiento sobre los riesgos llegue a todos los niveles y principalmente a las personas que pueden ser afectadas… la mejor forma de estar protegidos es conocer a qué riesgos estamos expuestos; hacer muchísima divulgación a todos los niveles pero, sobre todo, entre la gente que está expuesta y que no sabe reaccionar”.

Sobre el PNPC, la doctora Rojas agregó: “Realmente su avance es muy lento. En mi opinión es por falta de conocimiento en todos los niveles… Habría que hacer mucha labor de divulgación sobre estos eventos, de todas las consecuencias que puede traer consigo y la forma de reaccionar”.

La doctora Rojas expuso que en gestión de riesgos se ha avanzado mucho en cuestión de sismos con el desarrollo de la alerta sísmica en zonas vulnerables, simulacros periódicos, etcétera, pero no en otros casos como ante los huracanes.