En informe del Banco Mundial (BM) publicado este mes (Competencia, ¿el ingrediente que falta para crecer?), focalizado en América Latina y el Caribe (ALC), se registra el fenómeno generalizado de la cartelización económica. Un cártel es un acuerdo, normalmente secreto (legalmente están prohibidos) entre dos o más empresas de un oligopolio del mismo sector económico, coludidas para aumentar sus ganancias afectando el ingreso disponible de los consumidores. A semejanza de los monopolios, fijan precios mínimos debajo de los cuales ninguna empresa cartelizada acepta vender; para mantener altos los precios limitan la producción; se distribuyen territorios donde cada empresa opera de facto como monopolio, respetado por las demás. Reducen la competencia entre ellas y controlan el mercado. Obviamente, entre menos empresas participen (por ejemplo, en un duopolio), más efectivo será el cártel, y mayores utilidades redituará, y más aún si hay fuertes barreras a la entrada que impidan el acceso de nuevas empresas al mercado cartelizado.

En el reporte mencionado, el BM expone la gravedad y alcance del problema: “La cartelización es un fenómeno generalizado en ALC. Un análisis de 2021 de más de 300 cárteles detectados en los países de ALC entre 1980 y 2020, con base en los datos de Anti-Cartel Enforcement del Banco Mundial, halló que al menos el 21 por ciento de los casos implicaban productos de consumo básico como azúcar, papel higiénico, trigo, carne aviar, leche y medicinas. Dentro de esta categoría, los países con el mayor número de casos fueron México, Colombia y Brasil (…) la mayoría incrementó los precios al consumidor entre cinco y 25 por ciento por encima de los niveles que dictaría un mercado competitivo, y en al menos el cuatro por ciento de los casos, el costo adicional impuesto duplicó los precios al consumidor (…) En México, los acuerdos de fijación de precios por parte de cárteles en el mercado de las tortillas (…) fueron ampliamente publicitados (…) Al menos uno de cada cuatro cárteles formados en ALC entre 1980 y 2020 giraron en torno a procesos licitatorios del Estado, siendo los contribuyentes quienes cargaban con los sobreprecios (…) En México, siete bancos y once empresas de corretaje fueron sancionados por entablar al menos 142 acuerdos para manipular los precios en el mercado de bonos soberanos mexicanos entre 2010 y 2013 (…) los cárteles son particularmente comunes en el procesamiento de carnes” (BM, pág. 69). Con datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el BM precisa que entre 1993 y 2018 se atendieron “… 90 casos del universo de 261 investigaciones sobre presuntas prácticas de abuso de poder de mercado (…) Durante este periodo, alrededor del 40 por ciento de la actividad económica en México fue investigada por presuntas prácticas anticompetitivas” (BM, pág. 57). El problema es que en la legislación, frecuentemente las multas aplicadas son pequeñas en relación con las ganancias obtenidas al cartelizar: un incentivo para transgredir la norma.

A mayor abundamiento sobre la cartelización,  el portal Connectas publica que: “Un centenar de cárteles fueron castigados en América Latina entre 2012 y la primera mitad de 2017 (…) más de 600 compañías miembros de estas organizaciones ilegales han sido investigadas…”. Y agrega que los países con más empresas sancionadas por cartelización en el periodo mencionado fueron: Brasil y México. En Colombia y otros países sudamericanos fue motivo de escándalo el cártel de los pañales, y también el del papel higiénico y de los cuadernos. 

En Latinoamérica, incluyendo México, han sido sancionadas también empresas cartelizadas en la industria cementera. “En el negocio del azúcar también ha sido señalado el surgimiento de cárteles de amplia duración como otros de breve desempeño. La Cofece de México ordenó multar en 2016 a un grupo de siete compañías, a la Cámara Nacional de la Industria Alcoholera y Azucarera y a 10 personas por haber concertado precios y cuotas de venta de azúcar (…) La abundancia de la cosecha de ese ciclo hizo reducir las cotizaciones y, según las averiguaciones, los actores comprometidos desplegaron una estrategia para evitar las pérdidas (…) Las autoridades calcularon que eso les permitió recibir “transferencias indebidas de recursos de los consumidores” por alrededor de 6.7 millones de dólares” (Connectas, Plataforma Periodística para las Américas).

Tras la cartelización está el desmedido poder de los grandes empresarios que en el régimen neoliberal someten al Estado. Dice el BM: “La abundancia de casos en toda ALC que involucran acuerdos corporativos anticompetitivos aporta evidencia de la influencia excesiva que los principales actores empresariales de la región tienen sobre los mercados en los que participan” (pág. 69). Y precisa: “… ¿por qué los países de ALC no tienen como prioridad fortalecer estos organismos? (garantes de la competencia) ¿Por qué los mercados de ALC siguen tan concentrados y por qué está tan arraigada la actividad de los cárteles? (…) la ausencia de organismos de competencia eficaces está relacionada con la manera en que el poder empresarial se concentra en la región. Un buen ejemplo de esto es el sector de las telecomunicaciones en México, donde la concentración y la fijación oligopólica de precios están muy bien documentadas (…) Telmex y las demás empresas gigantes de la industria de las telecomunicaciones son conocidas como jugadores poderosos capaces de diluir o evadir los controles a través de su interferencia sobre los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La élite de las telecomunicaciones y los medios ha acudido al lobbysistemático en busca de leyes favorables y ha utilizado el sistema judicial para obstaculizar a los reguladores” (BM, pag. 69).

Particulariza sobre la llamada “Ley Televisa” y la industria de las telecomunicaciones: “El 1º de diciembre de 2005 se presentó un proyecto de ley completamente distinto (al de 2004), aprobado por la Cámara de Diputados de forma unánime el 21 de marzo de 2006 tras siete minutos de debate (…) Se supone que esta rápida aprobación de la nueva legislación, sin grandes modificaciones, fue el resultado de un intenso lobbying (…) Recibió críticas por favorecer a las grandes empresas, como Televisa y TV Azteca. (…) garantizó el control a perpetuidad del espectro radiofónico a emisoras de radio como Televisa (…) hizo que ingresar al mercado fuese extremadamente complicado para los recién incorporados” (BM, pág. 64).

Tal vez alguien piense que lo aquí expuesto pertenece sólo “al pasado neoliberal”. Pero en el neoliberalismo de hoy nada ha cambiado; a confesión de parte, relevo de prueba: el apoyo decidido (y desmedido) de López Obrador a los empresarios le ha ganado el efusivo agradecimiento que le hacen hoy los banqueros: “La banca en México registró utilidades récord en 2023 y esto no hubiera sido posible sin la ayuda del actual gobierno, que no cambió las reglas del juego para la banca”, sostiene Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México. “El presidente (López Obrador) [en 2019], si recordamos, dijo que se comprometía a no cambiar las reglas en la banca, lo cumplió…” (Expansión, 17 de abril).

Finalmente, la fijación de precios altos, característica de los monopolios, permite que, aunque el desarrollo tecnológico reduzca el valor real de las mercancías, los precios al consumidor permanezcan arriba del valor, generando así una plusvalía extraordinaria. Consecuentemente, los magros incrementos salariales son inmediatamente anulados mediante los monopolios y los cárteles que, aunque prohibidos, son práctica común como medio de acumulación de capital, para extracción de rentas, además de la plusvalía normal y, por ende, causa también de empobrecimiento social. Este perverso mecanismo sólo podrá ser radicalmente eliminado cuando la clase trabajadora tome bajo su control el aparato del Estado y la economía y actúe en su propia defensa y beneficio, acotando las excesivas, y lesivas, utilidades empresariales.