La economía mexicana avanzó a un ritmo mínimo en 2025, afectada por la caída en la inversión pública y privada, la debilidad industrial y la incertidumbre derivada de reformas internas.
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Para atender los impactos del cambio climático y la creciente crisis de agua potable, el sureste de México necesita una inversión adicional de al menos 17 mil millones de pesos en los próximos cinco años, según el estudio denominado “Retos y Oportunidades para la Seguridad Hídrica en el sureste de México: Chiapas, Tabasco y Veracruz”, elaborado por especialistas de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO y el Consejo Consultivo del Agua.
Asimismo, el estudio reveló que se deben mejorar los sistemas de alerta temprana para actuar en caso de inundaciones, actualizar y cumplir con los ordenamientos ecológicos y territoriales para evitar la ocupación de zonas inundables, y revisar las tarifas en los organismos operadores para reflejar los costos reales de la provisión del servicio.
También, aseguraron los especialistas que es fundamental fortalecer los sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para asegurar que las inversiones lleguen a su destino en beneficio de toda la población.
Al respecto, Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló que se requiere incrementar en un 30 por ciento la inversión en infraestructura en las zonas rurales, con el objetivo de reducir las disparidades con las áreas urbanas.
Además, destacó la importancia de la región conformada por Veracruz, Chiapas y Tabasco, considerada una de las más abundantes en términos hídricos y de biodiversidad en el país, cuya región alberga más de 30 ecosistemas, los tres ríos más caudalosos de México, y en ella habitan 16 millones de personas.
Agregó que factores como la variabilidad climática, la deforestación y el cambio de uso de suelo impulsado por el crecimiento poblacional desordenado, el desarrollo industrial y la agricultura extensiva, así como la falta de infraestructura adecuada para el manejo del agua, han causado problemas de escasez, contaminación y acceso desigual al recurso.
La región enfrenta altos riesgos hidrometeorológicos, como inundaciones, sequías y erosión del suelo, debido a la falta de planificación e infraestructura adecuada, lo que compromete la seguridad hídrica. Para abordar estos desafíos, el documento propone orientaciones basadas en los cuatro pilares de la seguridad hídrica, que buscan garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad adecuadas para las personas, los ecosistemas y las actividades productivas, además de asegurar la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático.
Por su parte, Fernando J. González Villarreal, coordinador técnico de la Red del Agua UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, recordó que “desde el primer Plan Nacional Hídrico de 1975 se identificó una alta concentración de la infraestructura hidráulica y de las inversiones en agua y saneamiento en el Centro y Norte de México, dejando rezagado al sureste”.
Finalmente, los especialistas identificaron que la falta de reconocimiento jurídico a las organizaciones comunitarias, la desactualización de las leyes locales, las escasas capacidades técnicas de las instituciones regionales y los bajos niveles de inversión en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura han derivado en niveles de servicio de agua y saneamiento hasta casi un 5 por ciento por debajo del promedio nacional.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera