Los tramos 5 y 7 del Tren Maya continúan su construcción, a pesar de una serie de manifestaciones, demandas y una suspensión judicial por los estragos que ha provocado en diversas comunidades, que incluyen la tala y deforestación de la selva; además de contaminación y vulneración de los pueblos indígenas.

Han pasado cuatro años y medio, en 2020, desde que un juez dictó la primera suspensión de la construcción del tramo 7, ubicado entre los estados de Campeche y Quintana Roo, por no haber sido consultados conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. 

Romel Gonzáles Díaz, miembro del Consejo Regional Indígena, dijo a Animal Político que dicha demanda demostró que “el Poder Ejecutivo, representado por López Obrador, está violando los derechos de los pueblos”, al no consultarles acerca de los cambios que traería la obra, de la misma manera que no cumplieron sus demandas posteriores y la falta de certeza sobre el futuro de la región.

Además, el pasado 12 de julio trabajadores del tramo 5 del Tren Maya bloquearon la carretera 307, en las inmediaciones de Puerto Aventuras, ya que exigen energía eléctrica y agua en sus campamentos, al igual que mejores condiciones de trabajo. Aparte de las demandas de los empleados, este segmento enfrenta dos nuevas suspensiones judiciales que dictan detener por completo las obras que van de Playa del Carmen a Tulum por los daños que ha causado la obra a cenotes, cavernas y ríos subterráneos.

Daño ambiental

Cabe recordar que la organización Greenpeace se pronunció al respecto antes de que iniciaran la construcción y después de haber comenzado, en 2023, pues la tala desmedida de árboles ha sumado más de 10 millones de ejemplares. 

“El ruido continuo y la contaminación provocada por la construcción también están afectando las rutas de la vida silvestre y amenazan con desplazar a una de las poblaciones de jaguares más importantes de Centroamérica”, declaró la organización ambientalista en julio de 2023.

A dicha organización se sumó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que dio a conocer que la construcción de esta obra emblemática de la 4T implica la deforestación de dos mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas, además del desabasto de agua en Calakmul, así como la pérdida de hábitat, atropellamiento y bloqueos de la fauna local.

Por su parte, Sélvame del Tren es otro de los movimientos más activos que han denunciado parte del impacto ambiental que ha tenido la obra, enfocándose en el Tramo 5. Por medio de redes sociales se han dedicado a exponer el daño ambiental que ha causado la perforación de las cuevas, como la contaminación del manto acuífero por el relleno de cemento que se filtra de la superficie.

 Finalmente, en la Manifestación de Impacto Ambiental de esta obra destacó el peligro de inundaciones en época de lluvia y advirtió de estructuras kársticas que pueden generar hundimientos; tal y como sucedió el pasado 9 de julio, que las inundaciones de Bacalar, Quintana Roo, alcanzaron las vías del Tren Maya.