A nivel nacional, alrededor del 56 por ciento de los hogares carecen de acceso adecuado a infraestructura de transporte público.
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El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, propuso incorporar el delito de sumisión química al Código Penal del Distrito Federal, con penas que van de cinco a 17 años de cárcel.
Además, el legislador planteó una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, con el fin de que los locatarios ofrezcan a sus clientes dispositivos para detectar bebidas adulteradas.
Estas iniciativas surgen ante el incremento de casos en la capital, especialmente entre jóvenes, quienes han resultado víctimas de este delito.
Desde tribuna, el diputado ecologista presentó dos propuestas legislativas: la primera busca sancionar con penas de cinco a 17 años de prisión y multas de cuatro mil a 15 mil días de salario a quienes posean, entreguen u ofrezcan bebidas adulteradas, con el propósito de afectar la integridad, la seguridad o incluso la vida de otra persona.
La segunda propuesta reforma la Ley de Establecimientos Mercantiles para que los negocios brinden detectores como la pulsera “Centinela”, capaz de identificar más de 22 sustancias peligrosas, entre ellas ketamina, LSD, GHB y anfetaminas.
El legislador explicó que, en caso de malestar, basta con aplicar una gota de la bebida sobre la pulsera. Si el color cambia, el código QR permite solicitar ayuda de inmediato y enviar la ubicación en tiempo real a contactos de confianza.
La iniciativa contempla sanciones ejemplares para los establecimientos donde se detecten bebidas alteradas. Estas medidas incluyen multas, clausuras y revocación del permiso para vender alcohol en casos de reincidencia.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera