El pasado 21 de febrero, el Presidente reconoció que, entre enero de 2019 y diciembre de 2022, cuando Zaldívar aún era titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), influyó en algunas decisiones de jueces y magistrados. Su confesa intervención en esas resoluciones judiciales habría tenido el propósito de amoldarlas a sus ideas personales sobre el derecho.

El Colegio de Abogados reprobó públicamente la evidente intromisión del Presidente en el Poder Judicial; y hasta el cierre de esta edición se habían presentado dos denuncias ante la SCJN contra el exministro Zaldívar por tráfico de influencias y abuso de funciones, entre otros presuntos ilícitos, sobre las que el CJF abrió investigaciones.

Desde que Zaldívar dejó la Corte y la Judicatura, AMLO se ha dedicado a atacar verbalmente a la presidenta sucesora, Norma Piña Hernández, quien obstaculiza sus interferencias en el Poder Judicial porque se apega al Estado de Derecho.

Cuando tomó posesión como titular de la SCJN y del CJF, el dos de enero de 2023, Piña Hernández ha sostenido una posición jurídicamente técnica y no partidaria frente a la de su antecesor, Arturo Zaldívar (2019-2022), quien desde el inicio del actual gobierno se declaró afín a las ideas políticas de AMLO. Esta confesión fue difundida el 12 de septiembre de 2019 durante una entrevista concedida a uno de los medios de la Organización Editorial Mexicana (OEM), en la que reveló que tenía “grandes coincidencias ideológicas con el Presidente”.

En 2022, AMLO y los legisladores de Morena fracasaron en su intento de ampliar dos años la gestión de Zaldívar en la SCJN y el CJF para que su mandato coincidiera con el de su “jefe”, que finaliza en 2024.

El siete de noviembre de 2023, Zaldívar presentó ante el Presidente su renuncia al cargo, con lo que se generó una controversia en el Senado de la República al cuestionarse si legalmente podía hacerlo; pero el 15 de noviembre, los legisladores de Morena y sus aliados avalaron su salida.

Zaldívar dejó tirados 169 casos asignados en la Primera Sala de la SCJN, según informó, el 27 de noviembre de 2023, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien fue designada para hacerse cargo de ellos.

Durante una entrevista de prensa del ocho de noviembre de 2023, siete días antes de la aprobación de su renuncia, Zaldívar sostuvo que se uniría al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial morenista.

Este hecho confirma la suposición de que, como falló el proyecto mediante el cual se quedara en la Corte hasta el término del gobierno de AMLO, éste decidió que se uniera a la campaña presidencial morenista.

El 15 de abril de 2021, Morena aprobó una reforma al Artículo 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), conocida como “ley Zaldívar”, que buscaba ampliar dos años la gestión del exministro como presidente de la SCJN, que debía terminar en diciembre de 2022.

Esa reforma fue declarada inconstitucional con votación unánime en el pleno de la SCJN el 16 de noviembre de 2021, porque contradecía disposiciones de la Carta Magna, como ha ocurrido con otras reformas secundarias improvisadas por legisladores morenistas con tal de cumplir las ocurrencias y caprichos de AMLO.

La modificación, que ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el siete de junio de 2021, pretendía evitar que Zaldívar dejara la presidencia de la Corte y lo sustituyera un titular independiente, como finalmente ocurrió con la elección de la ministra Norma Piña Hernández, quien rindió protesta el dos de enero de 2023.

Reconoce intromisión

En su conferencia matutina del 21 de febrero de 2024, el Presidente se mostró inconforme porque el día anterior, 20 de febrero, un juez de control y un tribunal colegiado de apelación del Poder Judicial aprobaron la petición de los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya –encarcelado sin sentencia–, de continuar su proceso penal en prisión domiciliaria en lugar de preventiva por su presunta implicación en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht.

“Cuando el ministro Zaldívar estaba como presidente de la Corte había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder”, declaró AMLO.

“Pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto”.

“Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice: los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial; o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”, agregó el Presidente.

Reclamo de los abogados

Ese mismo 21 de febrero de 2024, la Barra Mexicana de Abogados A.C. reprobó la reconocida injerencia del Presidente en procesos judiciales y precisó que constituía “una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, los cuales son fundamentales para la democracia y el Estado de Derecho.

“Reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Zaldívar y el Presidente”, enfatizó la Barra Mexicana de Abogados que, además, subrayó “la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo federal” y porque representa “un ataque deliberado a la independencia judicial”.

La Barra Mexicana de Abogados expresó su rechazo a los persistentes ataques de AMLO contra la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, por defender la autonomía del Poder Judicial. “Dichos ataques distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones”.

El Colegio de Abogados exhortó al Presidente a respetar la independencia del Poder Judicial y las instituciones garantes de la justicia y el Estado de Derecho. “Instamos a todas las autoridades a actuar con la dignidad del cargo que les fue conferido y se apeguen a los principios constitucionales que sus cargos demandan”.

Pero, como era de esperarse, el 22 de febrero de 2024, el exministro desmintió a AMLO en Radio Fórmula durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva: “nunca le hablé, ni le he hablado a ningún juez, ni magistrado, para sugerirle, insinuarle, mucho menos para instruirle, que fallara en algún sentido o en otro”.

Ese 22 de febrero, el abogado Miguel Alfonso Meza Carmona, litigante especialista en asuntos de anticorrupción, había presentado una denuncia ante la SCJN contra el exministro Zaldívar por abuso de funciones, tráfico de influencias y atentar contra la independencia del Poder Judicial, entre otros ilícitos.

Sobre su denuncia, Meza informó a MVS: “Lo que estamos pidiendo es que revisen todas las gestiones de Arturo Zaldívar desde 2019, porque hay varios casos donde a mí me tocó presenciar directamente que juzgadores federales dijeran que estaban siendo presionados para resolver de determinada forma”.

El 29 de febrero de 2024, al retomar el asunto en Cancún, Quintana Roo, AMLO insistió en que hablaba con Zaldívar para que interviniera en la decisión de los jueces. “Es que en sentido estricto, todos esos jueces, magistrados, ministros, si acaso, pero raras veces, aplican la ley, se quedan en la aplicación del derecho; pero en ningún caso, puede ser que haya por ahí algo, no toman en cuenta la justicia”, destacó.

Semanas después, el nueve de abril de 2024, una denuncia anónima presentada ante el Poder Judicial detalló presuntas órdenes de Arturo Zaldívar para “torcer decisiones” de juzgadores y magistrados, mediante el uso de amenazas políticas y materiales.

Decisiones jurídicas

Basada en la regulación interna del Poder Judicial y la legislación sobre responsabilidades de servidores públicos, la ministra Norma Piña, presidenta del CJF –organismo integrado por jueces y magistrados del país– ordenó tramitar la denuncia anónima presentada contra Zaldívar y se abrió la investigación J/108/2024, cuyo expediente final se entregará al pleno de la SCJN para que lo dictamine.

En su comunicado 129, del 17 de abril de 2024, la SCJN explicó que como presidenta del CJF, la también titular de la dependencia es legalmente competente para admitir quejas contra servidores públicos, según el Artículo 132° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Indica que se atiende toda queja sobre servidores públicos, incluidas las anónimas, mismas que a partir de una reforma hecha en 2020 al citado artículo, puede tramitarse, siempre y cuando se describan las circunstancias de lo denunciado.

“Aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”, y detalló que, desde 2018, se han iniciado investigaciones sobre 362 denuncias anónimas.

La SCJN reportó, además, el inicio de una investigación de oficio –sin denuncia formal de por medio– sobre “la filtración” de un archivo electrónico contenido en el Acuerdo de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF sobre la apertura de investigaciones del caso Zaldívar. 

La indagatoria abierta tiende a esclarecer los hechos descritos en la denuncia presentada en que se señala al ministro Arturo Zaldívar, cuando era presidente de la SCJN y del CJF, hechos que pudieran representar graves violaciones a la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Rodolfo Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y socio del despacho Trusan & Roma, dijo a buzos que la ministra presidenta Norma Piña ordenó dar trámite a la denuncia contra Arturo Zaldívar, apegada a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), mientras el exministro Zaldívar sigue actuando de forma indigna.

“Este señor tergiversó la función pública y las responsabilidades a su cargo como ministro de la Corte… ha entregado la dignidad profesional, personal y hasta política al sumarse a la continuidad de un proyecto político que le está haciendo mucho daño a nuestro país”, alertó el constitucionalista.

La indagatoria

En la denuncia contra Arturo Zaldívar se detallan presuntas operaciones para modificar decisiones de jueces y magistrados para satisfacer órdenes del Poder Ejecutivo.

Se describe la presunta injerencia en procedimientos judiciales del entonces asesor jurídico de la Presidencia de la Republica, Julio Scherer Ibarra, con quien era secretario general de la presidencia del CJF, subalterno de Zaldívar, Carlos Antonio Alpízar Salazar.

Según lo denunciado el nueve de abril de 2024 ante el Poder Judicial, la disposición del representante jurídico presidencial Scherer, habría producido a Alpízar Salazar beneficios políticos, grandes sumas de dinero y millonarias propiedades, ranchos, casas y autos.

El 17 de marzo de 2023, Alpízar fue designado por AMLO como titular de la Unidad de Desarrollo Democrático (UDD) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde Ignacio Ovalle, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2022, es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Sobre la empresa estatal Segalmex pesan denuncias e investigaciones penales de la Fiscalía General de la Republica (FGR) por un millonario desfalco, ejecutado entre 2019 y 2020, cuando Ovalle era director general, y cuantificado por especialistas de organizaciones civiles en 15 mil 308 millones de pesos (mdp).

En 2022, cuando eran integrantes del Consejo de la Judicatura, Carlos Antonio Alpízar y Alejandro Ríos Camarena fueron denunciados ante la FGR por presuntas ilegalidades durante su actuación como funcionarios judiciales, investigación que la FGR decidió archivar el 24 de febrero de ese año, cuando reportó no haber encontrado elementos para acreditar el delito y proceder en su contra.

En la denuncia del nueve de abril de 2024 se señala que, durante la gestión del ministro Zaldívar al frente de la SCJN y del CJF, se habrían ejercido presiones sobre magistrados, jueces y secretarios de juzgado para que tomaran resoluciones a modo, prometiéndoles a cambio puestos judiciales, públicos, políticos, o bienes materiales y dinero.

En otros casos se habrían ejecutado presuntas extorsiones bajo la amenaza de declararlos culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes en su contra o inventando otras. Se menciona el uso del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para presionar a abogados defensores de acusados para que actuaran sobre los trámites judiciales conforme se les indicaba.

Se denunció el uso del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECM), órgano que media entre empresas en proceso de quiebra con sus acreedores para que los representantes judiciales (síndicos) dieran determinado el sentido de los procedimientos a su cargo.

Hubo presiones sobre los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, incluidas presuntas amenazas de apertura de procesos penales y administrativos en su contra, cuando analizaban la validez constitucional de la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, impulsadas por AMLO. También, cuando estos jueces analizaban la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), ordenada por el Presidente en 2018.

Además, se produjeron amenazas contra el juez Adrián Fernando Novelo Pérez para exigirle que ya no emitiera resoluciones favorables ni concediera suspensiones (en amparos promovidos por ciudadanos y organizaciones civiles) contra las obras del Tren Maya.

Asimismo, se prefabricaron criterios para que jueces y juzgadores especializados en materia de telecomunicaciones resolvieran asuntos de esa materia en determinado sentido.

Corruptos y cínicos

El académico en derecho y litigante Rodolfo Martínez explicó a este semanario: “este gobierno se ha caracterizado por el cinismo y por hacer de manera descarada todo lo que decían, sin comprobar, que hacían los de antes, argumentando solamente una inexistente autoridad moral y la frase ‘no somos iguales’. Efectivamente, no son iguales, resultaron peores. Peores en corrupción, en desarrollo, en materia de salud, temas de justicia, educación. Peores en darle a la gente tranquilidad y paz social con efectivos cuerpos de seguridad pública, o en gasto público, como se debe”. Martínez también denunció que los casos de corrupción durante el actual gobierno difícilmente podrán ser sancionados o detenerse si en la próxima administración federal permanecen políticas similares.

“De seguir igual –apuntó– cualquier investigación interesada en sancionar estos eventos de corrupción fomentados por simpatizantes de la “Cuarta Transformación”, incluyendo a Arturo Zaldívar, sin duda no verá una culminación sancionadora. Esperaría, como mexicano, que se procese a todas estas personas, y se mande una señal muy clara de que no pueden estarse anteponiendo los intereses y las conveniencias políticas más bajas, como las de Zaldívar, al irrestricto cumplimiento de la ley”, concluyó.